Legisladores del Frente Amplio proponen analizar los alcances del decreto que prohíbe corte de rutas
Legisladores del Frente Amplio proponen que la bancada parlamentaria de la coalición de izquierda y la Mesa Política analicen los alcances del decreto presidencial, por el cual se habilita el desalojo de los cortes o piquetes de calles, rutas y caminos sin previa autorización de la Justicia.
El decreto del Poder Ejecutivo establece que el Ministerio del Interior dispondrá de medidas para “preservar el uso público de calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos”.
Para ello, la Secretaría de Estado deberá comunicar la intervención a la Justicia en forma inmediata a la actuación. Es decir, no es necesaria la previa comunicación al Poder Judicial.
El alcance de la medida ha generado ciertos reparos entre los parlamentarios de la izquierda.
En tal sentido, el diputado Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo) consideró que se “criminaliza la protesta sindical y se habilita a que la Policía pueda limitar el desarrollo de medidas de lucha”, según informó radio Uruguay.
Puig propone que la Mesa Política Nacional del Frente Amplio convoque a integrantes del Poder Ejecutivo para que expliquen los motivos que llevaron a la firma del decreto.
Asimismo, el diputado Gerardo Núñez (Partido Comunista) planteará que el tema sea analizado por la bancada de legisladores del Frente Amplio, y que los ministros Eduardo Bonomi (Interior) y Ernesto Murro (Trabajo) expliquen el alcance de la medida.
Respaldo
Desde el Gobierno el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que no es automático el desalojo, sino que se negocia.
Expresó que ya existe un decreto que trata de impedir que se corten las rutas o el ingreso desde la calle a lugares de producción.
El nuevo decreto no quiere significar represión indiscriminada. “La Policía va a preguntar por qué se hace determinada cosa y de acurdo con eso se ve”, dijo.
Admitió que ha generado diferencias dentro del partido de Gobierno.
Por su lado, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, aseguró que no es una medida contra el movimiento sindical ni contra trabajadores, sino que fue motivada por “luchas entre empresarios que van a generar que se estropee la economía del país”.
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