Comisión Permanente instó al gobierno a otorgar mayores recursos para la ciencia y la tecnología

La sesión de interpelación comenzó a la hora 18.15 y tuvo una duración de cinco horas. La moción que salió favorable fue propuesta por Iván Posada del Partido Independiente (PI), y por Luis Leglise del Partido Nacional.

El segundo punto del planteo fue respaldado por 8 votos en 11, luego de una rectificación, con el respaldo de colorados, nacionalistas, el PI, y los encuentristas Carlos Baráibar y Víctor Rossi.

Por el mismo, se establece que «el Banco Central debe examinar en el marco de lo establecido por la Ley Nº 16.713 la instrumentación de un mecanismo que permita transferir al fideicomiso financiero, compañía administradora de recuperación de activos, administradoras de fondos de inversión S.A, aquellos créditos pertenecientes a los fondos de recuperación de patrimonios bancarios previstos por el artículo 24 de la referida ley, cuyos titulares también lo sean del fideicomiso mencionado».

Lo hicieron en contra los socialistas Manuel Núñez y Guillermo Alvarez, y Enrique Rubio de la VA.

La bancada del EP-FA no quedó convencida de las explicaciones del ministro Alfie y procuró infructuosamente su propia resolución.

Reclamó un seguimiento del Parlamento sobre las carteras de familias y empresas afectadas en la tercerización de los fondos de recuperación, lo que no prosperó al salir negativa 5 votos en 11, con los votos a favor del Encuentro Progresista y la oposición del Partido Colorado, Partido Nacional, y el PI.

Para el forista Walter Venner esta medida «tendría un costo muy grande, y habría que crear un nuevo impuesto,» y lo que se busca es que «los bancos no cobren nada».

Desde el EP-FA, Rossi ironizó que se le pedirá al Partido Colorado que lo haga que «en eso ha demostrado estar especializado».

Las más de veintes preguntas de los legisladores encuentristas Rubio y Alvarez estuvieron dirigidas a conocer las razones del atraso en la entrega de recursos destinados a los diferentes programas de ciencia y tecnología, y por otra parte, al proceso de tercerización de fondos de recuperación del patrimonio bancario, lo que podría determinar importantes ganancias para una empresa multinacional.

Alfie compareció ante el Parlamento acompañado por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davriuex, el presidente del Banco Central del Uruguay, Julio De Brun, el vicepresidente Miguel Vieytes, y Andrés Pieroni (director).

En tanto, Rubio expresó que «quizás no hayamos entendido que el mundo está en la economía del conocimiento y de que los científicos y técnicos que con un gran esfuerzo social educamos en nuestro país y financiamos, son requeridos por el mundo, porque hay una disputa mundial por los recursos humanos capacitados en investigación científica y tecnológica, y en capacidad de innovación».

El parlamentario relató que durante todo el año 2003 se efectuaron diferentes gestiones ante el Ministerio de Educación y Cultura y Economía y Finanzas, «para ver si se podría solucionar el enorme atraso y la incertidumbre profunda que hay en toda la comunidad científica y académica sobre con qué recursos se cuenta y sobre si se van a cumplir o no los compromisos asumidos en materia presupuestal».

También aludió a los Memorándum presentados por las diferentes organizaciones que se desencuelven en este ámbito en el país.

Rubio reveló que incluso el propio ministro de Educación y Cultura le remitió una carta al secretario de Estado pidiendo recursos. «Fueron cartas al ministro, es un estilo epistolar de gobierno».

«Lo cierto es que conseguimos algo así como U$S 100 mil después de tanto esfuerzo, y ahora en el mes de enero han llegado $ 2 millones y un poco más», señaló.

Para el parlamentario, «por diferentes motivos nuestra comunidad científica y académica y de investigadores ha tenido un verdadero destrato».

«Esto no puede seguir así», sostuvo, aludiendo al Fondo Clemente Estable y luego a otros emprendimientos.

Según el senador de la VA esta situación tuvo como consecuencia la inmigración de muchos especialistas y ha significado «el reparto de la penuria», recordando que fue una de las banderas levantadas por Batlle en su campaña electoral.

«Gente impactada»

Sobre el proceso de tercerización de fondos de recuperación del patrimonio bancario en los Bancos Comercial, Caja Obrera, y del Banco Montevideo, Banco de Crédito, Rubio estimó que es un asunto que alcanza a «mucha gente que son deudores, los más de 40.000 créditos de familia deudoras que pueden ser impactada por estas decisiones».

«La inmensa mayoría de estos préstamos que fueron a empresas y familias, son pequeños deudores», especificando que el 90% de estos créditos son de cifras menores a los U$S 15.000.

Según el conocimiento previo del pliego, Rubio alertó que «la cuarta parte de estas carteras pasaría a la gestión de una empresa multinacional financiera», postura a la cual se opone el Encuentro Progresista.

Asimismo, este tema involucra a 20.000 créditos de empresas.

Rubio expresó que «unos 600 endeudados por más de U$S 100.000 representan la mitad del endeudamiento, frente al horizonte de los otros 59.000 personas».

«Es un tema a resolver entre uruguayos, de la manera menos costosa para la economía nacional, para el aparato productivo, para las familias endeudadas, para el sistema financiero público y privado, y para los ahorristas», agregó, que involucra a todos los sectores….

El senador del VA dijo que «no queremos situaciones irreversibles» luego de este llamado del BCU y luego se adjudica, «se provoca una crisis, y entonces nosotros somos los frívolos de la película. No estamos dispuestos a consentir que sin debate se resuelvan algunos temas que son relevantes, que afectan mucha gente».

A su entender, se trata de un universo de «una masa acumulada de U$S 3.000 millones».

El miembro interpelante afirmó que «en la carrera por el cobro va a ganar la empresa multinaciona, trasnacional que resulte adjudicataria. Hay garantías cruzadas, de productores rurales, de los 5000 de los 20.000, si tiene garantía por un lado y por otro, en la carrera, va a pagar la gente, el aparato productivo».

Se mostró partidario de designar «una institución especializada, profesional, que tome criterios de orden de política económicas. Que contemple situaciones diferenciadas y que tenga transparencia, que estén los actores por algún lado».

Enfatizó que «le estamos haciendo los mandados al FMI en lo que acordamos con el FMI. El problema es que hay muchos uruguayos que pueden ser impactados por esta decisión».

Abogó por conocer el Pliego definitivo para participar transferencia de estos, y preguntó cómo puede repercutir en los deudores, cuál es el manual de recuperación de acuerdo la empresa privada que viene por las comisiones son las mismas que va a tener el BROU en sus clientes en su carrera de fideicomiso.

Su temor es por «los uruguayos que puedan quedar por el tendal en el camino».

También calificó de «un poco sorprendente, esto de haber manejado que las empresas adjudicatarias deban poseer una cartera por U$S 300 millones anuales» .

La ocasión del debate también dio lugar a que Rubio le recriminara «las declaraciones infelices que ha dicho en un reportaje en el semanario Búsqueda, que las propuestas del EP estaban en contra de la naturaleza humana. La letra y la tinta queda. Esta fuerza política ha dado prueba de lo que es la sensibilidad social».

El socialista Guillermo Alvarez volvió a insistir sobre la contradicción que se logra entre esta solución y el fideicomiso en el BROU.

Añadió que hay un enorme porcentaje de deudores familiar
es, de préstamos sociales, y que un porcentaje importante de esas familias también están dentro del fideicomiso del BROU. «¿Le van a rematar la casa? ¿qué van a ser? A la empresa multinacional eso no le va a interesar» porque busca «el cobro de comisiones, cifra usuraria, brutal. Lo vamos a pagar todos, incluso, los que nunca pisaron un banco», señaló.

Nuevo inquilino

El Ministro de Economía y Finanzas, Isaac Alfie, y el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Julio De Brun reivindicaron la decisión de tercerizar la gestión de los fondos de recuperación del patrimonio de los ex bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera por entender que de lo contrario deberían instalar nuevos impuestos.

Asimismo, descartaron de plano la posibilidad de llevar adelante remates a «diestra y siniestra».

Alfie, quien realizó su exposición por espacio de una hora ante la Comisión Permanente, se refirió a la propuesta de adjudicar la gestión de los fondos de recuperación de los tres bancos liquidados y la fusión del cobro de las carteras de tales entidades financieras.

Resaltó la «legalidad del procedimiento» en cuanto a la recuperación de los fondos de recuperación del patrimonio bancario, y estableció que la mejor gestión de la cobranza, «no se maximiza con ejecuciones masivas lo que, además, los administradores de carteras lo saben».

Aclaró que el total de deudores de los fondos de recuperación de los tres bancos son 53.617, de los cuales existen 1.023 deudores comunes con el fideicomiso del Brou que son 10.149. Además, señaló que el costo de funcionamiento del Fondo es de U$S 10 millones.

Destacó que las condiciones del pliego establecen «una cantidad de requisitos de transparencia y de criterios de cómo se hace la liquidación y el recupero», y agregó que tiene la «plena certeza de que las empresas precalificadas son especializadas en el mundo y que no se han dedicado a hacer remates a diestra y siniestra porque saben perfectamente cuando se cobra y cuando no».

Alfie entiende que la práctica demuestra que ante la cobranza efectiva de las deudas rápidamente «es cuando menos se pierde el capital de la sociedad, porque cuando se demora en cobrar el capital es cuando más se pierde».

Reconoció que el Estado uruguayo «es acreedor de los fondos», y aseguró que si no se cobra ese dinero el gobierno tendrá que instaurar «nuevos impuestos para suplir ese capital que se necesita».

«Todos estamos en favor de los ahorrístas porque queremos que recuperen sus acreencias, también tenemos cierta sensibilidad ante determinadas situaciones de los deudores quienes en algún momento retiraron sus dineros y si no recuperamos esto sentiría que los cuotapartistas son ciudadanos de segunda», comparó.

Señaló que no estaba de acuerdo con el senador Rubio, quien se refirió a un sistema alternativo al fideicomiso más allá que hizo referencia a un megafideicomiso, «porque no hay tanto deudores en conjunto y porque el Brou tiene la primera garantía en términos generales. Agregó que Banco República «normalmente tiene la primera hipoteca de los bienes y, por tanto, la mejor garantía».

En cuanto a las interrogantes que formuló el EP-FA sobre el Banco República, el secretario de Estado recomendó que las realizaran a través de un pedido de informes porque no se atrevía a «decir cosas que por falta de precisión induzcan a errores».

Sin embargo, consideró que podía responder que «no es bueno tener un banco al borde de su capitalización», y consideró que la idea de cobrar es la de «evitar que la población ponga de nuevo capital en el Brou lo que ya pusimos todos a través de impuestos».

Entre las preguntas en las que reconoció no estaba en «condiciones de responder» estaba el plan del banco y sueldos de funcionarios jerárquicos y si estaban incluidos o no determinados deudores.

En ese momento, el diputado socialista Guillermo Alvarez indicó que los legisladores de izquierda pretenden que el Brou «cobre, porque no se trata de buscar que los créditos de hace diez años, y que nunca se han cobrado, sigan sin poder cobrarse». Pero añadió que dudaba acerca de que algunas de las empresas que pasaron al fideicomiso «tengan algo para cobrar, porque esas son las carteras castigadas».

Estimó que el Parlamento debiera saber «cuál es el plan del Brou, porque en la situación que está el país se necesitan consensos».

A su turno, el presidente del BCU, Julio De Brun se refirió a la necesidad de «buscar una solución» y cuestionó ciertos pasajes de la alocución del senador Rubio.

«Me llama la atención, y no puedo atribuirlo más que a las características ornamentales de algunos de los fragmentos del discurso del legislador, respecto a la alusión a mandados al Fondo Monetario Internacional (FMI) y negocios del BCU en cuanto a privatización».

Ante lo cual añadió que todo el procedimiento «se ha caracterizado por la transparencia», y enfatizó que «no se le han hecho mandados al FMI». Asimismo, descartó de plano que se trate de «un negocio de privatización, porque se trata simplemente de ejercer las potestades para una tarea que tiene el BCU que por ley le es propia y que también le habilita a tener la colaboración de un tercero».

Señaló que gran parte de los deudores entre el fideicomiso y los demás fondos son comunes y, por tanto, «hay un problema común e intereses comunes en la recuperación de los activos».

De Brum reconoció que se trata de un procedimiento «nuevo» por los aspectos que indujeron. Añadió que si el equipo económico de gobierno hubiese querido «cobrar a diestra y siniestra no se hubiera llamado a firmas internacionales que administren grandes volúmenes de activos para llevar adelante este trabajo, si se hubiera pretendido ejecutar a los deudores de los fondos lisa y llanamente se habría distribuido las carteras entre estudios jurídicos para realizar la gestión de la cobranza y el efecto sería otro».

Sobre las consecuencias que tendrá este sistema, el ministro Alfie manifestó que «también es cierto que algún propietario pasará a ser inquilino como dijo el senador Heber».

«No quiero decir que no va a haber ningún remate porque no es cierto. No puedo mentir», enfatizó.

Inversión en investigación

Por otra parte, Alfie se refirió otro de los temas por los cuales fue convocado el equipo económico de gobierno referido al atraso en la entrega de los fondos para investigación científica y tecnológica.

Si bien el secretario de Estado no aclaró cuánto será el monto total que se destinará, para investigación, de todas maneras aclaró que su secretaría de Estado no asigna los fondos a los distintos programas».

En tal sentido, aseguró que el Ministerio de Educación y Cultura dispone, en términos generales, más allá de los sueldos, suministros y fondos de libre disponibilidad «cerca de 14 millones de pesos para gastar mensualmente a parte de los gastos de fijos».

Dijo que como consecuencia de la pasada crisis financiera «todos los rubros del Estado experimentaron recortes, incluidos los destinados para la investigación», y resaltó que «los todos los créditos dispuestos para los programas se cumplieron».

En tanto, el senador Luis Alberto Heber (Herrerismo) quien también se mostró preocupado por la situación, indicó que «si bien el Ministerio paga en pesos, los gastos en ciencia y tecnología son en dólares». Evaluó que deberían realizarse mayores esfuerzos para destinar más recursos a la investigación donde hay un claro «retroceso» y porque se trata de «un área prioritaria para el Estado. *