Ni la Corte Electoral ni el Ministerio del Interior hacen "todos los aportes al BPS"

Concretamente el Ministerio del Interior que no vierte la cuotaparte destinada correspondiente al servicio 222, la Corte Electoral que está omisa en pagar las partidas vinculadas a las horas extra que realizan sus funcionarios, además del Ministerio de Cultura, que no vierte tampoco lo correspondiente a los pagos de «cachet»

De acuerdo a fuentes inobjetables, vinculadas con el Tribunal de Cuentas, se habría detectado esa anomalía en el Ministerio del Interior, la que determina una cuantiosa deuda con el organismo de previsión, situación que por el monto y la extensión en el tiempo de la anomalía constatada, determina un antecedente que el fiscal Fernández Dovat, obviamente, no tuvo en cuenta para dictar su resolución.

Además se menciona como otra repartición que ha violado lo establecido por el ordenamiento tributario en vigencia, a la Corte Electoral, que tampoco paga al BPS la cuotaparte correspondiente de las horas extra que realizan sus funcionarios en razón de tareas extraordinarias, como el recuento de firmas o la preparación de actos comiciales.

Al entender el fiscal que Martín cometió ese delito al pagar con viáticos las horas extra de los inspectores de tránsito, evadiendo así el 50% de los aportes al Banco de Previsión Social (BPS), estaría sentando un precedente que perfectamente podría aplicarse a los jerarcas responsables del Ministerio del Interior y de la Corte Electoral.

Sin embargo en el caso concreto de Martín, este quedaría relevado de toda sanción legal, por no ser ordenador del gasto ni tener ninguna responsabilidad en ninguno de los hechos denunciados por el edil colorado.

De acuerdo a lo sabido por LA REPUBLICA al respecto existen diversas observaciones del Tribunal de Cuentas dirigidas al Ministerio del Interior, señalando la irregularidad cometida con el llamado servicio 222, lo que difiere en el caso de la situación planteada en la IMM, sobre la que no existe ninguna observación del organismo de contralor.

Ayer, hablando para LA REPUBLICA, el intendente Mariano Arana, indicó estar «sorprendido» por el hecho en que se responsabiliza al director de Tránsito.

El fiscal Eduardo Fernández Dovat solicitó el encausamiento del jerarca por el delito de defraudación tributaria, Arana dijo que su municipio actuó como lo ha hecho siempre: «Durante años se ha hecho de esa manera, con los controles del Tribunal de Cuentas, que jamás hizo ninguna observación».

Arana sostuvo que se enteró de la noticia del pedido de procesamiento de Martín «por la prensa» y recordó que, por este tema, se presentó un recurso ante el BPS. Según las autoridades comunales, el organismo previsional todavía no respondió.

De acuerdo a lo trascendido existen observaciones del Tribunal de Cuentas sobre diversas anomalias que se concretan en varias dependencias de la administración pública que deberían revertirse pues son claramente violatorias del ordenamiento tributario.

«Un blanqueo de todas estas situaciones, y un acatamiento de la ley de parte de esas dependencias oficiales, las que violan disposiciones tributarias, es algo necesario para el buen funcionamiento de la administración pública -dijeron las fuentes- que estiman y descuentan que el fiscal Fernández Dovat investigará de oficio los nuevos hechos denunciados y adoptará las medidas correspondientes. *