"Terrorismo de Estado"

«Creo que hay cosas en todos los ámbitos, en las que mantener reserva es parte importante de la propia naturaleza para conservar los equilibrios respectivos en los ámbitos del Estado, las empresas y la propia familia. No todo lo que ocurre en su casa usted es capaz de publicitarlo, ni tampoco lo que ocurre en la casa de (la periodista de Brecha, María) Urruzola o en mi casa. Es parte de un derecho que tenemos, y hay valores que se juegan a veces en el ámbito del Estado y que debemos preservar», dijo ayer Stirling al explicar su proceder en el caso Rivero. «¿Por qué cuando cesamos a Rivero no hicimos este tipo de aclaraciones? No lo hicimos exclusivamente porque cuando tomamos conocimiento de lo que contenía el escrito presentado por la Brigada de Narcóticos en Maldonado, la expresión que tuve fue: qué barbaridad».

Según indicó, «en ese escrito se pedía que se investigaran sistemas financieros, el estudio de De Posadas, se calificaba al señor Arbilla como el principal articulador del lavado de dinero de la droga. A continuación preguntamos qué elementos tenían las autoridades que presentaron ese escrito. La barbaridad es que el escrito era absolutamente desnudo, sin ningún elemento que nos permitiera vincular nada de lo que acontece en el mundo de la droga, los lavados y los carteles que pudieran involucrar a sistemas financieros, ni al estudio ni a Arbilla». «Eran suposiciones», añadió, y dijo conocer desde hace años al escribano del director de Búsqueda, Javier Mario Morassi.

Dijo que en el escrito «se pedía que se investigara no aportándose ningún elemento ni dándose un solo documento ni ningún indicio más allá del absurdo de que Arbilla había vendido una casa a una sociedad anónima». En ese sentido, sostuvo que «hay un error cometido por Urruzola, al decir que estaba integrada por Di Tulio». «Cuando tomamos conocimiento de que este documento estaba en manos de la justicia le preguntamos a Rivero: ¿Qué elementos hay? ¿Cuáles son las pruebas para haber generado un acontecimiento grave hasta desde el punto de vista institucional, porque aquí está la responsabilidad del propio Estado?»

Stirling explicó que Rivero le respondió que eran «informaciones reservadas de la DEA». «Fantástico, ¿pero dónde están las pruebas? ¿Qué vamos a volcar en el Juzgado para avalar lo que se pretende saber? Nada. En ese momento tuve la percepción de que lo que en otras tristes circunstancias se denomina terrorismo de Estado, algo parecido estábamos generando desde la propia administración».

Stirling resaltó la «actitud indefensa que debían tener el sistema financiero, un estudio de jerarquía y una persona del mundo periodístico, por la simple iniciativa de un señor en Maldonado que presenta un escrito diciendo que se tenía que investigar porque este señor (Arbilla) es el principal representante del lavado de dinero. Como expresión de lo que decía, vincula la venta de una casa a una sociedad anónima, como si eso fuera el delito». En relación a esto, Stirling indicó que la casa en cuestión «estuvo a la venta en cuatro inmobiliarias, costó venderse, se vendió a plazos y la última cuota fue cobrada mediante una gestión judicial». «Me pareció horrible lo que nosotros estábamos propiciando y que eso pudiera llegar a afectar la propia imagen del Estado».

De todas formas, Stirling remarcó que «si Rivero o cualquier integrante de la Brigada de Narcóticos tiene algún elemento de prueba que avale el pedido de investigación, está autorizado a exhibirlo en cualquier lugar».

«No más daños»

También se ha dicho que esto operó para poder cortar una investigación, sepultar una denuncia judicial y que quedara en el olvido. Efectivamente, nosotros quisimos que esta barbaridad administrativa no siguiera generando más daños de los que ya generó», observó el ministro. «¿Por qué no lo dijimos en el momento en que cesamos a Rivero? El determinante fue la denuncia que Arbilla efectuó personalmente y luego ratificó por escrito respecto a que había recibido amenazas de Rivero». Destacando que fueron confirmadas tanto la llamada telefónica realizada por Rivero como sus expresiones hacia Arbilla. Afirmó que «es un acto muy grave por parte del jerarca policial», lo cual motivó su cese.

«¿Qué opinión tengo de Rivero? Lo dije cuando cesó: tengo una opinión personal y profesional buena, que fueron las razones que me llevaron a designarlo. Estas opiniones de su profesionalidad y su persona para nada se compadecen de la última gestión, porque él fue sancionado con 20 días de arresto por motivo de la investigación administrativa que llevó a cabo Borrelli, de la misma manera que fue sancionado el director de la Brigada de Maldonado y disuelta la misma. Señaló que esa Brigada «fue disuelta por ser insuficiente y no dar respuesta a la distribución de drogas». «Hay campo abierto en escuelas, liceos y locales nocturnos porque la Brigada no había incidido. Es cierto que no tenían personal suficiente, pero tampoco dieron ninguna señal para generar una política de prevención o represión en el tema droga».

A su criterio, a nivel del Ministerio del Interior «nunca había ocurrido un hecho tan grave: hacer una denuncia ante un Juzgado sin conocimiento del ministro ni del subsecretario, sin aportar ninguna prueba y dejándolo a la conjetura». Dijo que «hay explicaciones que por el propio respeto que siento por Rivero, no puedo comentar». «Debemos ser absolutamente transparentes, los comunicadores no pueden quedarse con ninguna interrogante. En este hecho me vi como el administrador de pérdidas generadas por un órgano del Estado, que en representación del mismo estaba volcando el manto de la sospecha de una actividad repugnante y repudiable a instituciones financieras, estudios jurídicos y a un periodista sin pruebas».

Stirling dijo que «en el primer escrito hace referencia a Ortega –se supone que puede ser Palito–, a un hermano de Omar Gutiérrez. En la medida que uno iba leyendo ese escrito judicial, medía la magnitud de la barbaridad que se estaba cometiendo. Si todo eso fuera posible, avalado con pruebas, indicios y algún elemento que pudiera servir como elemento investigativo… Pero no. Todo se refería a investigaciones confidenciales que daban la DEA y Aduanas de Estados Unidos y que no podían ser volcadas en el ámbito judicial. Eso es terrorismo de Estado, sólo puede ocurrir en un país donde los mecanismos de protección a los derechos de quienes vivimos en él no funcionen». «Rivero se hizo responsable. No firmó el escrito, lo firmó el jefe de la Brigada de Maldonado». «Hay consideraciones muy legítimas, hasta que ese funcionario honrado comete un error de la magnitud que cometió». Stirling dijo que se tomaron «medidas administrativas en cuanto a disponer que cualquier denuncia ante cualquier estrado judicial previamente debe ser conocida por el ministro. Acá hubo una decisión inconsulta y absolutamente personal de un jerarca que presentó en el juzgado una bomba sin ningún tipo de precaución para que explotara en el campo de los enemigos o en el campo de los inocentes. Esto es lo más grave de todo».

Según manifestó, «el manto de dudas en el ámbito judicial se generó irresponsablemente, y yo no podía estar sometiendo al escarnio público a un reconocido periodista que hoy debe empezar a dar explicaciones a partir de un acto de irresponsabilidad. No sé cómo va a responder el estudio de (el ex senador herrerista Ignacio) De Posadas o el sistema financiero ante un acto de irresponsabilidad que viene del Estado». Resaltó que «hace dos semanas estuvieron fiscales americanos vinculados a la droga dando cursos respecto a este tema en el Banco Central y otros medios, y cuando el subsecre
tario Borrelli les preguntó si tenían algún conocimiento del Cártel de Juárez, les dijeron que no tenían la más mínima idea de que pudieran tener alguna actividad o estar operando en este país. Los propios jerarcas de la DEA están aventando todo tipo de vinculación».