Pesqueros denunciados mundialmente se refugian en el puerto de Montevideo

Por lo menos 17 barcos con bandera uruguaya o que operan en el puerto de Montevideo son acusados mundialmente de realizar pescas ilegales de merluza negra a las órdenes de un par de mafias internacionales de pesca pirata con sede en España, Chile y Rusia, de acuerdo a organismos internacionales.

El sistema de información para consulta de buques que operan en Montevideo, según los registros de la Administración Nacional de Puertos (ANP), permite confirmar que varios de estos pesqueros están autorizados a usufructuar los servicios portuarios uruguayos pese a sus antecedentes internacionales.

Desde el año 1996, cuando la hoy Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) comenzó a otorgar permisos de pesca de ultramar, se han sucedido los incidentes en los que pesqueros con bandera uruguaya o pertenecientes a empresas asentadas en Montevideo aparecieron como responsables.

Desde casos como el protagonizado por el «Arvisa I» y el «Dorita», que fingieron su identidad en alta mar, hasta los recientes abordajes del «Viarsa I» y el «Maya V», ambos detenidos hoy en el puerto australiano de Fremantle, evidencian que el pabellón uruguayo es utilizado como bandera de conveniencia de los piratas.

Recién cuatro años después de asumir la dirección de Dinara, el capitán de navío (r) Yamandú Flangini, decidió quitar los permisos de pesca a seis de los barcos que protagonizaron incidentes (Atlantic 52, Dorita, Eclipse 11, Lugalpesca, Mar de Escocia y Sherpa Uno) y promovió la expulsión de la empresa Navalmar SA.

 

El delito sin ningún contralor

Sin embargo, las actividades piratas continuarían en la medida en que no se reglamente correctamente y se coordine una serie de actividades que aparecen dispersas pero permiten que se practique un «lobby» empresarial y político de personas vinculadas de una u otra forma a las pesquerías piratas.

En la actualidad, la concesión de la bandera nacional para los barcos corresponde a una oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, los contralores técnicos a la Prefectura Nacional Naval (PNN) de la Armada, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y los permisos de pesca los otorga la Dinara, que pertenece al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). A la vez no hay controles sobre las sociedades anónimas que operan desde el puerto de Montevideo o desde una oficina de la Ciudad Vieja. La empresa Navalmar SA, que dirige el ingeniero Luis Pazos, opera con subsidiarias en Panamá y Argentina, para cubrir su conexión con el grupo gallego Armadores Vidal SA. Desde mediados de los noventa, cuando se otorgó el primer permiso de pesca categoría «D» (que autoriza a operar en aguas internacionales sin volver a puerto uruguayo) a la empresa Naifen SA (protagonista del sonado «Caso Cangrejo Rojo»), el negocio de un grupo de empresarios ha deteriorado la imagen de Uruguay.

El redituable ejercicio pirata en torno al «oro blanco» (como denominan a la rentable merluza negra del Antártico), ha implicado la falsificación de documentos, la violación de señales satelitales, el uso de nombres falsos en los barcos o que se taparan su identificación entre otras acciones no menos delictivas.

Los sistemas de contralor de la flota pesquera no impiden que se incumplan las normas que obligan a que el 50 % de la tripulación sea uruguaya y otras recientes resoluciones han impedido que personal con años de experiencia no pueda actuar como observador, papel que cumple un grupo de novatos tras cursos de dos meses.

 

Un «lobby» económico y político

La responsabilidad ante un área que promete generar una crisis diplomática y económica recae, para diversas fuentes consultadas, en las autoridades, quienes se han demostrado incapaces de combatir la piratería o permeables a las presiones de quienes tienen un importante respaldo económico o fuertes influencias políticas.

En los muelles del puerto de Montevideo los nombres de quienes componen el «negociado» de la pesca uruguaya, sólo se mencionan bajo promesa de anonimato. Entre los sospechados se incluyen personalidades que han ocupado puestos de gobierno, están ligados a sectores políticos o han tenido rol de dirigentes partidarios.

En el escenario internacional, la diplomacia uruguaya salvó una condena de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (Ccrvma) cuando el grupo sesionó en diciembre último en Tasmania. La presión de Rusia (otro país acusado de piratería) impidió una sanción a Uruguay.

Las organizaciones ASOC (Comisión Antártica y del Océano Sur) y Colto (Asociación de Pescadores Legales de Merluza Negra) han difundido listas negras con barcos uruguayos piratas que han realizado actos delictivos o son sospechosos de violar las normas Indnr (pesca ilegal, no declarada y no reglamentada)

Las presiones internacionales podrían determinar que varios de los grandes países compradores de pescado (Estados Unidos y Japón en particular) resuelvan eliminar sus cuotas a las empresas uruguayas, como ya lo han solicitado países que realizan pescas controladas para evitar daños en la fauna ictícola.

La lista adjunta de barcos uruguayos o que operan en Montevideo, es una muestra de la imagen internacional que ha adquirido una flota pesquera que, sin control de las autoridades marítimas, realiza su «negociado» mientras un grupo de empresarios lustra sus garfios y el Parlamento amontona inconducentes pedidos de informes. *