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Acuerdan aplicar el Código del Proceso Penal para agilizar sentencias y separar los delitos más leves

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, junto a representantes de la oposición, de la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía de la Nación acordaron aplicar el Código del Proceso Penal y proceso abreviado para agilizar las aplicación de sentencias, separar los delitos más leves, la mediación extrajudicial y la ampliación del principio de oportunidades.

justiciaEste martes se realizó la tercera reunión sobre convivencia pacífica y seguridad en Torre Ejecutiva.

Participaron del encuentro, además de Vázquez, los legisladores del Frente Amplio, Daniela Payssé, Daniel Marsiglia y Orquídea Minetti; por el Partido Nacional Luis Alberto Heber, Javier García y Armando Casteindebat; por el Partido Colorado Germán Cardoso y José María Garchitorena, por el Partido Independiente Pablo Mieres, Iván Posada y Daniel Radío; de la Unión Popular Eduardo Rubio; Gonzalo Abella y Gustavo López y por la Concertación, Edgardo Novick y Jorge Barrera.

Por la Suprema Corte de Justicia asistieron Ricardo Pérez Manrique y María Elena Martínez y por la Fiscalía General de la Nación, Jorge Díaz, Patricia Marquisa y Adriana Sampayo.

En representación del Ministerio del Interior estuvieron Eduardo Bonomi, Jorge Vázquez y Charles Carrera,

Código del Proceso Penal

Vázquez informó que se acordó en forma unánime aplicar el Código del Proceso Penal en su totalidad, para lo que se incluirán, en la próxima Rendición de Cuentas, los recursos necesarios para que la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía de Corte lo hagan operativo a partir de 2017.

“Se acordó la aplicación del Código del Proceso Penal y proceso abreviado para agilizar las aplicación de sentencias, separar los delitos más leves, la mediación extrajudicial y la ampliación del principio de oportunidades”, remarcó el jefe de Estado.

De todos modos aclaró que “no será una tarea fácil porque se deberá disponer de más recursos humanos, económicos e  infraestructura, pero que se acordó un cronograma de trabajo”.

Explicó que se comenzará “aplicando parcialmente el Código”, agregó que los recursos económicos para ponerlo en marcha estarán disponibles a partir del 1º de enero de 2017, ni bien sea aprobada la próxima Rendición de Cuentas por el Parlamento. A partir de ese momento la Corte de Justicia SCJ y la Fiscalía tendrán seis meses comenzar.

Otro de los aspectos que se analizó durante la reunión es el referido a la puesta en práctica de un “proceso abreviado de la estructura procesal para agilizar las aplicación de sentencias, separar los delitos más leves para aliviar al Poder Judicial, la mediación extrajudicial y la ampliación del principio de oportunidades”. Sobre tales aspectos se continuará trabajando.

“Hemos tenido una reunión extremadamente productiva, altamente respetuosa y con acuerdos que son bien importantes en un tema que no es menor”, aseguró Vázquez.

Remarcó que en la próxima reunión se analizarán las libertades anticipadas, la situación de los reincidentes y el tratamiento del narcotráfico.

Fiscalía en condiciones de aplicar los proyectos del CPP

Por su parte, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que la Fiscalía General de la Nación “estaría en condiciones de aplicar las modificaciones a estos proyectos a partir del 1 de febrero del 2017”.

Se trata de cuatro proyectos: “Uno denominado de implementación parcial del Código del Proceso Penal que había sido remitido por el  Poder Ejecutivo al Parlamento en agosto del año pasado y aún está a estudio del Senado; otro sobre el proceso abreviado; uno referido a las salidas alternativas al conflicto que contiene los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba; y el cuarto sobre la ampliación del principio de oportunidades y el nuevo estatuto de los fiscales”.

Por su parte, el presidente de la Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, advirtió problemas y carencias básicas en el Poder Judicial, y en especial para aplicar el nuevo CPP.

“Nos parece fundamental señalar que la Suprema Corte de Justicia manifiesta su opinión y posición institucional favorable respecto de la necesidad de que el nuevo Código del Proceso Penal que instituye un proceso penal acusatorio oral se aplique de una buena vez en el Uruguay en su totalidad”, expresó Pérez Manrique.

Dijo que en la actualidad el Poder Judicial “no cuenta con recursos presupuestales para afrontar la puesta en vigencia del CPP el 1º de febrero de 2017”.

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