Proyecto sobre impuesto al cine puede ser aprobado en febrero

Sin embargo en estos días las exhibidoras y distribuidoras cinematográficas uruguayas realizaron intensas gestiones para evitar su aprobación. En ese sentido propusieron el pasado martes una propuesta alternativa que consiste en fijar una paramétrica cuyo porcentaje de impuesto varíe según el número de espectadores y la cantidad de pantallas existentes.

Los intentos para frenar el proyecto cultural de la Intendencia para crear un fondo audiovisual han sido frecuentes, bajo la fundamentación de que afecta el precio de las entradas al cine.

Primero fue la presencia ante la Junta Departamental de los agregados comerciales de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Comunidad Económica Europea que procuraron frenar la aprobación del proyecto de ley, argumentando de que se violaban las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ayer, el vicepresidente para Latinoamérica de la Motion Picture Association (MPA), Steve Solot, tenía la intención de mantener una entrevista con el director de Cultura de la Intendencia capitalina, Gonzalo Carámbula, preocupado por esta iniciativa, que más que afectar un reducido mercado uruguayo, sienta un precedente que puede ser adoptado por otros países. Sin embargo, Solot no pudo llegar a Uruguay por problemas en la compañía aérea y comunicó que su propuesta sería enviada por una empresa de distribución de correspondencia aérea.

Más allá de la ausencia del vicepresidente de Solot, las autoridades municipales se entrevistaron con el Centro Cinematográfico del Uruguay, gremial que nuclea a los exhibidores y distribuidores de películas a fin de plantear una propuesta específica en el tema.

El Centro argumentó que el impuesto a la entrada de cine coexistió históricamente con un nivel de asistencia elevado y cuando la asistencia disminuyó, también lo hizo el impuesto hasta que se exoneró por completo.

Argumentan que en el marco actual, «no es sustentable considerar un nuevo impuesto (los resultados negativos de la exhibición así lo confirman).»

La misma consiste en aplicar un impuesto de un 1%, cuando con la misma cantidad de pantallas existentes se alcancen los 2,5 millones de espectadores anuales. Advirtió que si el número de pantallas crece, proporcionalmente crecerá el mínimo de 2,5 millones de espectadores.

Al alcanzar los 2,8 millones de espectadores, el impuesto sería del 2%. A partir de los 3,1 millones el impuesto sería de 3%.

Por su parte, propone, con carácter de extraordinario, fijar a partir de marzo 2004 en $ 0,50 por entrada el impuesto a la entrada de cine. Este monto, en caso de llegarse a los 2,5 millones de espectadores será sustituido por el impuesto resultante por la aplicación del 1%.

Presiones desde el exterior

En cuanto a las presiones desde el exterior, lo cierto es que en México, cuando el gobierno de Fox aprobó una medida de similares características, unos días antes también se apersonaron autoridades de la MPA, procurando evitar iniciativas consideradas perjudiciales a los intereses de las productoras y distribuidoras cinematográficas.

En Montevideo, el proyecto ingresó a la Junta Departamental, tras un intento de enviarlo por parte de la Intendencia, pero el mismo debió quedar en suspenso a raíz de la presión ejercida por la opinión pública y de los empresarios del cine, que aseguraban que si se modificaba el porcentaje de exoneración, el precio de las entradas aumentaría $ 7.

A fines de octubre, el proyecto es enviado al legislativo comunal en cuyo ámbito se abrió un espacio de intercambio de opiniones y propuestas con los involucrados. Fue así que concurrieron las asociaciones de productores y actores cinematográficos que apoyaron la iniciativa, bajo el argumento que con el dinero recaudado se volcaría a un fondo audiovisual. También participaron los distribuidores y empresarios del Cine que discreparon con el proyecto entendiendo que esta disminución de la exoneración redundaría inevitablemente en un aumento en el precio de las entradas, con una consecuente retracción del público.

Solot pidió a través de una carta la suspensión del proyecto municipal para luego proponer una serie de propuestas alternativas al tema.

Sin embargo, el director de Cultura, Gonzalo Carámbula le respondió que no podía acceder a este pedido debido a que su aprobación o no del proyecto dependía exclusivamente de la Junta Departamental. *