La izquierda apuntó al ministro y los blancos a la presidenta del BHU

La bancada de diputados del Encuentro Progresista Frente Amplio (EP-FA) exige la renuncia inmediata del ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Saúl Irureta y su equipo, porque entre otras cosas no se dio respuesta al destino de los 140 millones de dólares «desviados del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), según el informe del Tribunal de Cuentas de la República». Por su lado, y tal como se había anunciado, el Herrerismo y Alianza Nacional también solicitaron al ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Saúl Irureta Saralegui, la renuncia de la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Graciela Pérez Montero, por «violación reiterada a la Constitución de la República y por incumplimiento de la Ley de Fortalecimiento del BHU y de las obligaciones del Plan Fénix».

El pasado jueves se llevó a cabo en la Cámara de Representantes la interpelación del Ministro Irureta, pero la rama baja no llegó a ninguna resolución con respecto a sus respuestas.

En tanto, en la víspera la bancada de diputados de la coalición de izquierda emitió una resolución a través de la cual piden la renuncia de Irureta y su equipo por una serie de irregularidades.

Señalan que la decisión también se tomó debido a la decisión de las bancadas de los partidos Colorado y Nacional de que la interpelación al ministro se terminara sin pronunciamiento de la Cámara, y ante las insatisfactorias e insuficientes respuestas que brindó.

El EP-FA entiende que Irureta «no dio respuesta al destino de los US$ 140.000.000 desviados del Fonavi, según el informe del Tribunal de Cuentas. También señalan que existe una administración financiera cuestionable de los importes del Fonavi.

Por otro lado, legisladores nacionalistas presentaron nueva documentación probatoria.

Los diputados Gustavo Borsari (Corriente Renovadora Nacionalista) y Julio Cardozo (Alianza Nacional) exigieron en la víspera al ministro Saralegui y al subsecretario Oscar Brum la renuncia de la presidenta del BHU y presentaron una serie de pruebas que fundamentan sus denuncias.

Las imputaciones se refieren a «la violación del artículo 200 de la Constitución de la República, el cual se refiere a que ‘tampoco podrán los miembros de directorios o directores generales de Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a la que pertenecen'».

Tal es así que «Pérez Montero al tiempo de ser designada en el BHU era gerente general del Plan Fénix, cuya propiedad es del BHU en su totalidad. Por tanto, a su vez era presidente y funcionaria dependiente de la misma institución», sostuvo Borsari.

Por otro lado, Borsari detalló que existió una «nueva violación al artículo 200 de la Constitución, porque la jerarca, según acta 7/03 de la sesión de la sesión de la Comisión de Contralor de Concesiones de OSE, compareció en representación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), siendo ya presidenta del BHU y teniendo en reserva el cargo de la OPP».

 

Montero negó imputaciones

Por su parte, Pérez Montero negó las imputaciones y aseguró que «nunca» ocultó su «relación con Desarrollo Urbanístico Fénix», que viene de la administración de Julio María Sanguinetti. «Mal podía saber yo que otro Poder Ejecutivo iba a proponer mi nombre para que fuera presidenta del BHU», afirmó a LA REPUBLICA.

La jerarca agregó que el Senado «estaba en conocimiento de la situación porque aparecía en mi currículum».