Paraguay pedirá la extradición del coronel (r) Carlos Calcagno

El gobierno de Nicanor Duarte promulgó el 16 de octubre una Ley (Nº 2.225) por la que se crea una Comisión de Verdad y Justicia, que investigará las violaciones a los derechos humanos en ese país desde 1954 hasta la fecha, y promoverá el enjuiciamiento de los responsables, entre los que se encuentra el coronel uruguayo Carlos Calcagno Gorlero. La Comisión de Verdad y Justicia, tiene como uno de sus objetivos «aportar todos los elementos probatorios al Poder Judicial para que el sistema de justicia actúe de inmediato en procura de precautelar los derechos de las víctimas y evitar la impunidad de los responsables de tales violaciones», señala expresamente la ley aprobada previamente por el Parlamento guaraní. Dotada de poderes para «solicitar a la justicia que haga comparecer con el auxilio de la fuerza pública a las personas que, reiteradamente citadas a prestar declaración, no lo hagan sin causa», la Comisión tendrá un plazo de 18 meses, extensible, para elevar un informe y crear un Museo de la Memoria. En ese marco, se espera un contacto entre las organizaciones de derechos humanos de Uruguay, que tienen información sobre dos casos de paraguayos desaparecidos en territorio nacional: Victoria Godoy y María Rosa Aguirre, secuestradas en Montevideo y trasladadas a Paraguay y Josefina Modesta Kelin Llado de Motales, secuestrada en Buenos Aires y probablemente trasladada a Montevideo en octubre de 1976, junto a un grupo de uruguayos que habían permanecidos detenidos en la cárcel clandestina Automotores Orletti (ver nota adjunta).

Carlos Calcagno Gorlero, alias «Martín», nació el 2 de mayo de 1941, e inició sus estudios en el Liceo Militar el 20 de abril de 1955, para integrarse al Ejército el 1º de marzo de 1959. Llegó al grado de teniente segundo en 1965, pasó a teniente primero en 1967 y ascendió a capitán en 1969. Durante ese período sirvió en el Batallón de Infantería Nº 1. Entre el 6 de enero y el 15 de mayo de 1975, siendo capitán, realiza el curso «Military Intelligence Off 0-11″ en la Escuela de las Américas. En distintos artículos periodísticos se han recordado las andanzas de Calcagno, quien cuando tenía el grado de capitán revistaba en el Batallón Florida en 1972 y «jugaba» una «competencia» con otras unidades militares para ver quién desarticulaba con mayor eficacia el aparado armado del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

En los Archivos del Terror paraguayo apareció documentación que implicaba al entonces mayor Calcagno como el oficial al que le fueron entregados en Asunción, el 16 de mayo de 1977, los uruguayos Gustavo Edison Insaurralde y Nelson Rodolfo Santana Scotto, quienes habían sido secuestrados en Asunción. Calcagno, quedó a cargo de los dos detenidos, quienes fueron trasladados en un vuelo a cargo del capitán de Corbeta José Abdala y de dos agentes del SIDE argentinos, quienes por su parte custodiaban a los argentinos José Nel, Alejandro José Logoluso y Dora Marta Langil. Otro documento de los archivos de Asunción indica que un «equipo de trabajo» integrado por agentes paraguayos, los argentinos y el mayor uruguayo, «interrogaron exhaustivamente» a los detenidos antes de enviarlos con rumbo a Argentina.

Los cincos «trasladados» permanecen como desaparecidos y la denuncia del caso derivó en la Causa 1461, que inicialmente instruyó el juez federal Juan José Galeano y posteriormente se constituyó en un caso denominado «Plan Cóndor» a cargo del juez Jorge Urso.

Entre los múltiples casos de violaciones a los derechos humanos de los que es sospechoso Calcagno, se incluye la desaparición de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman, quien incluyó al militar uruguayo entre los responsables del crimen.

Sus frecuentes viajes a Argentina, Paraguay y Chile en 1976 y 1977, también lo asocian a las actividades de la Compañía de Contrainformación del Ejército en el exterior, y su participación en el secuestro de niños. Habría sido uno de los que trasladó a Chile a Anatole y Victoria Julien (cuyos padres desaparecieron en Argentina) y, según el testimonio del fotógrafo militar Hugo García Rivas, el propio Calcagno habría traído a Uruguay, por el Tigre, a otros dos menores, cuya identidad no ha sido confirmada.

En junio de 2002, el entonces ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, rechazó un pedido del juez federal argentino Juan José Galeano, por el que solicitaba información que confirmara la existencia de un mayor del Ejército Carlos Calcagno, a quien se indagaba por la desaparición de personas en el marco del llamado «Plan Cóndor» de las dictaduras militares. La negativa de Brezzo a dar información generó molestar en ámbitos judiciales argentinos –que sólo pedían datos sobre el oficial para interrogarlo en calidad de testigo–, en particular porque la solicitud había sido aceptada por la fiscal Olga Carballo y el juez penal Homero da Costa, para quienes la solicitud del vecino país se ajustaba a los convenios de asistencia y cooperación jurídica entre ambos países.

Da Costa llegó a citar a Calcagno el 14 de noviembre de 2001 para que efectuara la declaración testimonial solicitada por Galeano, pero el militar no se presentó ante el juzgado. El caso derivó entonces a la Suprema Corte de Justicia donde se agregaron constancias administrativas y se decidió su archivo.

La fundamentación dada entonces por Brezzo implicó un reconocimiento de que las acciones de Calcagno en el exterior habían sido al servicio del Estado uruguayo, y por ende la propia responsabilidad del militar en las violaciones a los derechos humanos que la Justicia estaba indagando, pero volvió a ampararlo en la Ley de Caducidad.

Tampoco se respondieron los exhortos enviados por el juez español Baltasar Garzón, que incluyó a Calcagno en su causa contra el presidente Alfredo Stroessner, en el marco de los juicios contra los dictadores del Cono Sur, que en su momento llevaron a la detención del general chileno Augusto Pinochet en Londres y la prisión de varios represores en España.