Ielsur advierte sobre "falacias" que "resquebrajan el sistema democrático"

El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) calificó como una falacia que por la Ley de Caducidad no se puedan investigar los crímenes de la dictadura y subrayó que la imposición del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial está «resquebrajando los cimientos de nuestro sistema democrático».

Una declaración firmada por el presidente, Jorge Pan, y el director ejecutivo, Martín Prats, del organismo sostiene que «no existen razones, ni fundamentos jurídicos, morales ni éticos, por los cuales se justifique avasallar la independencia del Poder Judicial» y que «hacerlo es conspirar contra la democracia, historia que ya conocemos y no queremos que se reedite».

La declaración de Ielsur señala textualmente:

«El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay hace llegar a la opinión pública el siguiente comunicado ante los recientes hechos que involucran al Poder Judicial y el Poder Ejecutivo a raíz del pedido realizado por este último a la Suprema Corte de Justicia en las actuaciones que se siguen por el caso Elena Quinteros:» «La separación de poderes es uno de los principios dundantes de los sistemas democráticos. Es en el Poder Judicial, donde se asienta la tutela de las garantías de los derechos humanos. Uno de los principios esenciales que da fundamento a nuestra Constitución de eminente corte jusnaturalista, es que somos todos iguales ante la Ley, premisa fundamental con la cual se ha manejado siempre nuestro Poder Judicial».

«Cuando el equilibrio de separación de Poderes se altera y quiere predominar uno sobre el otro, no importa la forma velada o sutil como se efectúe, se están resquebrajando los cimientos de nuestro sistema democrático, el cual lentamente fue reconstituido luego de años de dictadura. Aquellos fantasmas del oscurantismo se están transformando en figuras tangibles, y están golpeando silenciosamente pero sin pausa, socavando los principios fundamentales que informa nuestra Constitución».

«No existen razones, ni fundamentos jurídicos, morales ni éticos, por los cuales se justifique avasallar la independencia del Poder Judicial, hacerlo es conspirar contra la democracia, historia que ya conocemos y no queremos que se reedite. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de «nuestro día ante la justicia» y la obligación de comparecer ante ella, cuando somos requeridos».

«Y cuando la investigación está dirigida a conocer, qué ha pasado en una reciente y sangrienta historia, de delitos de lesa humanidad cometidos por quienes se otorgaron poderes de decidir sobre la vida o la muerte de aquellos que cometieron el pecado de pensar y opinar diferente, de niños que aún no habían adquirido la capacidad de pensamiento y opinión, pero fueron castigados con la desaparición y alejados de sus familias biológicas, porque fueron considerados potenciales enemigos».

«La pregunta es ¿ha perdido el Estado la capacidad de investigar? Entendemos que por subterfugios jurídicos se autolimitó en la capacidad de castigar, pero nunca en la de investigar. Otra argumentación es falaz, y sólo basta recordar que los Convenios y Tratados Internacionales que están vigentes en nuestro ordenamiento jurídico interno, no son una decoración, sino leyes de fuente internacional que se deben aplicar, en resguardo de las garantías de todos los ciudadanos», concluye la nota de los juristas. *