Legisladores polemizan sobre la actuación del magistrado Recarey

La polémica sobre el proceder del juez Alejandro Recarey también se trasladó al ámbito político en donde tiene defensores y detractores.

Mientras para el senador socialista José Korzeniak consideró que el magistrado procedió conforme a Derecho y que el Poder Ejecutivo está empleando «chicanas», el diputado colorado Daniel García Pintos descalificó la trayectoria del juez y lo definió como una persona que «odia a los uniformados».

En tanto, la Vertiente Artiguista emitió una declaración dando «su respaldo a la independencia del Poder Judicial en su derecho y obligación constitucional de actuar libre de intromisiones indebidas, lo que también debiera ser un compromiso del propio Poder Ejecutivo».

«Estos militares están citados y el propio Poder Ejecutivo con esos recursos absolutamente insólitos, con esas chicanas, es el que empieza a generar un clima de intranquilidad», consideró Korzeniak.

Una de las hipótesis «es que el Poder Ejecutivo quiera distraer la atención a pocos días del plebiscito».

«El Poder Ejecutivo es jerarca de la Policía, y tiene el deber de conducir a los testigos que no vayan y parece que el Poder Ejecutivo estuviera como dando manija para que los testigos no vayan; es medio insólito», señaló Korzeniak.

A su entender, «el juez ha procedido correctamente y el Poder Ejecutivo está en una actitud de artilugios jurídicos y de escritos, enredos, y fíjese que llegó a presentar o lo va a hacer, un recurso de queja por denegación de apelación, es una cosa insólita».

«En el fondo, el Poder Ejecutivo está contribuyendo a desacreditar al Poder Judicial. Ya lo hace en los Presupuestos, porque le retacea fondos, le retacea medios. Ahí podría decirse que no hay recursos, pero acá se está retaceando autoridad al Poder Judicial, y un Poder Judicial sin autoridad, sin Policía propia, y si otro de los Poderes debilita esa credibilidad está debilitando la democracia y el Estado de Derecho», manifestó.

Korzeniak estimó que en este caso el Poder Ejecutivo no critica al magistrado sino que «chicanea» y le presenta escritos que no son pertinentes y para debilitar la credibilidad del Poder Judicial. ¿Ante quién? Ante los testigos que son los que tienen que ir a declarar y no pasaría nada. Si el testigo va y dice lo que tiene que decir y no dice lo que no quiere, en la democracia, los jueces no torturan. Entonces, ¿cuál es la razón para que no vayan?, ¿una especie de arrogancia de decir que un militar no va a ir a declarar a un Juzgado?».

«Conocerlo un poquito»

Por su parte, para el legislador colorado Daniel García Pintos, «hay que conocer un poquito cuál es la personalidad y los antecedentes del juez Recarey para saber que no todo el mundo podría estar haciendo lo que él hace».

Expuso como ejemplo de su trayectoria que «en el año 1999 escribió un Ensayo, un estudio jurídico que tiene que ver con toda esta situación que está viviendo el doctor Juan Carlos Blanco, los familiares de Elena Quinteros, los militares uniformados, policías y civiles que ahora están siendo convocados por el juez Recarey».

«El escribió sobre todo esto hace cuatro años en una Revista Jurídica, especializada, en donde aventuraba hipótesis de casos similares, como que se hubiera estado preparando durante todo este tiempo. ¿Dónde está la imparcialidad de este juez cuando además de esto fue dirigente de la FEUU, un hombre probadamente de izquierda en sus años de estudiante en la Facultad de Derecho», sostuvo.

Según García Pintos, Recarey fue «un hombre que cuando estuvo de magistrado en los departamentos de Rivera, Artigas y Lavalleja se le conocía mucho más por el desacierto de los fallos, especialmente por el odio por los uniformados, lógicamente por los policías que son los auxiliares de la Justicia y los que llevan los presuntos delincuentes al despacho del juez actuante».

«Es un especializado en procesar a modestos funcionarios policiales que cumplían con su deber bajo la figura de desacato o de abuso de funciones», agregó.

El parlamentario indicó que en el departamento de Lavalleja luego de un procesamiento de este tipo, algo inaudito, «familiares de funcionarios policiales portando pancartas y en un número bastante importante desfilaron frente a la sede judicial pidiendo que se fuera el doctor Recarey».

«Como que este hombre tiene un odio por las instituciones armadas, por la Policía y por las Fuerzas Armadas», dijo García Pintos, quien estimó que forma parte de la «jugada de pizarrón» que él venía denunciando.

Bellomo: «El Ejecutivo ampara estas situaciones»

El diputado Edgar Bellomo (Alianza Progresista), integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, señaló ante la controversia que se creó entre los poderes Ejecutivo y Judicial por el caso de la maestra desaparecida Elena Quinteros que le preocupa el hecho de que existe «como un juramento de parte de algunos militares de no comparecer y no brindar ni testimonios o datos».

Aunque agregó que su preocupación mayor es la actitud del Poder Ejecutivo que, contra lo que dispone la Constitución de la República y las leyes, «en definitiva permite estas situaciones y las ampara».

«La Constitución y las leyes establecen con claridad la sumisión a los mandos jerárquicos que en definitiva constituye el Poder Ejecutivo, pero la propia Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en su artículo 4º ordena investigar los hechos», sostuvo el parlamentario.

Bellomo añadió que si los militares son requeridos a los efectos de «esclarecer los hechos o de brindar datos que contribuyan al esclarecimiento, no puede haber razón para que esto no se cumpla, para que no se colabore con la Justicia y, peor aún, que desde el Ejecutivo se procure interponer recursos».

Bayardi: «El Ejecutivo inventó el conflicto»

Por su parte, para el diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista), integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes, «el Poder Ejecutivo inventó la existencia de un conflicto tratando de generar tensión ante una situación que se está llevando adelante en la esfera jurisdiccional y que parte de la base de convocar en calidad de testigos a dos ex militares ya alejados de su fuerza, en un expediente que hace referencia a un civil procesado y que, por tanto, no está cubierto por la Ley de Caducidad».

Bayardi entiende que la actitud del Ejecutivo ha sido determinante «en esto que se quiere presentar como un conflicto. Habrá que estar a la espera a lo que el Tribunal de Apelaciones resuelva, porque si ratifica lo actuado por el juez, entonces el Ejecutivo tendrá que cumplir la Constitución y la Ley y dejar de hacer declaraciones con las que se crea un clima que no tiene que ser considerado raro».

«Esta actitud del Ejecutivo de tratar de presionar al Poder Judicial genera una situación de tensión y potencial deterioro entre ambos. Pero no hay ningún problema institucional porque el único problema es quienes tratan de amedrentar o meter miedo. Espero que el Ejecutivo esté a la altura de sus responsabilidades y si eventualmente hubiera algún pronunciamiento de alguna jerarquía militar o policial, los llame al orden», puntualizó el parlamentario. *