Juez pidió explicaciones al ministro del Interior por desacato de militares

El magistrado Alejandro Recarey, que tiene a su cargo el expediente relativo a la desaparición de Elena Quinteros, realiza actualmente una indagatoria en busca de información del área del Batallón 13 donde podrían estar o estuvieron enterrados los restos de Quinteros.

Al no ser conducidos a su juzgado los militares que estaba previsto declararan en la pasada jornada, el juez Alejandro Recarey resolvió que: «Atento a que no se cumple con las detenciones y conducciones oportunamente ordenadas, tanto por escrito como verbalmente, y habiendo cobrado estado de notoriedad pública tanto la posibilidad de existencia de órdenes de no comparecencia, como la hipótesis de que los requeridos se hallan alojados en dependencias de las Fuerzas Armadas. Se resuelve: solicitar a la Jefatura de Policía de Montevideo a que con plazo hasta el próximo lunes 8 de diciembre a las 12 horas, informe con detalle sobre las razones del incumplimiento antedicho y de las gestiones que se hayan hecho para lograr las ordenadas localizaciones, detenciones y conducciones. El informe deberá confeccionarse por escrito y será entregado directamente en la sede. Con idéntico plazo y en igual forma se pide a la Policía informe a) la presunta existencia de órdenes expresas de desobediencia al mandato judicial expedidas por cualquier autoridad pública, b) sobre la eventualidad de que los requeridos se encuentren alojados en dependencias militares o públicas de cualquier naturaleza, individualizándolas en caso positivo. Ordénase cierre de fronteras de los requeridos Soca, Casco y García, oficiándose. Sin perjuicio de todo lo antedicho, reitérase la orden de detención y conducción de los mencionados, esta vez para el día lunes 8 de diciembre de 2003 a las 8.00 horas. Cítese al señor Jorge Silveira Quesada en el nuevo domicilio mencionado en autos de la calle Santa Lucía 4145, Paso Molino, debiendo ubicarse en cualquier lugar al que se encuentre el referido citado en el caso de que ahí no pudiera ser localizado, agotándose todas las posibilidades para su efectiva notificación, la que deberá ser personal».

Además de Soca, Casco, García y Silveira, Recarey tiene previsto para el lunes un careo entre dos militares retirados que desempeñaron funciones en el Batallón 13 y un familiar de los mismos, ya que existen diferencias entre sus testimonios.

Recurso del Ejecutivo

A las 17.00 horas de ayer el Poder Ejecutivo presentó ante la sede a cargo de Recarey un recurso de queja por denegación de apelación. Si bien tiene tres días hábiles para responder dicho recurso , la contestación será negativa. El juez tiene previsto elevarlo a un Tribunal de Apelaciones el día lunes. No lo pudo hacer ayer debido a que a la hora que fue presentado el recurso comenzó el interrogatorio al capitán (r) Jorge Tróccoli. El juez debe enviar al tribunal de segunda instancia el recurso y un informe con su posición al respecto. El tribunal tiene 15 días para resolver y en ese lapso puede decidir la suspensión o no de las actuaciones .

Con el recurso de queja, el gobierno busca que Recarey suspenda las actuaciones en este tema. Ayer, el tema fue analizado nuevamente por el presidente Jorge Batlle, el ministro de Defensa, Yamandú Fau, y el comandante en jefe del Ejército, Carlos Daners, en el marco de la celebración de un nuevo aniversario del Regimiento Blandengues de Artigas.

Batlle evitó en todo momento referirse al tema. En tanto que Fau indicó que el gobierno realiza un «seguimiento» de la situación.

El ministro dijo que no tiene «la menor idea» de dónde están los militares citados por Recarey, y aseguró que «no hay órdenes para que no vayan a declarar».

A la vez desde el gobierno, se afirmó que la Policía respetará la legalidad y que cumplirá con el pedido de la Justicia.

Fuentes militares consultadas por LA REPUBLICA reafirmaron el malestar existente con las decisiones adoptadas por el juez Recarey. También señalaron que «el Comando del Ejército brindará protección momentánea a los requeridos si es necesario», sin especificar si éstos habían sido alojados o no en la sede castrense. Ayer circularon rumores de que dos de los testigos citados podrían haberse «acuartelado» en alguna dependencia militar.

Tróccoli: Vine como testigo

A las 16.50 horas, 10 minutos antes de la hora a la que fue citado, llegó a la sede judicial de la calle Misiones el capitán (r) de la Armada Jorge Troccoli y salió del juzgado a las 18.30 horas. Tróccoli declaró que «vine como testigo, desmiento enfáticamente tener que ver con nada del caso de Elena Quinteros y el propósito de mi venida para acá fue ser coherente con mi actitud anterior, en base a lo que he escrito en cartas, lo que he escrito en libros y en mis declaraciones en la Comisión para la Paz, y simplemente estoy demostrando una actitud».

Agregó que «no es fácil para mí esto» y dijo que con gusto la semana próxima puede seguir hablando.

Respecto a la declaración de Tróccoli, el abogado patrocinante de los denunciantes, Pablo Chargonia, dijo que «es importante que se haya avanzado, que un militar retirado haya comparecido. Aportó información útil a los efectos de la localización de la víctima e ir desglosando un camino que es ciertamente muy difícil.

Aportó elementos «en relación a la actividad de la OCOA, el Organismo de Coordinación de Operaciones antisubversivas y son elementos valiosos (…). Hay otra arma además de la marina y el ejército que aparece como una de las armas que tuvo una importante actividad en la materia de la represión. Son datos y no es el dato definitivo naturalmente, esta es una tarea sumamente compleja, faltan todavía las voces de las personas más directamente involucradas», añadió.

En relación a la no conducción de los militares citados, Chargonia sostuvo que «se ha configurado de hecho un delito de desacato. El juez lo que va a hacer de todas maneras es solicitar información al Ministerio del Interior acerca de las causas de la incomparecencia y le pide que informe el lunes por qué razón estas dos personas, que habían sido citadas bajo orden de conducción, no comparecieron, que son Zenia García y Ernesto Soca (…). Igualmente el juez quiere saber si efectivamente hay una orden genérica del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior acerca de la incomparecencia de los testigos o del acuartelamiento de eventuales testigos, quiere saber si eso es efectivamente así o no».

Interrogado sobre Tróccoli nuevamente, Chargonia afirmó que éste «cumplía funciones en el Fusna, Fusileros Navales. Hay una versión de su participación en el caso de Elena Quinteros a partir de declaraciones que se hicieron públicas, aparentemente provenientes de otro capitán, de Alex Lebel, que en la sede no las confirmó pero tampoco las desmintió. Tróccoli desmiente su participación en el caso de Elena Quinteros y habla de otras personas, concretamente mencionó el nombre de Jorge Silveira, que está citado para el lunes».

Delgado: Se respetarán disposiciones legales

El jefe de Policía de Montevideo, José Pedro Delgado, dijo que el comando a su cargo actuará respetando las disposiciones legales, saliendo al cruce de versiones de prensa que afirmaban que no acataría la orden del juez Recarey de conducir a militares a declarar.

Fuentes de la Suprema Corte de Justicia dijeron ayer a El Espectador que en lo actuado por el juez Alejandro Recarey, la Suprema Corte de Justicia no tiene atribución ni competencia.

Las fuentes de la Corte aclararon que cualquier declaración que realicen «pueden interferir en la independencia del juez». Advirtieron además que si la independencia de poderes es violada la Suprema
Corte de Justicia «actuará con firmeza». «Mientras se siga por la vía jurisdiccional estamos dentro de la seguridad», agregaron los informantes.

Mientras tanto, los funcionarios judiciales respaldaron la actuación del juez Recarey. Dicen además que hay una intromisión del Ejecutivo en el tema, dijo a El Espectador el dirigente Ricardo Ramírez. «Defendemos la independencia del Poder Judicial y nos parece que en este caso hay una presión a un tema absolutamente delicado. De parte del Poder Ejecutivo, hay una injerencia cuando se está hablando de un recurso con efecto suspensivo, para evitar que concurran a declarar como testigos, ciudadanos citados por el magistrado. Decimos que hay una presión del Ejecutivo para evitar que el magistrado continúe con su tarea», opinó.

La Asociación de Funcionarios Judiciales emitió un comunicado en que expresan su más firme respaldo a las actuaciones independientes del magistrado Recarey «y de todas las autoridades del Poder Judicial, en esta y en cualquier circunstancia, y convocamos a la ciudadanía a salvaguardar este valor democrático esencial que constituye una Justicia independiente. Al mismo tiempo reafirmamos nuestra adhesión al anhelo de verdad y justicia de todo el movimiento sindical y el pueblo uruguayo, y saludamos toda iniciativa, presente y futura encaminada en ese sentido». *