Nacionalistas proponen ampliar competencia del comisionado carcelario al sistema penal juvenil

Alonso presentó un proyecto de Ley a través del cual propone que el Comisionado parlamentario sea miembro del Consejo Consultivo Honorario Nacional del Instituto Nacional de Construcción de Ciudadanía Adolescente (INCCA) un servicio descentralizado que se creará en lugar del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA).

El INCCA tendrá la potestad de presentar informes anuales al Consejo Honorario y a la Asamblea General sobre la actuación general de dicha institución y evaluar de forma pormenorizada sus diferentes programas de rehabilitación de adolescentes.

La legisladora nacionalista propone además que ante la creación del INCCA, nuevo instituto para menores infractores, se puedan realizar convenios con instituciones que trabajen en la rehabilitación de los menores en conflicto con la Ley.

El monopolio

“Actualmente el Estado tiene el monopolio de la rehabilitación de menores infractores con el resultado ya conocido. Proponemos que se puedan realizar convenios con instituciones sin fines de lucro que presenten programas educativos para rehabilitación de menores infractores en régimen de privación de libertad”, plantea la legisladora blanca.

La norma busca “facilitar a instituciones integradas con personas de buena voluntad la posibilidad de probar nuevos procedimientos de rehabilitación, en base a más amor al prójimo que al amor a la función pública”. 

“Una reivindicación al Padre Mateo Méndez y la obra que lleva adelante desde hace tanto tiempo así como otras instituciones que desde el anonimato llevan adelante una tarea tan noble”, dijo Alonso.

Agregó que su iniciativa consiste en la aplicación de una herramienta que ha resultado eficaz para los adultos y que será de “suma utilidad para la promoción y aplicación de derechos de los menores”.

Resaltó que está en consonancia con la Constitución de la República, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, y  las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.