El 4 de setiembre la Junta discutirá juicio político a Hackenbruch

Después de diversas negociaciones y casi tres años manejando la posibilidad, finalmente el próximo día 4 de setiembre está realizada la convocatoria para que se trate en la Junta Departamental de Canelones el juicio político que la bancada del Frente Amplio llevará adelante contra el intendente Tabaré Hackenbruch.

En la sesión del viernes 22 de agosto, los ediles de izquierda del departamento canario solicitaron formalmente a la Presidencia de la Junta Departamental que active el mecanismo, con el trámite para el que cuenta con los once votos necesarios. Por su parte, el Partido Nacional aún no analizó la posición a adoptar, en tanto que en el Partido Colorado hay voces como las del curul Jorge Trigo (Lista 321) que tampoco tienen definida una postura definitiva.

En la misma sesión se planteó –a pedido del edil Juan Ripoll (AU-FA)– la consideración de la situación general del departamento, dentro de la cual se enmarcan los números presentados por la Rendición de Cuentas de la comuna. Como se informara oportunamente, el déficit de la misma supera los $1.300 millones para lo cual no se vislumbra una salida a corto plazo debido a lo baja de la recaudación. También se recibió a una delegación de Adeom Canelones que planteó ante el cuerpo su delicada situación.

Al atraso de casi dos meses en el cobro de los salarios y la eventualidad de quedar sin cobertura médica a fines de mes, los funcionarios presentaron una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que acusa al intendente por desviación de poder. Paralelamente se presentó lo que a juicio del edil Ripoll es una «grave irregularidad», debido al faltante de $120 mil en la Junta Local de Santa Lucía. Consultado respecto a las supuestas inconstitucionalidades incurridas por parte del intendente Hackenbruch, el edil forista Julio Musetti sostuvo que «para nosotros no existen y está claro ya que el mecanismo del juicio político sólo se debe instrumentar cuando hay una violación importante de la Constitución o cuando hay un delito penal grave que deba ser castigado con penitenciaría».

El edil entiende que ninguna de las dos causales se encuentran configuradas y afirma que todo se debe a «una movida electoral del Frente Amplio porque está buscando espacios en los medios de comunicación y no está preocupado por los problemas del departamento». El representante colorado afirmó que «están amenazando con el juicio desde el mes de octubre del año 2000. Que tengan los votos no quiere decir que tengan razón y cuando se trate en el Senado esto no va a prosperar», concluyó. También en la última reunión de la Junta se encomendó a su presidencia que intime judicialmente a la IMC para que vuelque los recursos adeudados a la institución –más de $25 millones–, ya que su funcionamiento se encuentra peligrosamente afectado debido al no pago de salarios a los funcionarios y los atrasos con los proveedores. *