El Foro ataca a Rubio y a Huidobro

El martes pasado, el senador de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio, declaró ante el juez penal Pablo Eguren por los negocios de Ancap en Argentina. El legislador, junto a su colega Eleuterio Fernández Huidobro, presentó días atrás un libro que contiene las negociaciones de Ancap en el vecino país, en la que se señalan diversas irregularidades. El 21 de abril, el Senado resolvió por mayoría elevar a la Justicia Penal los antecedentes reunidos por la investigadora de la Cámara alta.

El Foro reaccionó al proceder de la izquierda en este caso. En una nota publicada en la edición de Correo de los Viernes, se indica que la Justicia hoy está en el centro del debate público debido a «una fragilidad del sistema político: controversias que son de eminente naturaleza política se envían a la Justicia, a la que se ubica como árbitro de asuntos que le son ajenos y que refieren mucho más a temas de conveniencia que de legalidad».

«Más de una vez hemos cuestionado fallos judiciales pero esa circunstancia no nos impide afirmar que las más de las veces es desde el ámbito político que se introduce a la Justicia en asuntos que luego terminan siendo polémicos, precisamente porque no se trata de la objetiva aplicación de la ley», recuerda el Foro.

Sobre los negocios de Ancap en Buenos Aires, el sector colorado sostiene que los mismos  concretados durante el gobierno de Julio María Sanguinetti  respondieron «a una estrategia de inserción en el Mercosur sobre la que todos los partidos y sindicatos estaban totalmente de acuerdo. Once veces fue el Directorio de Ancap a las comisiones parlamentarias a explicar esos trámites. La idea por otra parte era compartida por la unanimidad del Directorio, pues los cinco directores colorados y blancos votaron unánimemente todos los pasos que allí se dieron; y también toda la gerencia, compuesta por numerosos funcionarios, que unánimemente propusieron, administraron y acompañaron toda el proyecto comercial en Argentina».

«Tan lógica era  y es  la idea que aún los senadores que están impugnando esos negocios consideraron que había que seguir en Buenos Aires y nadie ha cuestionado que el actual Directorio hiciera uso de la opción definitiva de compra de Sol Petróleo, la empresa petroquímica argentina. O sea que estamos ante una estrategia compartida y ante una idea incuestionable».

Agrega que «los cuestionamientos nacen de las presuntas pérdidas. Y a partir de allí se monta un debate enfermo de suspicacias, falacias y todo tipo de ingrediente de naturaleza eminentemente política, pues nadie encontró nada que se parezca a un delito como para recurrir a la Justicia Penal».

Sin embargo, dice, el tema está radicado allí, y cuestiona el accionar de los legisladores de izquierda: «los senadores cuestionadores publican un libro y hacen campaña por la TV tratando de instalar un clima de sospecha, a partir de lo cual cada paso de la Justicia, que debería ser objetivo y silencioso, se transforma en noticia, cargando el ambiente de parcialidad e inhibiendo a los magistrados de un razonamiento sereno».

«Contra ese uso indebido de la Justicia nos rebelamos y lo decimos con todas las letras, porque si se respeta a ese fundamental poder del Estado, no se le puede tomar de rehén y encorsetarlo en un brete psicológico: o procesa a alguien o es complaciente con el poder político. Esto es una enormidad y todos debemos hacer un esfuerzo por prevenir la situación». *