Los cuatro diputados por Maldonado están de acuerdo con rescindir el contrato si Uragua no lo cumple
Los diputados del Encuentro Progresista Darío Pérez (Cabildo 2000) y Enrique Pérez Morad (Unión Frenteamplista), el representante del Partido Colorado, Alejo Fernández Chaves (Foro) y el del Partido Nacional, Mario Amestoy (Herrerismo) están de acuerdo en lo que el gobierno debería hacer con Uragua: rescindir el contrato si no cumple con lo acordado con OSE cuando se le adjudicó la concesión de agua potable y saneamiento en Maldonado.
Los tres primeros siempre estuvieron de acuerdo en que el servicio no debía concesionarse e incluso Darío Pérez y Fernández Chaves, que van por su segundo período legislativo, han presentado iniciativas conjuntas.
La novedad la constituye la posición del diputado Amestoy, que suple a Ambrosio Rodríguez quien se encuentra de licencia por enfermedad. El legislador dijo a LA REPUBLICA que «la realidad impone que a todos los uruguayos nos cambiaron las reglas de juego, por lo tanto ese argumento expresado por Uragua no es de recibo. De acuerdo a los que ellos mismos han manifestado no están invirtiendo dinero sino que emplean el dinero que recaudan. Entonces no entiendo para qué concesionar el servicio».
Amestoy sostuvo que «idéntico razonamiento hago para el Aeropuerto de Carrasco, con cuya subasta tampoco estoy de acuerdo. Mi posición con respecto a las privatizaciones no ha cambiado un ápice, pero creo que las empresas privadas que accedan a una concesión deben cumplir con lo establecido en los contratos firmados y deben invertir. Esto lo digo con absoluto conocimiento de causa ya que en mi actividad privada me desempeño como empresario transportista de pasajeros y para desarrollarla tuve que comprar primero los ómnibus para después recaudar y si me va mal, pierdo. O sea si Uragua quería esta concesión por los menos debía contar con los créditos internacionales para invertir los 150 millones de dólares necesarios para la obra de saneamiento. Si son pobres y no tienen el dinero, mejor que se vayan».
Los cuatro parlamentarios coinciden en la necesidad de ejecutar con prontitud el saneamiento en todo el departamento y, también, con la posibilidad de que el mismo pasara a ser gestionado por el municipio.
El diputado Darío Pérez propuso recientemente que la obra se construya con un crédito internacional cuya amortización se podría hacer a su juicio con lo que pagan al Estado los Casinos privados instalados en Punta del Este «e incluso se puede recurrir a los fondos previsionales administrados por las AFAP», afirmó Pérez. *
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