Estado apelará decisión de la Justicia que lo obliga a pagar reajuste salarial de 26% a actuarios y judiciales
El Estado cumplirá con “todas” las disposiciones del Poder Judicial, pero apelará la decisión del juzgado de primera instancia relativa al reajuste salarial de los funcionarios y actuarios judiciales, “considerando como base la historia del conflicto y las intenciones al aprobar la Ley sobre la materia”, aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.
La jueza en lo civil de 19° Turno, Josefina Tommasino Ferraro, determinó que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo deberán hacer efectivo el pago del reajuste salarial del 26% a actuarios y judiciales, el cual fue aprobado por la Ley presupuestal del anterior gobierno y que no se hizo efectivo.
Tras un extenso conflicto, en el cual los funcionarios judiciales, actuarios y registrales reclamaron el pago del 26%, el gobierno determinó, a través de una Ley modificativa, que el reajuste sería de 8%.
Los funcionarios judiciales presentaron un recurso, y en las últimas horas la Justicia falló a su favor.
De este modo, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Economía deberían pagar a unos 3.500 funcionarios judiciales y unos 400 actuarios el ajuste salarial de 26%, lo que representa un incremento de 56 millones de dólares.
Apelación
En ese marco, este miércoles el ministro de Economía, Danilo Astori, aseguró que el gobierno “respeta las decisiones de la Justicia”, pero confirmó que el Estado “apelará la decisión judicial, sobre todo teniendo en cuenta la historia que ha tenido este conflicto”.
“Confiamos en que esa historia sea tenida en cuenta y, sobre todo, la intencionalidad muy clara y transparente que hubo en la promoción y la aprobación de la Ley que está vigente”, agregó el secretario de Estado.
Astori dijo que se debe partir de una realidad, la cual es que “hay una Ley que está vigente”. Agregó que la Justicia se ha pronunciado y remarcó que el gobierno apelará.
Este miércoles los funcionarios judiciales realizaron un paro general en el marco de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 19.310 de 2014, que estableció el aumento de 8% para los funcionarios judiciales, actuarios, fiscales y jueces.
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