La Comisión en Defensa del Agua denunció un "conato de confusión"

La Cndav anunció además que esclarecerá «el conato de confusión» que fuera provocado por una versión de prensa que «supuso» que habrían «contradicciones» entre los servicios de saneamiento y la proyectada reforma constitucional. «Han creado un conato de confusión en la opinión pública en base a una suposición», denunció Carlos Coitiño, dirigente de la Cndav, quien agregó, junto a Lazo, que «no existirá ninguna contradicción entre los servicios que presta la Intendencia y la reforma constitucional que votará la ciudadanía». Coitiño destacó que el proyecto de reforma constitucional impulsado por varias organizaciones sociales permitirá a la Intendencia continuar con las tareas de saneamiento, tal como las viene realizado hasta el momento. Lazo sostuvo igual punto de vista.

Un comunicado de prensa en tal sentido será emitido el lunes por la Cndav, según adelantó Coitiño.

Entrevistado ayer por LA REPUBLICA, el veterano activista social Carlos Coitiño recordó que «la confusión» partió de la publicación, fuera de contexto, de una declaración aislada de un técnico municipal que participó como expositor en un seminario privado.

El técnico referido, un asesor del Departamento de Desarrollo Ambiental de la IMM, había dicho la semana pasada que podría haber «una contradicción» entre los servicios de saneamiento que presta la comuna y la reforma constitucional que, una vez aprobada, hará permanecer el bajo control estatal, sin concesiones de «gestión».

Coitiño explicó que el técnico, un ingeniero profesional, aludía «al 20% de las tareas de limpieza y mantenimiento de los caños» del saneamiento que la Intendencia adjudicó a firmas privadas.

El 80% restante del servicio permanece en manos de la comuna.

La tercerización a privados del 20% del total de los servicios de limpieza y mantenimiento de los caños de saneamiento constituye «una contraprestación» a un crédito que fuera otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo financiero que condicionó la participación de empresarios privados para que actuaran como «ente testigo» en el control de los dineros.

Otra «contraprestación» exigida fue el cobro de «la tasa de saneamiento». El porcentaje de servicio tercerizado representa la quinta parte del total de las tareas de limpieza y mantenimiento que realiza la propia comuna en los caños de la red de saneamiento.

«En ningún aspecto, la tercerización que fuera adjudicada mediante proceso de licitación, afecta a «la gestión» del servicio público», insistió Coitiño, «ni lesiona la relación con los usuarios, quienes para todos los trámites deben remitirse a la Intendencia».

«Limpiar el caño por donde pasan las aguas no significa gestionar el servicio público de saneamiento», afirmó Coitiño. «Una cosa es tercerizar la quinta parte de un servicio de limpieza y mantenimiento y otra, muy distinta, es concesionar a un privado la gestión de un servicio público».

Según remarcó Coitiño, la reforma constitucional proyectada reserva para el Estado «la gestión» del servicio público. No prohíbe las tercerizaciones. «En nada entraría en contradicción con los servicios prestados actualmente porque», según señaló, «la gestión continuará en manos del Estado, a través de la comuna». El técnico había hablado en el seminario a título personal; no ocupa ningún cargo de confianza política y además es simpatizante del Partido Colorado. Sus palabras fueron descontextualizadas de las intervenciones de los demás expositores.

«La versión publicada no expresó la opinión oficial de la Intendencia respecto al tema», concluyó Coitiño.

En representación de la Cndav, Carlos Coitiñó se reunió ayer de mañana con el ingeniero Luis Lazo, director del Departamento de Desarrollo Ambiental, del cual es asesor el técnico que habló en el seminario.

«Hablamos con Lazo largas horas, analizamos a fondo el tema, y podemos afirmar», dijo Coitiño, «que no existirá ninguna contradicción entre los servicios prestados hasta ahora por la comuna y la reforma proyectada una vez que sea votada por la ciudadanía».

La Intendencia podrá mantener vigente la actual tercerización del 20% de la limpieza y el mantenimiento de los caños, si así lo deseara, aún después que sea aprobada por la ciudadanía y promulgada por el Poder Ejecutivo la reforma proyectada de la Constitución. El plebiscito impulsado para reformar la Constitución y asegurar que «la gestión» del agua permanezca en manos del Estado se basa en el argumento jurídico de que el recurso es «un servicio público», y por lo tanto no puede ser concesionado en su «gestión», y en que no es «un servicio de interés público», como las farmacias, cuya gestión puede ser concedida a privados, de acuerdo a la jurisprudencia nacional.

El servicio de saneamiento mediante redes subterráneas, al igual que el suministro de agua potable, son considerados, precisamente, como «un servicio público», y no «un servicio de interés público», por quienes impulsaron la campaña de recolección de firmas para convocar a la ciudadanía a un acto plebiscitario. *