Situación "indigna" de uruguayos en España, dijo Garat

La preocupante situación de los uruguayos que emigran a España, su condición legal, la posibilidad de instrumentar acciones desde la Cancillería para hacer respetar la vigencia del Tratado de 1870 que dispone que los naturales de ambos países tendrán igualdad de derechos en materia de trabajo y posesión de bienes en cualquiera de los países firmantes, y hasta la eventualidad de conformar una Comisión Especial que analice el fenómeno de la emigración, fueron debatidos ayer en el Senado.

El planteo fue efectuado por el senador nacionalista Carlos Garat y será retomado el próximo miércoles.

Garat sostuvo que es «indignante» y que «da rabia» el trato que dan los españoles a los ciudadanos uruguayos.

Expuso como ejemplo que de los uruguayos hay 3.000 legalizados, unos 500 en trámite pero «más de 25.000 en situación irregular».

Para Garat la conducta de las autoridades españolas «es violatoria de las disposiciones de tratados internacionales suscritos por la República con el Estado español y que en su opinión están vigentes».

Garat aludió a los tratados concluidos con España en 1870, en cuyo artículo 8º se dispone que los naturales de ambos países tendrán igualdad de derechos en materia de trabajo y posesión de bienes en cualquiera de los países firmantes y al Tratado suscrito en 1992, al celebrarse el 5º centenario del descubrimiento de América, que ofrece similares facilidades para la radicación de naturales de uno y otro Estado.

Cuestionó además las detenciones y deportaciones de emigrantes uruguayos.

A su entender, «el Parlamento y el gobierno han hecho muy poco por hacer valer los derechos de los uruguayos» en el exterior.

Por su parte, el socialista José Korzeniak indicó que en este tema hay dos partes: la situación preocupante de uruguayos, y por otro lado la exhortación a que Uruguay tome algunas medidas.

«El Tratado 1870 está vigente, totalmente vigente. Deja de ser vigente si las partes lo denuncian, y eso no ha ocurrido», manifestó.

Korzeniak informó que él efectuó «una indagación MREE en la Dirección de Tratados, que se actualiza constantemente. Uruguay hace constar que está vigente y que nunca fue denunciado.

El parlamentario también aludió al proyecto del EP-FA sobre derecho al voto en el exterior pero que uno de los capítulos alude a la obligación de los representantes diplomáticos de asistir a los ciudadanos uruguayos. *