Militares uruguayos en Congo son testigos de los crímenes que juzgará la Corte Penal Internacional

Los militares uruguayos que han presenciado crímenes de guerra en el Congo serán convocados como testigos de la Corte Penal Internacional de La Haya, cuyo fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, resolvió que el primer juicio del tribunal creado por el Estatuto de Roma sea sobre un caso del país africano.

Moreno Ocampo anunció esta semana que las denuncias recibidas sobre la situación en la provincia de Ituri, al nororiente de la República Democrática del Congo, revisten la gravedad suficiente como para constituirse en el primer caso en el que intervenga la Corte Penal Internacional.

«Ituri es el caso más urgente. Hay 5.000 personas muertas desde julio de 2002, que es cuando empieza la Corte a funcionar. Además, allí el Gobierno de transición de la República Democrática del Congo informa que tiene dificultades y que necesita ayuda, entonces me parece que es donde la Corte puede tener un rol importante», dijo el fiscal en una nota con Radio Nederland.

El contingente uruguayo al servicio de las Naciones Unidas en el Congo, tenía como una de sus misiones específicas el mantenimiento de la paz en la ciudad de Bunia, ubicada entre el río Ituri y el Lago Alberto (ex Mobutu) sobre la frontera con Uganda, precisamente donde se produjeron las matanzas.

La credibilidad de la CPI

Desde que se inició la guerra civil en el Congo en 1998 se han registrado más de dos millones de muertes, pero las normas del Estatuto de Roma implican que la Corte Penal Internacional sólo puede actuar sobre crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 1º de julio de 2002.

La fiscalía a cargo de Moreno Ocampo había iniciado una investigación preliminar sobre el Congo, donde existe documentación detallada de lo que continúa ocurriendo diariamente en Ituri. El enjuiciamiento a los responsables de estos crímenes implicará una prueba de la efectividad de un tribunal cuya existencia no es apoyada por el gobierno de Estados Unidos.

Desde la asunción de George W. Bush, el gobierno norteamericano ha procurado boicotear el surgimiento de la CPI por temor a que alguno de sus efectivos pueda ser juzgado internacionalmente.

Este año, Estados Unidos sancionó con el retiro de su ayuda militar a los países (entre ellos Uruguay) que no aceptaron firmar un acuerdo bilateral de inmunidad que impidiera una eventual extradición de ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, expertos en derecho penal internacional considera que el juicio sobre el Congo no tendría una oposición directa de los norteamericanos ya que no tienen por el momento intereses particulares ni participación militar en la conflictiva región.

Ituri, región cubierta de sangre

La región de Ituri constituye la mayor área selvática del mundo luego de la cuenca del Amazonas. Implica un área de entre 30 mil y 54 mil kilómetros en el norte y oriente del Congo, donde se extiende el río Ituri, en cuyo entorno se eleva un follaje que impide el paso del sol hasta sus húmedos pisos.

En 1887, el explorador británico Henry Morton Stanley se convirtió en el primer europeo en transitar la zona. Su viaje de este a oeste duró cinco meses, durante los cuales murieron 180 miembros de la expedición, que fue atacada por pigmeos armados con flechas envenenadas.

Esos pigmeos, llamados Mbuti, siguen siendo de los principales habitantes de la región, a quienes distintos informes acusan de practicar la antropofagia como un arma para aterrorizar a las etnias rivales, según reportes de prensa en los que se denuncia la situación en Ituri.

Un informe de la organización Human Right Watch de julio último sostiene que es erróneo considerar que la guerra en el Congo obedece a rivalidades étnicas sino que en realidad representa la lucha por el poder en curso a nivel nacional e internacional. El informe de 57 páginas titulado «Cubierto de Sangre» da evidencias de que los combatientes –armados y a menudo dirigidos por los gobiernos de la propia RDC, Ruanda y Uganda–, masacraron a cerca de cinco mil civiles en Ituri durante el último año. Ese informe incidió en la decisión de Moreno Ocampo de juzgar la situación en el Congo.

Uruguayos, testigos de matanza

Entre 1998 y mayo de 2003, Uganda invadió la región de Ituri, rica en recursos minerales y potencial fuente de petróleo. Sus tropas se retiraron bajo la presión internacional, pero durante la ocupación los ugandeses proveyeron de armas y entrenamiento a grupos étnicos, para intensificar los enfrentamientos entre las etnias hema y lendu.

Por su parte, el gobierno de la República Democrática del Congo apoya y arma al llamado Movimiento de Liberación de la Congregación Congolés pro Democracia (RDC-ML), que se combate las milicias de los lendu y otros grupos étnicos.

Ruanda, en cambio, apoya al RCD-Goma, un movimiento escindido del RDC-ML, que a su vez provee ayuda a la Unión de Congoleses Patrióticos (UPC), un grupo combatiente hema, que recientemente había logrado el control de la localidad de Bunia.

En Bunia es donde se encontraba el contingente uruguayo de la ONU, que pocas semanas atrás quedó rodeado por el combate entre los distintos grupos militares, al punto que las Naciones Unidas requirieron el servicio de una fuerza de acción rápida francesa para recuperar el control de la zona.

Lo ocurrido en Bunia –donde los militares uruguayos fueron testigos directos de los hechos– determinó el cambio de misión de los cascos azules en el Congo, que del «mantenimiento» de la paz, pasaron a la «imposición» de la paz, según lo establecido en el Capítulo VII de la Carta de la ONU. *