Alianza Progresista convocó a derogar la ley de Ancap

La Alianza Progresista 738 (EP-FA) convocó a la ciudadanía, para que vote por la derogación de la ley de asociación de Ancap con privados

En una declaración pública, el sector encuentrista fija posición sobre el próximo referéndum y advierte que «los servicios públicos que el Estado presta en el campo de la energía, al igual que otros servicios públicos, son estratégicos tanto para emprender un plan de desarrollo productivo agroindustrial e industrial del país como para asegurar la universalidad del acceso de la población a la energía y la continuidad de su abastecimiento a precios únicos a nivel nacional».

Por tanto, se trata de transformar a Ancap en una empresa capaz de crecer, «de desarrollarse coordinadamente con los otros entes de la energía (UTE, Gas) en un sistema energético integrado, a partir de un organismo regulador autónomo y los propios entes involucrados, sometidos al contralor parlamentario y del Tribunal de Cuentas, en el marco de una política energética nacional y de complementación a nivel regional, que pasa por una necesaria e imprescindible reforma del Estado».

Si bien, la Alianza no descarta que esos objetivos puedan alcanzarse mediante una asociación del ente, advierte que «la ley que será sometida a referéndum no está precedida, ni prevé las garantías que coloquen dicha asociación al servicio de los intereses generales del país, comprometiendo espacios de soberanía al posibilitar que el Estado pierda el control y la gestión de un área estratégica de la economía».

Incluso, la declaración recuerda las recientes experiencias de asociación de Ancap en Argentina y las grandes pérdidas que significaron.

Para la Alianza «existe el riesgo que al amparo de esta ley, la asociación que se lleve adelante, se limite a una mera privatización encubierta de parte importante de las ganancias y de la gestión de una de las mayores empresas del país». Según la Alianza Progresista, en la región se abren nuevas condiciones para buscar un nuevo enfoque de los compromisos asumidos en el Mercosur. Las mismas habilitarían «que Ancap pueda resolver sus problemas de escala y precios en condiciones más beneficiosas para el país, sin reiterar las experiencias privatizadoras llevadas adelante en el continente, que concluyeron en la sustitución de monopolios públicos por oligopolios privados y que en todos los casos significaron un incremento en los precios de los combustibles que debió afrontar la población». *