AUMENTO

Senado aprobó con votos del Frente Amplio aumento salarial de 8% para judiciales

La Cámara de Senadores aprobó por 16 votos en 28 legisladores presentes, el proyecto de Ley del gobierno por el que se estipula un aumento salarial del 8% para los funcionarios integrantes del Poder Judicial.

Senado aprobó con votos del Frente Amplio aumento salarial de 8% para judiciales

El proyecto de Ley del gobierno pretende solucionar el conflicto que llevan adelante los sindicatos judiciales (jueces, actuarios, funcionarios y defensores de oficio) como a los registrales (Registro Civil y de la Dirección General de Registros)

Los gremios reclaman el cumplimiento de un aumento salarial del 26%, dispuesto en la Ley presupuestal N°18.719, y que el gobierno adeuda desde el 2011.

La iniciativa se refiere a la vigencia del artículo 85 de la Ley 15.750, que “engancha” los salarios de todos los funcionarios judiciales a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Según el gobierno, el artículo hace referencia a la “totalidad de las sumas que por cualquier concepto puedan recibir los mismos, independiente de su fuente de financiamiento, grupo u objeto de gasto al que se impute”.

También se indica que en el futuro, a los efectos de las equiparaciones y remuneraciones que se fijen en función de otras en base a porcentajes o que se requiera determinar una base de cálculo, “se estará a lo que disponen las normas legales vigentes”.

A través de la iniciativa el Ejecutivo solicita se lo faculte para otorgar al Poder Judicial una partida por todo concepto para hacer efectivo el pago de los adeudos a jueces, actuarios, funcionarios y defensores de oficio y también a funcionarios del Registro Civil y de la Dirección General de Registros.

Debate

El proyecto, que fue aprobado por los senadores del Frente Amplio, será sancionado el próximo lunes 22 en Diputados.

La barra del Senado fue desalojada cuando los asistentes de los gremios judiciales cuestionaron a los senadores del Frente Amplio.

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Ernesto Agazzi, reconoció que la iniciativa fue remitida “de apuro” por el Poder Ejecutivo al Parlamento “para salir de la situación de conflicto”.

Expresó que “no es una solución de fondo, pero es una respuesta a distintas interpretaciones y sentencias de la Suprema Corte de Justicia”.

Dijo que el proyecto garantiza la vigencia del principio de garantía de 1985, interpreta el término “dotación” como la totalidad de los conceptos retributivos, y prevé una asignación al Poder Judicial para el ejercicio 2015 autorizando a habilitar los créditos necesarios para las erogaciones, y modifica el artículo 400 del Código General del Proceso sobre la forma de financiar las condenas judiciales contra el Estado.

Inconstitucional

El senador nacionalista, Jorge Gandini, suplente de Jorge Larrañaga destacó que se está ante una “situación grave en el país”, porque considera que “hay un conflicto institucional”.

“Estamos frente a una huelga de jueces en este momento.  Hay un poder del Estado que no funciona y esa ausencia lesiona los derechos de los ciudadanos, la convivencia social. Esto es, además de grave, inédito porque es un colectivo que ha mostrado una enorme responsabilidad en el ejercicio de su función”, indicó el legislador blanco.

“Este proyecto incumple la Ley original y se aleja muchísimo de las expectativas que nos habíamos generado todos de las negociaciones que habían trascendido porque el propio Poder Ejecutivo reconoció que se iba a pagar”, manifestó en legislador de Alianza Nacional.

Gandini dijo que quedará una herencia para el próximo gobierno. “Esta Ley lo único que garantiza es una nueva declaratoria de inconstitucionalidad y una situación conflictiva inmediata para el futuro”.

Aseguró que es inconstitucional “porque rebaja salarios”, y porque “es una norma presupuestal que se aprueba al final de un periodo de gobierno contrariamente a lo que establece el artículo 16 de la Constitución”.

Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry también se refirió a las inconstitucionalidades.

“No se entiende por qué esta norma aparece como una suerte de sanción para el Poder Judicial, diciéndoles sí, pero van a tener que pagar”, sentenció.

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