Reclaman auditoría externa en ASSE

El legislador nacionalista, criticó a la Ministra el ramo, Susana Muñiz,  quien, según García, actúa de comentarista de los hechos en lugar de solucionar los problemas.

“La decisión que tiene que tomar ya es decretar una auditoría externa sobre todas las empresas tercerizadas” que tienen contrato con el Estado, dijo.

“No alcanza con auditorías internas ya que una auditoría interna hecha por las mismas personas y por las mismas oficinas a las cuales se les pasó por debajo de la mesa miles de horas de sobrefacturación que significan millones de pesos que se fueron en actos de corrupción, no da garantías de transparencia” aseveró.

García afirmó que lo que tiene que decidir la Ministra es “que  venga gente de afuera que pongan el ojo sobre todos los contratos tercerizados”.

“Los ministros no están para ser comentaristas de las cosas, están para actuar y tomar decisiones” enfatizó.

Antecedentes

El dictamen de procesamiento del fiscal Rodríguez, al que tuvo acceso El País, señala que la indagatoria judicial determina la existencia de «posibles ámbitos y comportamientos de corrupción en el ejercicio y desempeño de la función pública» que tiene «vinculación con el ámbito sindical».

La asociación civil Buena Estrella, creada en 2010 para dar trabajo a los empleados de la firma Clanider -en relación a la que también se detectaron maniobras de sobrefacturación de horas de limpieza en el hospital Maciel- contó con el respaldo de la FFSP.

Buena Estrella hizo figurar como horas trabajadas períodos de tiempo que su personal se encontraba en cursos de capacitación. De ese modo la asociación civil facturó $ 1.694.461 de más y por esa razón fueron procesados sin prisión sus cuatro responsables.

En relación a Silva, el dictamen del representante del Ministerio Público indica que «se interesó en su condición de funcionario público y actuando a veces conjuntamente y en otras, a través de Tejeira, en las gestiones comprendidas por la asociación que él mismo y Tejeira ayudaron a conformar».

Ambos, dice el fiscal, buscaron «un provecho indebido» para la asociación civil como su contratación por parte de otros hospitales dependientes de ASSE, como los centros de salud de Rivera, Pando y el Instituto Nacional del Cáncer.