INFORME

JIFE: «La legalización del cannabis en el Uruguay marca una tendencia peligrosa»

La JIFE criticó en su informe anual las políticas uruguayas de regulación en el cultivo y distribución de marihuana. El presidente del organismo, Raymond Yans, manifestó que desea volver a entablar diálogo con las autoridades uruguayas, para abordar el asunto desde el punto de vista de los tratados internacionales sobre el tema.

JIFE acusa al Uruguay de no tener a  la salud de la población como prioridad.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es un órgano de la ONU que vela por el cumplimiento de los acuerdos internacionales referidos a las drogas en todo el mundo. En su informe anual de 2013, el que fue elaborado entre setiembre y noviembre de ese año (antes de que la ley de regulación de la marihuana se aprobada por el parlamento uruguayo) se incluyó la situación uruguaya con respecto al tema.

El presidente del organismo, Raymond Yans, el año pasado había tenido un altercado mediático con el Presidente Mujica, al calificar como “pirata” al Estado uruguayo, por intentar legalizar la marihuana. Mujica, respondió en este entonces que Yans era un “viejo careta”, ya que “miente descaradamente” con respecto al tema.

Al ser el documento elaborado antes de la aprobación de la ley, este solo indica la “preocupación” del organismo ante su eventual efectividad. En el informe presentado esta semana en Londres, Raymond Yans explica que la ley de regulación de la marihuana «contraviene lo dispuesto en la Convención de 1961 y recuerda al Uruguay la necesidad de respetar los tratados».

Según la citada Convención, la única instancia en la que la marihuana puede ser de circulación libre en un país, es cuando esta tiene fines medicinales o científicos.

“En Uruguay se aprobó en diciembre una legislación considerando la legalización de la producción y venta del cannabis para propósitos no médicos. La INCB (Junta Internacional de Control de Drogas) ha reiterado que esa legislación contraviene la Convención de 1961, de la que forman parte 186 estados, incluido Uruguay”, dijo Yans al presentar el informe.

Renovar la cooperación con el Gobierno

En el informe, la JIFE remarca el impacto negativo que la ley de regulación de marihuana podría generar en otros gobiernos, y acusa al Uruguay de no tener a la salud de la población como prioridad.

“La legalización del cannabis en el Uruguay marca una tendencia peligrosa» informa el organismo. También agrega que «cuando los gobiernos piensen en adoptar futuras políticas en ese ámbito, deberían anteponer a cualquier otra consideración la salud y el bienestar de la población».

Siempre teniendo en cuenta que el informe se redactó antes de la aprobación de la ley, este insta a “las autoridades del Uruguay a que velen por que su país siga cumpliendo plenamente el derecho internacional, y que restrinja el consumo de estupefacientes, incluido el cannabis, a fines exclusivamente médicos y científicos».

Con respecto a la situación actual, el presidente de la JIFE indicó en la conferencia de prensa, que desea volver a tener diálogo con el Gobierno uruguayo, para “renovar la estrecha cooperación”, ya que calificó las relaciones actuales con las autoridades de nuestro país, como “difíciles”.

«Tengo ganas de renovar una estrecha cooperación con el Gobierno de Uruguay para abordar el asunto de acuerdo con los tratados de los cuales Uruguay forma parte», dijo Yans.

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