Plan del FA para un gobierno progresista

Mayor control de la fuerza política a sus gobernantes, participación de los funcionarios estatales en la gestión de las empresas públicas y la transferencia del poder de decisión a la sociedad civil, son algunas de las conclusiones de un documento interno que discute el Frente Amplio.

Escrito por: VICTOR ABELANDO

La relación fuerza política-gobierno-sectores sociales es, a partir de algunos episodios registrados en Montevideo, una preocupación del EP-FA. Por tal razón, la presidencia de la coalición de izquierda instaló una Comisión que elaboró un documento, al que tuvo acceso LA REPUBLICA, para la discusión de las estructuras frenteamplistas. El informe establece una mayor ligazón del gobierno con la fuerza política, y fija estructuras para el control programático y estratégico. En cuanto a la relación con los trabajadores, si bien prevé la posibilidad de conflictos, propone la participación de aquellos en la gestión de las empresas públicas y la transferencia de poder a un sujeto social, que institucionalice el acuerdo social que creará el nuevo bloque de sustento de un “gobierno popular”.

El documento plantea que el gobierno progresista, “además de instalar su equipo, para llevar adelante su programa tendrá que modificar una burocracia instalada al servicio del bloque de poder. Y eso no será tarea fácil. Llevará tiempo y esfuerzo. Pero para hacerlo el EP-FA también tendrá que cumplir con su propósito de transferir capacidad de decisión a la gente y transformar al pueblo en un protagonista activo, que gestione sus propios intereses y participe en la difícil tarea de gobernar el país.

El FA se ha construido a sí mismo a partir de la aplicación de ese principio, y hay que tener en cuenta que la construcción de una fuerza política anticipa la construcción del gobierno de esa fuerza política. No se puede, por lo tanto, aplicar determinados principios para la construcción de la fuerza política, y aplicar otros distintos para construir el gobierno”. De ahí, afirma el texto, que la descentralización política y la participación ciudadana tienen que formar parte del funcionamiento del nuevo gobierno progresista.

Uno de los primeros capítulos del documento se centra en la necesidad de definir el relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y la fuerza política. Por tanto, establece tres pilares para la misma: “autonomía relativa, es decir, el mutuo reconocimiento de que hay ámbitos, reglas y tiempos que son distintos y que cada actor tiene derecho a ser reconocido como tal (el término ‘relativa’ ayuda a entender que no estamos hablando de disociación o ajenidad)”; coordinación, o sea, los “mismos objetivos estratégicos, por lo que debe buscarse que se potencien mutuamente, que sean armónicas y entendibles como parte de una misma línea de acción estratégica”; responsabilidad, por tanto “la toma de decisiones y la definición de cursos de acción deben implicar que quien las asume esté dispuesto a hacerse cargo de las consecuencias y cómo éstas afectan a otros actores políticos y sociales”.

Entre las múltiples responsabilidades que están a cargo de una fuerza política, el documento destaca la de controlar la aplicación del Programa Nacional y Plan de Gobierno.

El gobierno progresista

Para la Comisión, “el gobierno es de la fuerza política. Ella es la que, a través de sus organismos establece y fija las líneas generales de su Programa Nacional y Plan de Gobierno y dentro de ellas el gobierno de la fuerza política se tiene que manejar. Obviamente, al ser sometidas a la voluntad ciudadana en el proceso electoral, estas líneas también adquieren la calidad de compromiso ante la sociedad.

La fuerza política deberá evaluar, permanentemente, lo que realiza el gobierno en función de lo definido en las instancias orgánicas, y su compromiso con la ciudadanía, teniendo presente que en el Programa hay cosas centrales, otras no tanto y otras menores, secundarias, y que su enfoque debe apuntar a lo medular, no a lo cotidiano”.

Más adelante, añade, “tal como decíamos más arriba, no hay ni puede haber autonomía o independencia total. El gobierno progresista será producto de la responsabilidad del FA y sus aliados y de los que lo construyeron y lo construyen día a día”.

Incluso, el borrador afirma que “se ha interpretado mal la frase referida a la necesidad de cortar el cordón umbilical entre la fuerza política y el gobierno: ello refiere al gobierno cotidiano, pues no se puede gobernar al ritmo del funcionamiento de la fuerza política.

Esta es mucho más lenta que el ritmo del gobierno, y por lo tanto, una vez instalado el gobierno, tendrá su propio ritmo y, en los aspectos cotidianos, no puede esperar a las definiciones de la fuerza política”.

Una condición establecida por el documento es la necesidad de “asegurar el gobierno de la fuerza política, con un programa apoyado y compartido por los sectores sociales que componen el pueblo y los que necesitan del desarrollo del país soberano para encontrar un principio de satisfacción a sus necesidades y sus problemas”.

En cuanto a la coordinación y control programático de parte de la fuerza política, la Comisión plantea crear la Agrupación Nacional de Gobierno, que “deberá estar integrada por el Vicepresidente de la República, los Ministros integrantes de la Fuerza Política, los Intendentes electos por la fuerza política, el Presidente y el Vicepresidente de la misma, así como las direcciones políticas de éstas, y los legisladores electos. Esta Agrupación se reunirá periódicamente una vez al mes o toda vez que se necesite consultar a la fuerza política y sus decisiones abarcarán al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo”. Asimismo propone instalar una Mesa de dicha Agrupación, integrada por el vicepresidente de la República, presidente y vicepresidente de la fuerza política, los coordinadores de bancada del Senado y la Cámara de Diputados y delegados de base.

Cogestión

En el tramo de análisis del relacionamiento con los trabajadores y las organizaciones sociales, el documento advierte que “el acceso de la fuerza política al gobierno, aun en lo exitoso del proceso iniciado, no elimina la contradicción de intereses entre el trabajo y el capital, y el Estado y sus funcionarios asalariados. La propia idea de Acuerdo Social lo avala. El gobierno progresista debe reconocer desde un primer momento tal hecho y las luchas económicas y los conflictos que sin duda se han de generar”.

Para la Comisión, una de las condicionantes del nuevo gobierno es la conformación de un bloque de apoyatura, que tendría su concreción en un “acuerdo social”. Ello permitiría la transferencia, de acuerdo a la idea de descentralización del poder, hacia un sujeto social que no puede ser fragmentado, “sino que hay que construir el sujeto social colectivo, y ese es el gran problema a resolver por la fuerza
política: hacia dónde transfiere capacidad de decisión, cuánto se transfiere y cómo se
transfiere”.

Para el caso de los trabajadores, el texto reconoce problemas adicionales como el de “crear un organismo de los trabajadores capaz de gestionar o cogestionar las empresas del Estado. Ello, a su vez, conduce a otro problema: el de establecer la relación entre ese organismo y el sindicato.
¿Es una comisión del sindicato? ¿independiente del sindicato? ¿hay que ser afiliado al
sindicato para integrarlo?”

No obstante, el texto señala que el carácter popular es dado, más que por la relación con los trabajadores, “por cómo resuelve los necesidades de la gente y los problemas de la gestión”. En el capítulo siguiente plantea algunas medidas concretas a resolver con los empleados estatales, cuando el EP-FA asuma la conducción del país, a saber: la reducción de la jornada laboral; eliminación de las horas extras (solamente como situación extraordinaria); legislación colectiva; fuero sindical (garantías, reglamentación); integración de trabajadores a la direcció
n en organismos públicos; comités de empresas y comisiones paritarias. *