Justicia de Salto decretó el archivo del "affaire Morelli"

El archivo se produjo pues la representante del Ministerio Público, doctora Adriana Costa, no pidió el diligenciamiento de nuevas pruebas y, según la fiscal, con los hechos existentes en el expediente no halló mérito para solicitar el procesamiento del ex legislador nacionalista. El contador León Morelli se había beneficiado en aquella ocasión con la venta de una casa en 65 mil dólares, la cual el día anterior se la había comprado a la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, de la cual era presidente, en 21 mil dólares.

La fiscal Adriana Costa, luego de analizar el voluminoso expediente donde se compendiaba el informe de una comisión investigadora parlamentaria y las denuncias formuladas por LA REPUBLICA en su edición del 5 de marzo de 1995, entendió que no se debía pedir el diligenciamiento de nuevas pruebas y que con las existentes el Ministerio Público no estaba en condiciones de solicitar el procesamiento del ex legislador y ex presidente de la CTM de Salto Grande. En virtud de ello, la jueza letrada interviniente ordenó el archivo del expediente judicial.

44 mil dólares en un día

Como se recordará, el ex diputado por el Herrerismo había efectuado la compra de una casa propiedad de la CTM en 21 mil dólares, y la había vendido al día siguiente en la friolera de 65 mil dólares. Manipuló en la oportunidad, para su compra, el mantenimiento del dólar al precio de seis meses antes, lo cual reducía sensiblemente la tasación del bien. Otros dos beneficiados por esa resolución, los ingenieros Julio Young y Raúl Cristar Di Mauro, pagaron al organismo binacional la diferencia en las cotizaciones con el dólar a precio real al efectuar el pago de las viviendas, pero Morelli nunca reembolsó la diferencia de la cotización.

El negocio inmobiliario y otras irregularidades cometidas durante su gestión fueron denunciadas por LA REPUBLICA en su edición del 5 de marzo de 1995. Ello tuvo como consecuencia la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, la cual, al comprobar las denuncias, resolvió pasar los antecedentes a la Justicia. Por su parte, el contador Morelli inició un juicio penal a LA REPUBLICA, del cual su Director, Dr. Federico Fasano Mertens, fue sobreseído y el caso archivado.

Parlamento negó desafuero de Morelli

La Suprema Corte de Justicia resolvió en aquella instancia que era el Juzgado Letrado de 4º Turno el que debería tener competencia en el caso, derivando al mismo los antecedentes del «affaire Salto Grande». El doctor Alvaro França, quien era en ese momento el titular de la sede, solicitó a la Cámara de Representantes el levantamiento total de los fueros en dos oportunidades. La rama baja parlamentaria sólo autorizó un desafuero parcial para que el contador Morelli puediera concurrir a la sede y ser interrogado sobre la venta de la vivienda B2 del Barrio San Martín, que el diputado herrerista adquirió a precio muy bajo a la CTM y que vendió al día siguiente ganando 44 mil dólares.

Dicho procedimiento no satisfizo al magistrado salteño, quien reiteró su pedido a la Cámara, reclamando un levantamiento total de las inmunidades parlamentarias de que gozaba Morelli. Era pretensión del entonces juez França, según fuentes judiciales, que Morelli compareciera en su despacho en calidad de indagado y, si cupiera, iniciar acciones procesales. Sin embargo, la comisión parlamentaria consideró que la reiteración del juez «no agregaba elementos nuevos» que ameritaran el desafuero total de Morelli. Ante ello, el doctor França solicitó al Poder Legislativo que se le comunicara el momento en el cual el diputado Morelli cesaría en sus fueros para poder proceder en consecuencia, hecho que ocurrió el 15 de febrero de 2000.

La sede salteña, desde noviembre del año 1999, quedó a cargo del doctor Dardo Nievas, procedente de Young, el cual subrogó al juez que con firmeza llevaba la causa adelante, doctor Alvaro França, quien fue inesperadamente ascendido al designarlo como titular del Juzgado 16º de la ciudad de Montevideo. Posteriormente, el expediente tuvo un largo derrotero porque el nuevo juez Dardo Nievas efectuó una consulta a la Suprema Corte de Justicia acerca de si su Juzgado tenía competencia para entender en un hecho acaecido en un organismo binacional. Como el jerárquico de la Justicia uruguaya entendió que efectivamente así era, el voluminoso expediente volvió al Juzgado y fue derivado al Ministerio Público para vista fiscal. Luego de dos años en la Fiscalía, el pasado mes de febrero la doctora Adriana Costa lo devolvió a la sede penal sin reclamar el diligenciamiento de nuevas acciones probatorias ni el procesamiento del ex legislador.

LA REPUBLICA solicitó a la doctora Silvia Roibal, titular del Juzgado Penal, el acceso al expediente y a los fundamentos del Ministerio Público para no diligenciar más pruebas ni solicitar el procesamiento de Morelli. Porque de su accionar, según el informe de la comisión investigadora parlamentaria, como presidente de la CTM, se presumía una clara «conjunción del interés público con el privado». Sin embargo, según se explicó en la baranda del Juzgado a este corresponsal, el expediente aún no estaba en condiciones de ser proporcionado a la prensa. *