AVIONES

SCJ posterga decisión sobre recursos contra de Ley de liquidación de PLUNA

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) postergó para la segunda semana de noviembre, luego de una audiencia pública, su decisión sobre la constitucionalidad de la Ley que determinó la liquidación de PLUNA.

La Ley quitó del proceso de liquidación y concurso los aviones que eran propiedad de la ex aerolínea de bandera nacional.

Este miércoles los ministros de la SCJ sesionaron, luego del análisis de los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley del  Ejecutivo de julio de 2012 que habilitó la subasta de los aviones de PLUNA, con el cometido de pronunciarse sobre la normativa.

Sin embargo, no se alcanzaron la mayoría necesaria, ni a favor ni en contra, para decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la normativa.

Por tal motivo, decidieron convocar a una “audiencia pública” para el miércoles 6 de noviembre.

En ese marco, quienes presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la Ley que habilitó el cierre de PLUNA tendrán la oportunidad de plantear sus fundamentos ante los magistrados.

Luego de dicha instancia, los ministros de la Corte de Justicia volverán a analizar los elementos para adoptar una resolución sobre la constitucionalidad de la Ley.

La Ley quitó del proceso de liquidación y concurso los aviones que eran propiedad de la ex aerolínea de bandera nacional.

Asimismo, la normativa evitó que los acreedores de la ex PLUNA pudieran ir en contra de esos aviones, por lo cual parte de los mismos pudieron ser vendidos a la nueva compañía, la que será gestionada por parte de los trabajadores.

Recursos

Por su parte, la abogada Gisleine Barboza, representante de un grupo de damnificados expresó, en declaraciones a Montevideo Portal, que en caso de que la Ley se declare inconstitucional los aviones “vuelven al activo de PLUNA y se convierten en bienes para el pago de los acreedores”.

“De esta manera, quedaría invalidad la subasta de los aviones, en la que finalmente no hubo comprador, y la posterior venta de tres de ellos a la empresa gestionada por los ex trabajadores de la aerolínea”, remarcó.

Barboza considera que la Ley “es claramente violatoria de la Constitución, desde el principio de igualdad hasta las garantías del debido proceso”.

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