El Foro Batllista fustiga al juez y al fiscal que actuaron en caso Blanco

El Foro Batllista volvió a cuestionar el viernes la decisión de la Justicia de encarcelar al ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, por la desaparición de la maestra Elena Quinteros.

En la nota editorial principal de Correo de los Viernes, titulada Desafuero Judicial, el Foro defendió una vez más el alcance de la Ley de Caducidad.

En la nota se sostiene que la amnistía implementada en la ley «es genérica y hace desaparecer el delito. Por supuesto la ley no distingue entre civiles y militares. Se trata de los delitos ‘cometidos’ por militares y policías, como es justamente el triste caso de la maestra Elena Quinteros. Lo amnistiado es el delito y si no hay delito no puede haber culpable».

El Foro sostuvo que «esto parece elemental, pero desgraciadamente no lo es para el Juzgado y el Tribunal que, actuando en el caso Blanco, han establecido la extragavante doctrina en función de que aún no habiendo delito ni autor, un «civil» puede ser «co-autor» de ese delito que se extinguió. El texto de la ley es claro pero si alguna duda pudiera haber bastará consultar a quienes la redactaron y votaron para advertir que su espíritu fue el de doblar la hoja y mirar hacia delante».

Se afirma además que en este caso «el juez no podía actuar» y debió «consultar al Poder Ejecutivo y éste es quien debía informar si estaba o no comprendido en los términos de la ley. Y si así se disponía, la ley ordena clausurar y archivar los antecedentes. Esto podrá gustar o no».

«El hecho es que eso fue lo que se consagró en la ley y no puede ser que se saltee su texto, no se consulte al Ejecutivo y se siga adelante como si ella no existiera. La invocación, por otra parte, al «delito permanente» escandaliza a la más elemental razón. ¿Quién puede invocar la existencia continuada, hasta hoy, de un presunto delito de «privación forzosa de libertad»? 18 años después de la restauración democrática, con un país absolutamente libre, con un territorio abierto y alcanzable por la mirada general, ¿cómo puede hablarse de que alguien está privado de su libertad y secuestrado? Si esto era ciencia-ficción antes, luego que una comisión designada por el gobierno e integrada por gente de todos los horizontes políticos y sociales, llega a la conclusión de que la persona involucrada está muerta, desgraciadamente, desde 1976, ¿cómo puede seguirse hablando de una privación de libertad que continúa? Decir que esta investigación no es «vinculante» u obligatoria para la Justicia es otra aberración jurídica y lógica. Primero, porque como ya dijimos, la Justicia es quien no podría actuar, pero luego que actuó no puede simplemente ignorar la realidad.

Y si ella dice que alguien no existe porque todos los informes indican que está muerta, sólo podría invocarse aquel extravagante delito si alguien aportara por lo menos un indicio de que la víctima vive y está secuestrada. Pero estamos en pleno desafuero. Ya la presunción de inocencia no opera y en consecuencia el ex canciller Blanco sigue preso aunque no haya delito ni autor». *