ASAMBLEA URUGUAY

Ley de Medios: debate FA y canales privados mostró diferencias casi insalvables

En una mesa de debate convocada por el sector de Asamblea Uruguay del Frente Amplio, representantes del gobierno y de los medios privados de difusión, pusieron en el tapete sus posturas en relación a la Ley de servicios de comunicación audiovisual, mostrando que existen posturas en principio insalvables para llegar a un acuerdo mutuo con que llevar adelante lo que aspira la nueva norma.

El grupo político liderado por Danilo Astori, convocó a un debate del que participaron el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, así como el asesor de la Secretaría de la Presidencia, Gustavo Gómez, en representación de la idea gubernamental. El presidente de la Asociación de Broadcasters (Andebu), Rafael Inchausti, y la expresidenta del gremio de los publicitarios (Audap), Patricia Lussich, hicieron lo propio por la concepción de los privados.

De “fundamental” a “anticonstitucional”, todo fueron adjetivos

El ministro de Industria consideró que la nueva ley será “fundamental” en tanto habrá principios como la transparencia a la hora de entregar señales, la creación de una nueva institucionalidad y la potenciación de contenidos de la industria nacional, que defenderán los intereses de la ciudadanía en primer término, por encima del interés de los empresarios.

Desde ANDEBU se afirma que el plan afecta las libertades, y exige un reconocimiento a la trayectoria de quienes hasta ahora han usufructuado las ondas. Inchausti dijo que se “atenta contra principios constitucionales” e incluso refirió que hay una suerte de intimidación al trabajo de los medios.

Por su parte Gustavo Gómez, asesor en telecomunicaciones de Presidencia, refutó a los privados enfatizando que “este proyecto no lo redactó ningún censor”, yendo más allá todavía en el sentido que “tampoco lo redactaron cuatro gatos locos izquierdistas”,

Recordó en tal sentido que la propuesta ya había sido consultada con los privados en 2010 y que la normativa está asimilada a la de Dinamarca, Suecia y Chile, entre otros países donde no se cuestiona por la ley que la democracia sea una realidad.

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