El fiscal remitido representó al Ministerio Público en varios seminarios en el exterior

En 1999 García Altolaguirre participó de un encuentro en Buenos Aires, en 2000 de otro en España –en ambas ocasiones junto a otros fiscales penales de nuestro país– y el 22 y 23 de noviembre de 2001 asistió en representación del Ministerio Público y Fiscal al Seminario de Cooperación Penal Internacional en el Mercosur, en la Escola Superior Do Ministerio Público Da Uniao de Porto Alegre.

Este último seminario dio lugar a que en mayo de 2002 el primer número de la serie Monografías, del área de capacitación del Ministerio Público y Fiscal fuera un trabajo de García Altolaguirre, cuyo tema es «Lavado de Dinero, Prevención y Represión en el Sistema Jurídico Uruguayo». En la presentación de dicha monografía, el fiscal de Corte Oscar Peri Valdez señala que la monografía es un trabajo teórico realizado por el doctor García Altolaguirre «con una visión práctica, pues aporta a quien lo lee una visión operativa sobre el tema abordado. El elegido en esta ocasión, hace al nuevo rol del Ministerio Público del siglo XXI y ofrece la nota distintiva de ser un fenómeno ligado a factores como la globalización, el riesgo, la economía y el desarrollo de la sociedad entre otros. En definitiva, muestra una forma de hacer las cosas que constituye toda una cultura delictiva».

Aplicando la ley sin perjuicio de sus imperfecciones

En la introducción, García Altolaguirre expresa que la invitación al seminario en Porto Alegre donde expuso sobre el lavado de dinero le dio la oportunidad de encarar este trabajo que tenía pendiente desde hace algunos años. «Descartamos de plano, partir de la dogmática jurídica, esto es, del análisis de la normativa en sus distintos aspectos y en el marco de la teoría del delito, sin que ello implique por cierto, prescindir de la misma, porque deseamos encarar el tema desde la óptica de nuestra posición institucional como fiscales penales, representantes de la sociedad, encargados de aplicar la ley (sin perjuicio de las imperfecciones que técnicamente pueda tener), concibiendo la misma como una herramienta que permita alcanzar fines tales, como neutralizar ciertas operativas de tráfico ilícito o reforzar la tutela de determinados bienes jurídicos vulnerados por la comisión de ciertos delitos, aún cuando ella pueda revelar una política criminal desordenada, como la de tipificar simultáneamente, dentro del mismo sistema penal, distintos delitos de lavado, procedentes de diferentes delitos», afirma García Altolaguirre en la monografía.

«Por la misma razón, nos alineamos con aquellos que consideran, que los principios tradicionales del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal, han revelado ser ineficaces para combatir las modernas formas de criminalidad organizada y que por tanto, sin renegar de la dogmática, es preciso cambiarlos y hacerlo lo antes posible, sin mengua del respeto absoluto, a los límites constitucionales y dentro de ellos, particularmente, de los relacionados con las garantías individuales, propiciando la admisión de soluciones que tengan cabida dentro de éstos, tanto en la forma de probar los delitos, como en la de sancionarlos», sostiene.

«No ignoramos que pueda criticarse esta postura, diciendo que todo esto responde a un esquema estímulo-reacción, que no es el más recomendable desde el punto de vista de la dogmática jurídica. Sin embargo, estímamos en primer lugar, que la política legislativa no es de resorte del fiscal, sino del Parlamento y en segundo lugar, que como es sabido, el proceso de sanción de las leyes insume tiempos que no se compadecen, con la velocidad con que van cambiando las distintas modalidades delictivas, por lo que en la medida en que se respeten las garantías constitucionales, como hemos dicho antes, es preferible esto (adecuar la ley, de modo de dar respuesta a los nuevos fenómenos criminológicos), que seguir esperando a que el propio derecho penal y las otras ramas del derecho, manteniendo sus lineamientos tradicionales y en forma multidisciplinaria, proporcionen una base teórica que debería ser analizada con mucho tiempo y cautela por el legislador, para llegar a obtener un producto legal de alta calidad técnica, ya que si esto fuera posible, aspecto sobre el que tenemos muchas dudas, en todo caso tendría la consecuencia inevitable, que al alcanzar vigencia la norma sancionada de esta manera, resultaría eficaz, porque la realidad tomada en cuenta para operar sobre ella, ya se habría modificado nuevamente, en forma sustancial, durante el trámite legislativo», añade. Fuentes judiciales informaron que la indagatoria que llevó al procesamiento de García Altolaguirre y un funcionario de la fiscalía continuará luego de semana de Turismo, con los testimonios entre otros de varios abogados. El caso está en manos del juez Alvaro França y la fiscal Olga Carballo, quien de oficio pidió el comienzo de la investigación. García Altolaguirre también es profesor adjunto de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. *