El gobierno quiere excarcelar al ex canciller Blanco "por la vía que sea"
Hasta el momento, los colorados analizan si llevan adelante una ley interpretativa de la Ley de Caducidad, para que también abarque a los civiles que estuvieron vinculados a la dictadura, o directamente otorgan a Blanco un indulto o una amnistía.
Fuentes de la Lista 15, consideraron que el camino más viable es aprobar el proyecto del diputado de ese sector, Daniel García Pintos, que realiza una interpretación de la Ley de Caducidad, que extiende la amnistía dada a militares y policías, a los civiles «que hubieren participado a cualquier título» en la dictadura. «Con este proyecto se termina con todo de una vez», dijo la fuente colorada en alusión a la posibilidad de que otros civiles vinculados a la dictadura sean llevados a la Justicia, como podría ocurrir con el ex presidente Juan María Bordaberry.
La semana próxima, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara baja, citará a representantes del gobierno para analizar el proyecto.
En tanto, las alternativas a la ley, pasarían por un indulto o una amnistía especial para Blanco. Ambos institutos están comprendidos en el artículo 85, inciso 14, de la Constitución. El primero requiere los votos de los 2/3 de la Asamblea General (es decir hasta la izquierda debería dar su apoyo), y el segundo, la mayoría absoluta de ambas cámaras.
Pese a que existen estos tres caminos para encontrar una solución al problema que le generó a los colorados el caso Blanco, hasta hace pocos días, desde el Poder Ejecutivo se manejaba otro tipo de alternativa. Según fuentes oficiales, el camino que quería emprender el presidente Batlle pasaba por la Comisión para la Paz y su informe final que será entregado la semana próxima.
«Se buscaba una salida legal con la declaración de la muerte de los desaparecidos», explicó la fuente. Se agregó que la Presidencia no estaba manejando la idea de una ley interpretativa, pese a que un legislador del sector había presentado una propuesta.
Hasta el momento, es el Foro Batllista cuyo líder impulsó la Ley de Caducidad el sector colorado que manifiesta de forma más estridente su malestar a la decisión de la Justicia de condenar a Blanco.
Ayer, el dirigente forista y vicepresidente Luis Hierro, en diálogo con radio El Espectador aseguró que hará una fuerte defensa para evitar que se vuelva a cometer un «error» como en el caso Blanco. «Mi punto de vista es que, sea por la vía que sea, el país no puede reingresar en esta etapa de las revisiones. Y estoy dispuesto a defender esta posición política en todos los términos, en los más terminantes y exigentes términos políticos, porque creo que estamos cometiendo un grave error. Se abrió lamentablemente un capítulo que estaba cerrado, y que no debe abrirse porque le va a hacer daño al país y le va a hacer daño a todo lo que hemos logrado en este tiempo», dijo.
«La sociedad y el Estado resolvieron no juzgar a los autores, y ahora por vericuetos jurídicos e interpretaciones ¿vamos a juzgar a los coautores? Creo que es un error y creo que el país tiene que pensarlo, tiene que ver cómo administra este nuevo tiempo, esta nueva situación y estos hechos, y eventualmente esto reclame alguna solución legal que, naturalmente, dependerá de los acuerdos políticos y parlamentarios que podamos hacer en torno al tema», sostuvo.
Justicia «imparcial»
El tema no quedó ahí. En una de las editoriales de Correo de los Viernes, medio de comunicación del Foro, se destacó ayer la lucha que sus dirigentes, «como pocos», realizaron contra la dictadura, y defendió a Blanco, y puso dudas sobre la imparcialidad de la Justicia en el caso.
En la nota el Foro aclara que «nunca» compartió «la actitud del Dr. Blanco de actuar como Ministro de la dictadura». Agrega que quienes integran el sector de Julio Sanguinetti «nos enfrentamos a ese gobierno como pocos, fuimos proscriptos, luchamos de verdad (no como muchos otros que ahora aparecen y entonces no se vieron) e hicimos todo lo necesario para salir de la situación». El Foro sostiene que la ratificación por parte de la Justicia del procesamiento de Blanco «está reñido con la lógica de la salida democrática. Y reñido con el derecho». Se sostuvo que «no hay delito sin ley que lo diga y en nuestro derecho no existe el delito de privación forzosa de libertad»; «la ley de caducidad amnistió (o renunció a la pretensión punitiva del Estado, que es lo mismo) ciertos «delitos». Lo amnistiado es el delito, no las personas. (…) Si alguien, como reconoce la sentencia, no participó de la operación ni supo cuando se planeaba, ¿cómo puede ser coautor? Podrá ser, a lo sumo, encubridor pero nunca autor o coautor. Que la prueba de un memorándum interno, con hipótesis de trabajo, no demuestra nada de nada. Quien lea las transcripciones que la propia sentencia queda en claro que allí no se demuestra la coautoría de nada, sino que ocurrió lo que es habitual en cualquier Cancillería: estudiar en teoría las hipótesis posibles, para tenerlas previstas». En la nota se afirma que si bien los jueces actuantes son independiente existe una «gran duda» respecto a su imparcialidad. «Los razonamientos simples y claros que hacemos lo demuestran. Y, lo que es peor, siguen acumulando razones para pensar que la idea que tenían muchos de producir en los hechos un desborde de la ley de caducidad, lentamente se va consumando». *
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