JUSTICIA

Citan indagados por dinero “K” pero debe haber delito “precedente” en Argentina

Durante la semana que se inicia la Justicia uruguaya ultimará detalles para que en la siguiente, la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez, comiencen las indagatorias con quienes aparecen involucrados en el caso de fondos ilícitos argentinos que habrían sido derivados a nuestro país.

Palacio Piria, sede de la Cortes Suprema de Justicia

La denuncia, presentada por los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido apunta a una red de corrupción que sacó desde el país vecino cuantiosas sumas a partir de ilícitos con fondos públicos. El dinero se habría “lavado” en Uruguay, tanto a nivel bancario, como financiero e incluso comprando inmuebles, según denunció el periodista Jorge Lanata.

Pero para que la Justicia uruguaya pueda probar que hubo un lavado de activos, debe de existir un delito “precedente” cometido en Argentina, que originó los fondos que era necesario “lavar”. Será el juez argentino Sebastián Casanello, quien falle sobre el particular una vez que concluya su investigación: si no hay delito en Argentina, tampoco lo habrá en Uruguay.

Las pruebas a la vista no parecen capaces de mucho

La “vía Uruguay” para lavar el dinero que Lanata imputa en última instancia al matrimonio Kirchner cuenta con las pruebas que el periodista del grupo Clarín ha dado a conocer en su programa de televisión.

Sus afirmaciones alegan que se trasladaron bolsos con dinero a Uruguay por vía aérea y fluvial; su interpretación que en Uruguay se lava dinero demostrada por lo que se “en cualquier esquina de Punta del Este”; su afirmación que en los bancos uruguayos nadie pregunta de donde sale el dinero para depositar pese a que sean millones de dólares; su prueba más acabada: que es posible viajar en lancha de Tigre a Carmelo, sin ser inspeccionado.

También Lanata acusó a la Migración de Uruguay que no controla las avionetas que viajan desde la vecina orilla.

La jueza uruguaya no obstante tiene un caso algo más intrincado: la compra de un campo en Punta del Este por U$S14 millones, a cargo de empresarios involucrados en el presunto dolo. Sin embargo los mismos compradores e intermediarios en el negocio se han ofrecido ya para presentarse ante la Justicia a declarar por el tema y seguramente estén entre los primeros indagados de la jueza.

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