Oficiales uruguayos negaron su participación en secuestro y asesinato del ex agente Berríos

El juez chileno únicamente asistió al interrogatorio, en el marco del tratado de cooperación judicial, vigente entre ambos países desde la década de los ochenta.

Los altos oficiales, que concurrieron a la sede judicial en calidad de testigos, negaron su participación en el secuestro y asesinato del ex agente de la dictadura chilena Eugenio Berríos aseguró anoche su abogado el doctor Amadeo Otatti a la salida del Juzgado y tras casi once horas de audiencia ininterrumpida.

El abogado destacó la actitud de los tres integrantes del cuerpo de oficiales superiores, no se ampararan en su derecho de responder por escrito. «Esto hubiera frustrado prácticamente la venida del juez chileno. Era la intención de ellos aclarar hechos en los que no tienen ninguna responsabilidad», agregó.

Por su parte, el magistrado chileno, que investiga el mismo caso en su país, se mostró satisfecho con la actuación de la Justicia uruguaya y el nivel de colaboración encontrado en la sede penal. Madrid recalcó su interés en que el caso se aclare en forma definitiva. Consultado sobre si creía que los oficiales uruguayos interrogados eran los responsables del homicidio, respondió que «la Justicia uruguaya está actuando como corresponde; sobre punto aquí van a obtener las respuestas ustedes mismos». Casella, Radaelli y Sarli debieron responder, por separado, a cuarenta y tres preguntas  formuladas por la Justicia uruguaya , en cumplimiento del exhorto de la Justicia de Chile, en torno a los hechos que derivaron en el homicidio del ex químico de la DINA (Policía secreta de Pinochet). A la salida del Juzgado, ninguno aceptó responder preguntas de los periodistas.

También fueron citados a declarar los policías Helvio Hernández Marrero, ex jefe de la Comisaría de Pando y el coronel (r) Ramón Rivas, jefe de la Comisaría de Parque del Plata, en donde Berríos denunció su secuestro. A su vez deberán comparecer a la sede penal el marino retirado Hugo Cabrera Villarroel y su esposa, domiciliados frente al chalet «Eduleo» en el cual Berríos permaneció recluido, entre otros testigos relacionados con el caso.

El caso, reabierto hace un año y medio, aún no está cerrado para la Justicia uruguaya, que proseguirá, hoy y mañana, las indagatorias a nuevos testigos.

En otro oficio, los Tribunales chilenos requerían una copia del expediente que se tramita en Uruguay. La Justicia local no hizo lugar a ese pedido en virtud de que las actuaciones se encuentran aún en la etapa presumarial. A su vez, la Fiscalía uruguaya había solicitado a su similar chilena copia del auto de procesamiento en el cual varios militares chilenos fueron acusados de participar directamente en el homicidio. El trámite está pendiente de respuesta.

Seis militares de ese país, incluidos los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubia y el capitán en actividad Pablo Rodríguez Márquez, fueron inculpados por ese crimen.

En 1991, el ex agente ingresó al Uruguay en forma clandestina, en momentos que la Justicia chilena lo requería para testificar ante el juez Adolfo Bañados por la muerte en Washington del ex ministro Orlando Letelier.

El ex agente, custodiado por militares chilenos y uruguayos, se hospedó en varios apartamentos arrendados en Montevideo. En noviembre de 1992, Berríos fue visto en la Comisaría de Parque del Plata, donde denunció haber sido secuestrado. Allí, en un confuso episodio, los policías lo entregaron a unos militares. Con posterioridad a esa fecha, testigos aseguraron haberlo visto con vida en Montevideo. Al tomar estado público, a mediados de 1993, el caso derivó en nuestro país en un escándalo institucional. Su cuerpo fue encontrado en abril de 1995 en una playa del balneario El Pinar, y recién dos años después, la Justicia lo identificó. *