Gobierno envía al Parlamento ley que profundiza medidas antitabaco

El proyecto pretende modificar un articulo de una ley del 2008 que excluía de la prohibición de publicidad al exterior de los puntos de venta, anulando la excepción y prohibiendo «la exhibición de los productos de tabaco, sus derivados y accesorios para fumar en dispensadores» y estanterías en los locales comerciales.

Para permitir a los consumidores saber qué productos expenden los locales, se permitirá exhibir una lista con nombres de los productos con su respectivo precio, a la que se sumarán las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública adviertiendo de los efectos nocivos que causa el consumo de tabaco en la salud.

Además, se pretende prohibir el «uso de logos o marcas o elementos de marca en productos distintos al tabaco», la «elaboración o venta de alimentos, golosinas» con forma de tabaco y la colocación de marcas o logos de tabaco en juegos, video juegos o juegos de computadora.

Uruguay se transformó en 2006 en el primer país de América Latina en prohibir fumar en espacios públicos, a través de un decreto del entonces presidente Tabaré Vázquez, quien hizo de la lucha antitabaco una cruzada nacional.

A su vez, está prohibida la publicidad del tabaco y sus derivados en los medios de comunicación. Otra de las medidas impulsadas por Vázquez eliminó la posibilidad de vender variedades de cigarrillos con rótulos como «light» o «mild» y se estableció un fuerte aumento impositivo que elevó el precio del producto.

 

Litigio internacional

Algunas de estas medidas expusieron a Uruguay a una demanda de la multinacional Philip Morris (PMI), que a comienzos de 2010 denunció al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial (BM).

En la demanda, la tabacalera afirma que con algunas de sus medidas antitabaco el país violaba un tratado bilateral de inversiones con Suiza, donde está la sede de la multinacional.

Las dos medidas por las que protestó PMI fue la prohibición de comercializar más de un tipo de variedad de cada marca y otra fue el aumento hasta el 80% de la superficie de la cajillas de cigarrillos de la advertencia sobre daños potenciales del hábito de fumar.

En febrero se realizó en París la primer audiencia del litigio entre PMI y Uruguay para que el tribunal se pronuncie solamente sobre la pertinencia de la jurisdicción del tribunal, que el país sudamericano objetó, decisión aún pendiente.

Si la objeción sobre jurisdicción presentada por Uruguay es rechazada, el proceso continuará sobre las cuestiones de fondo y podría durar varios años.

Días atrás, la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, informó que en los últimos cinco años el consumo de tabaco en el país se redujo un 10% aproximadamente. Se estima que el 20% de la población es fumadora. AFP