Radiotelevisión

Parlamento recibe esta semana el proyecto de ley de medios: fuertes cambios

El proyecto para la regulación de múltiples aspectos de los medios de telecomunicaciones en el país, ya cuenta con la firma del Presidente de la República y esta semana entrará al Parlamento, donde los casi 200 artículos se prevé tengan un álgido tratamiento, en tanto desde la oposición no existen votos para aprobarla pese a que se impulsa la “democratización” del sistema.

Parlamento / frenteamplio.org.uy

El Partido Nacional ha sido el único que ha dado una respuesta negativa pero con una eventual salida de acuerdo: que la ley de medios se negocie como se hizo con los proyectos para la energía o la minería de gran porte, donde se creó un ámbito pluripartidario.

El gobierno ha cerrado filas tras la nueva norma y desde la fuerza política tampoco hay objeciones de momento.

Las regulaciones nada afectan la libertad de expresión

Si bien desde las filas que apoyan a los empresarios de radio y televisión se afirma que hay peligros para la libertad de expresión, el proyecto nada revela que pueda ocurrir algo en la materia: regula sí los temas comerciales y empresariales que evidentemente pueden condicionar los magnos beneficios que reciben actualmente los dueños.

Las empresas de televisión no podrán prestar servicios de telecomunicaciones, ni telefonía ni transmisión de datos, con las nuevas tecnologías, algo que los dueños quieren hacer.

Se regularán tiempos máximos de publicidad, también la publicidad dirigida a los menores de edad, y no se permitirá la “encubierta” o “chivos”.

Los espectáculos alto interés público –como los partidos de la selección uruguaya de fútbol- deberán ser emitidos por la televisión abierta.

Se crea la Defensoría de la Audiencia, donde los televidentes podrán concurrir a reclamar por violaciones a sus derechos, reclamar informaciones o recomendar pautas a los medios.

Las licencias en el futuro serán por concurso, y participará la ciudadanía en la decisión final de otorgamiento. Las licencias dejarán de ser de por vida y deberán renovarse cada diez años.

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