Nueva ley pena con prisión a empresarios responsables de siniestros laborales
La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, recibió delegaciones de la Cámara de la Construcción y de la Asociación Rural del Uruguay, con las que analizó aspectos de un proyecto de Ley referido a responsabilidades de los empresarios ante siniestros en los lugares de trabajo, que entre otros aspectos, penaliza incluso con prisión a quienes sean irresponsables en la adopción de prevenciones de accidentes.
Los parlamentarios habían recibido la semana anterior, similares delegaciones de la Federación Rural y de las cámaras de Industria y Comercio, con las que analizó el tema.
Se espera que este jueves la comisión parlamentaria vuelva a sesionar recibiendo ahora a técnicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con los que evaluará el tema. Existe voluntad política del Frente Amplio para que el proyecto se apruebe lo antes posible y esté en la Cámara de Senadores antes del mes de julio próximo.
Los datos y las controvertidas posturas en el tema
Según el Banco de Seguros del Estado, en 2012 se accidentaron 54.000 trabajadores que debieron ser atendidos por la institución: unos 200 presentaron traumatismos graves. Anualmente mueren en promedio más de 50 trabajadores durante sus tareas: las áreas de mayor riesgo son la construcción, el agro, la pesca y la metalurgia, en ese orden.
El PIT-CNT brega desde hace veinte años para que la legislación se cambie y los empresarios omisos tengan que enfrentar la Justicia Penal y no solamente la Justicia Civil cuando ocurre una tragedia. La legislación no es considerada “clara” por los abogados de los gremios y los culpables suelen terminar simplemente pagando una multa, afirman.
Por su parte los empresarios entienden que el número de accidentes no bajará porque se infunda la búsqueda de culpables o tratar que se cumplan normas mediante temor, y que en realidad son las comisiones de seguridad e higiene las que deben definir cada situación, por lo que la responsabilidad está más en manos del Estado que de los privados.
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