Director ministerial de Derechos Humanos: los jueces deben “seguir adelante”

Para Miranda, al no ser declarado inconstitucional el artículo 1º que restablece la pretensión punitiva del Estado, los jueces deben seguir adelante con las investigaciones.

“El artículo 1º no es inconstitucional. Se restituye la pretensión punitiva del Estado cualquiera sea la fecha en que se cometió el crimen y no se pueden contabilizar los años en que los jueces no podían actuar, es decir, hasta que la Ley 18.831 restableció la potestad del Estado de sancionar esos delitos”, explicó el jurista en declaraciones al diario La República.

Los compromisos internacionales que nos obligan

Para Miranda –que viene de elaborar el informe que recibió el Frente Amplio sobre las consecuencias del fallo de la Suprema Corte- los jueces deben seguir adelante con las investigaciones ya que la declaración de inconstitucionalidad refiere a los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831.

El jurista recordó que más allá de su informe el Poder Judicial sigue siendo “un poder político y es el que tiene menos controles de los poderes”, por lo cual considera también “oportuno empezar a deliberar sobre qué tipo de sistema de Justicia queremos: eso incluye discutir sobre cómo designar o trasladar a los jueces”.

En cuanto a los compromisos internacionales que obligan a Uruguay a cumplir con la prosecución de los delitos de lesa humanidad, Miranda recordó que nuestro país en 2001, firmó la “Covención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad”, que la Asamblea General de las Naciones Unidas, votó en noviembre de 1968. La herramienta fue utilizada cuando tras décadas de finalizada la Segunda Guerra Mundial, los crímenes cometidos por los nazis amenazaban con proscribir.