Argentina: comienza primer juicio por Plan Cóndor de dictaduras sudamericanas, con el uruguayo Cordero en el banquillo

«Se trata del primer juicio que investigará globalmente el Plan Cóndor y entiendo que es el primero en su tipo en América latina», dijo a la AFP Carolina Varsky, una de las abogadas de la querella que representa a víctimas argentinas y uruguayas.

Se conoce como Plan Cóndor a la coordinación de acciones represivas de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, que estuvo en marcha entre mediados de los ’70 y de los ’80.

Varsky precisó que en la causa están mencionadas un centenar de víctimas de nacionalidad uruguaya, chilena, paraguaya y argentina.

Videla (1976-81), de 87 años, se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados (ya tiene dos condenas a prisión perpetua) junto a otros 25 imputados, entre ellos el exdictador argentino Reynaldo Bignone y su compatriota el exgeneral Luciano Benjamín Menéndez (siete perpetuas), ambos de 85 años.

La causa llega a juicio oral luego de 14 años durante los cuales la justicia había pedido las extradiciones de los fallecidos exdictadores Alfredo Stroessner de Paraguay y Augusto Pinochet de Chile.

El único extranjero que enfrentará a los tres magistrados del Tribunal Oral será Manuel Cordero, un excoronel y agente de inteligencia del Ejército uruguayo, según la abogada.

Cordero se encuentra detenido en Buenos Aires y está imputado en 11 casos, entre ellos la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman.

«Lo que ahora debemos probar es la existencia de una asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para perseguir y eliminar opositores en cualquiera de esos países, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos», dijo Varsky.

«Para la prueba –continuó– contamos con los testimonios de sobrevivientes y mucha documentación, entre ella papeles desclasificados de Estados Unidos que comprometen a Washington», explicó.

A raíz de estos documentos, el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral había enviado en agosto pasado un exhorto al departamento de Justicia de Estados Unidos para interrogar a Henry Kissinger, exsecretario de Estado entre 1973 y 1977, pero no obtuvo respuesta.

La abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también destacó el aporte que significó para la causa los llamados «Archivos del terror», que fueron encontrados por el abogado paraguayo Martín Almada en una estación de policía de Asunción.

Según Almada, un militante por los derechos humanos, el Plan Cóndor fue presentado por primera vez a finales de 1975 por el FBI (Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos), que prestó su colaboración para llevarlo adelante.

«Entendemos que será un juicio muy largo porque hay muchos testigos y mucha documentación para analizar», dijo Varsky, al recordar que solo en Paraguay se encontraron cinco toneladas de papeles.

Pese a los 14 años que lleva el juicio y las cuatro décadas de algunos de los crímenes de lesa humanidad que se investigan, los familiares de las víctimas «están ansiosos y esperan conseguir justicia», afirmó la letrada.

El «modus operandi» del Plan Cóndor

El acuerdo represivo permitía a integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad de los regímenes de facto contar con información sobre el movimiento de los opositores e ingresar a cualquiera de los países para detenerlos clandestinamente con apoyo local, según Varsky.

Hay dos casos que representa el CELS en la causa que dan cuenta del «modus operandi» y que tuvieron la complicidad de los regímenes de Brasil, Uruguay y Argentina.

Uno es el de los argentinos Horacio Campiglia y Mónica Susana Pinus de Binstock, quienes en 1980 fueron secuestrados al llegar al aeropuerto de Rio de Janeiro por agentes de inteligencia de Argentina y terminaron en un centro clandestino de detención de Buenos Aires, donde desaparecieron.

Otro caso es el de María Claudia García de Gelman, secuestrada a los 19 años y con un embarazo de siete meses en la capital argentina por agentes de inteligencia uruguayos y trasladada a Montevideo.

En la capital uruguaya dio a luz en el Hospital Militar y luego desapareció. La niña, de nombre Macarena, fue entregada ilegalmente a la familia de un policía y recuperó su identidad en 2000, a los 23 años.

La causa se inició a finales de 1999 por denuncias de familiares de extranjeros desaparecidos en Argentina, entre ellos la uruguaya Sara Méndez, despojada de su hijo de dos meses en un centro de detención de la provincia de Buenos Aires, a quien conoció luego de 26 años.

Entre las víctimas más notorias del Plan Cóndor se menciona al excanciller chileno Orlando Letelier (asesinado en Washington), al general chileno Carlos Prats (asesinado en Buenos Aires) y a los políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz (asesinados en la capital argentina). AFP