Imprescriptibildiad

PVP denunciará a la SCJ ante la Corte Interamericana por delitos de dictadura

El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) denunciará a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la declaración de inconstitucional de los artículos de la Ley que evita la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura.

PVP, Frente Amplio

Este viernes se conoció la decisión de la SCJ de declarar inconstitucionales los dos primeros artículos de la Ley 18.831 que declara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura cívico – militar (1973-1985).

Tras la decisión de la SCJ, el PVP anunció que presentarán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como días pasados ya lo había anunciado el diputado del sector, Luis Puig.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mandata a los tres poderes del Estado a que no se puede aplicar ningún obstáculo que imposibilite el accionar de la Justicia y habla a texto expreso de la prescriptibilidad de los crímenes, de la irretroactividad de la Ley y de ningún otro obstáculo”, expresó Puig este viernes.

Es por ese motivo que para el PVP, declarar inconstitucional la Ley interpretativa de la Caducidad es un “incumplimiento absoluto de las disposiciones de la Corte Interamericana ya que la Ley que aprobó la imprescriptibilidad de los crímenes establece claramente que son delitos de lesa humanidad y no se puede aplicar mecanismos de prescripción y demás”.

“Del lado de asesinos y torturadores”

El parlamentario pretende que el Frente Amplio “respalde a las víctimas que van a ver cerrados sus caminos de Justicia a partir de una actitud que levanta murallas a favor de los poderosos e impunes”.

Por ello el PVP remitió su decisión a la Mesa Política del Frente Amplio, pero  el fallo de la SCJ fue posterior a la sesión del órgano de conducción de la izquierda que se reunió más temprano.

Puig añadió que la SCJ “desconoce el mandato de la Corte Interamericana y se pone del lado de asesinos y torturadores”.

También denunció que hay una actitud de la SCJ que “no se condice con el papel que debe cumplir, porque esta sentencia está relacionada con el traslado de la jueza Mariana Mota”, quien tenía a su cargo el estudio de más de 50 casos de violaciones a las derechos humanos por parte de la dictadura.

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