Comienza tarea legislativa por minería de gran porte: deben definir en marzo
La comisión especial encargada de proponer la forma en que se regulará en el país la minería de gran porte, comenzó los trabajos inherentes al asunto, con una meta reducida para elaborar el proyecto de ley: deberá estar pronto antes de concluir marzo próximo.
Aunque existe un acuerdo previo entre los diferentes partidos políticos para convertir rápidamente el proyecto en ley, de modo que las empresas que anuncian los megaproyectos tengan definitivamente un marco dentro del cual operar, existen una serie de controversias a definir todavía como los contratos de concesión que se otorgarán y los cánones que se percibirán por parte del Estado.
El miércoles la comisión especial comenzó a analizar puntos con los directamente involucrados en el tema: se invitó a sala al ministro de Industria, Roberto Kreimerman, el jefe de la Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller y el asesor presidencial Pedro Buonomo, quienes explicaron el alcance de la intención del Poder Ejecutivo para regularizar el sistema de operaciones en la minería.
Desde la cátedra universitaria a la gente en la calle
La comisión deberá ahora plantearse un difícil desafío: el tema de los cánones que deberán pagar las empresas excede incluso al debate político –no todos piensan que las mineras deben pagar lo mismo- sino que existe toda una rama de derecho administrativo a respetar. En ese sentido, entre los pasos inmediatos a dar está la convocatoria a los distintos profesores en la materia, quienes expondrán los alcances de la norma actual y las ampliaciones o cambios a realizar.
Los partidos políticos están de acuerdo básicamente en que todo emprendimiento minero cuya inversión supere los U$S100 millones y afecte más de 400 hectáreas, será catalogado como “de gran porte”, pero ello no explicita todavía cuáles serán las responsabilidades ni las obligaciones de los empresarios.
A nivel popular, existe un apoyo creciente a limitar las explotaciones mineras de algunas empresas como Aratirí, cuyas minas “a cielo abierto” han sido consideradas de peligro por grupos ambientalistas. Si bien el respaldo de otras organizaciones sociales interesadas en limitar el desarrollo minero, ya han sido anunciadas, se descarta que –al menos de momento- la presión popular sea suficiente para incidir en las decisiones parlamentarias y de gobierno.
Compartí tu opinión con toda la comunidad