FA debate ajuste para los legisladores

«¿Cómo explico a la gente que respaldamos el ajuste por IPC de los funcionarios del Poder Legislativo y lo que pasó en la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM)?», palabras más, palabras menos, ésta fue la interrogante que dirigió Tabaré Vázquez a los miembros de la Mesa Política del FA. Fuentes de la misma agregaron que Vázquez exigió una explicación contundente para conjugar la negativa del ejecutivo comunal a aplicar una actualización por IPC a sus empleados y la postura de los senadores, favorable a aplicar un ajuste de esas características a los trabajadores del Parlamento.

Miembros de la dirección frenteamplista dijeron a LA REPUBLICA, que ante la pregunta de Vázquez quedó en evidencia que el FA no ha debatido sobre una postura general sobre el tema salarios y la actualización por aumento del costo de vida que corresponde en algunos convenios, además de la situación general de los asalariados.

Hecho este que habría provocado, en el ámbito parlamentario, que la legisladora Silvana Charlone, propuesta para interpelar al ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, en Diputados, por la magra actualización de los salarios públicos y jubilaciones, desistiera de hacerlo, en la medida de la ausencia de una posición consensuada sobre el tema.

El diputado de la Vertiente Artiguista José Bayardi, contestó al presidente del EP-FA sobre una posible incongruencia de la actitud en la IMM y frente a los funcionarios del Poder Legislativo, que la diferencia estriba en que las intendencias son tomadoras de políticas económicas y no creadoras de las mismas, actuando, por tanto, ante hechos generados desde el gobierno central. En cambio, los legisladores son parte del poder y pueden actuar sobre los lineamientos económicos.

Bayardi sostuvo, además, que a diferencia de lo propuesto por blancos y colorados en el caso de los funcionarios legislativos, la IMM otorgó a sus empleados un porcentaje de ajuste similar al que surgía de aplicar el 100% del IPC del período (mil pesos en noviembre de 2002, 10% en marzo y alrededor del 9% en abril. Este último en función de la evolución de las finanzas municipales).

Vázquez no emitió opinión sobre la respuesta del dirigente vertientista. Integrantes de la Mesa señalaron que no quiere repetir la experiencia de cuando afirmó que su fuerza política respeta los compromisos y luego, la IMM «salió con otra cosa».

Indefiniciones

Pero, el legislador de VA planteó también la necesidad de definir si la izquierda va a pedir a los asalariados un esfuerzo para superar la crisis del país. Si ese fuera el camino, añadió, «no se le puede pedir un sacrificio que fuese mayor al descenso del PBI». Ello significaría, según su línea de razonamiento, que frente a una inflación del 25% y una disminución del Producto del 11%, el ajuste debería de ser del 14%, pues de lo contrario se provocaría una mayor pérdida de poder de compra, comprometiendo cualquier política de reactivación y por consiguiente de crecimiento del mercado interno. Por otro lado, agregó Bayardi, acentuaría un redistribución negativa de la riqueza.

El PS, en cambio, ha sostenido desde los muros de Montevideo que el ajuste debe ser del 25% para todos los trabajadores, públicos y privados.

En una tercera posición, la Corriente de Izquierda (CI) plantea que debe irse a una actualización inversamente proporcional al monto de los sueldos, estableciendo un mayor porcentaje para los sueldos sumergidos. Incluso, proponen achatar la pirámide salarial, fijando un tope de sueldos en 25 UR (poco más de 50 mil pesos).

Dudas sobre ajuste a legisladores

El segundo aspecto en cuestión surgió tras el informe de los informes de los coordinadores de bancada : Manuel Núñez (Senado) y Lucía Topolanski (Diputados). Estos indicaron que no existe acuerdo entre los legisladores, tanto en la actitud asumida ante los funcionarios legislativos como en la postura a tomar, cuando en marzo se decida sobre la aplicación de la totalidad del IPC a los parlamentarios.

Según se dijo en la Mesa, mientras el Partido Comunista del Uruguay (PCU), Asamblea Uruguay (AU) y la mayoría de la Vertiente Artiguista (VA) son partidarios de aplicar el ajuste como está determinado, el Partido Socialista (PS) y el Movimiento de Participación Popular (MPP) son proclives a crear un impuesto que vuelque el monto de la actualización en partes iguales a los salarios más sumergidos y las pasividades.

Daniela Paysée, delegada de AU a la Mesa, expresó que tras los números en debate hay una discusión más profunda que hace a la defensa del ámbito parlamentario y la política, que deberá darse, en la fuerza politica, rápidamente.

En función de esas distintas posiciones, Topolanski planteó (y la dirección lo aceptó) que sea la Mesa la que decida la actitud a seguir.

Por otro lado, la Mesa terminará la discusión de la propuesta de Vázquez en su próxima reunión. Fabrizio Siniscalchi, vocero de la dirección frenteamplista, dijo que el documento tendrá algunos agregados. *