Todo el Frente Amplio acorazó al canciller de Mujica, que salió indemne pese a «batalla campal» de la oposición

Ambas partes, oficialismo y oposición, se mostraron conformes tras la sesión por el éxito logrado, tanto en la defensa como en la censura, de la política exterior que lleva adelante el país.

El epicentro del debate fue el cuestionamiento a la postura uruguaya en la conferencia del Mercosur en Mendoza, donde se decidió la suspensión de Paraguay del bloque económico, así como el posterior e inmediato ingreso de Venezuela. Especial énfasis tuvo para los opositores, la supuesta desautorización del Presidente de la República al canciller, en tanto éste último aseguró que la decisión de permitir ingresar a Venezuela no era la postura uruguaya, algo que luego se votó afirmativamente.

El interpelante, el senador Sergio Abreu, insistió en que hubo “desinteligencias” entre Mujica y Almagro, que la suspensión a los paraguayos fue “ilegal y oportunista”. Puso especial énfasis en lo dicho por el Presidente de la República en el sentido que lo político estuvo por encima de lo jurídico, “una tesis muy peligrosa”, según el interpelante.

Consideró finalmente que la institucionalidad se ha “resquebrajado”, que Uruguay perdió uno de sus argumentos más fuertes en el contexto internacional como es la “defensa del derecho antes que todo”, y apuntó que el Mercosur ha perdido su razón de ser.

Desde filas blancas, otros senadores apoyaron al interpelante en su intención de hacer trastabillar al ministro Almagro. Jorge Larrañaga, rechazo enfáticamente la argumentación del gobierno nacional y apuntó que si hubo un golpe de Estado en Paraguay, “el verdadero golpe de Estado fue el que dieron los tres presidentes, que cometieron desviación de poder en el sentido de actuar contrario a derecho”, le endilgó a Mujica, Rousseff, y Fernández. Su par, Heber Da Rosa argumentó también sobre las “desinteligencias” en la cúpula de gobierno a la hora de las decisiones.

Desde filas coloradas, Ope Pasquet, se mostró más contundente y pidió la renuncia del ministro Almagro, en tanto lo ocurrido en la cumbre del Mercosur fue “un quiebre histórico en la política internacional del Uruguay, es la primera vez que sostenemos que los elementos políticos están por encima de lo jurídico. No podemos ser el furgón de cola de Argentina y Brasil”.

Autodefensa oficial

En filas del Frente Amplio el senador Enrique Rubio, abrió el espectro de la jornada interpelatoria y enfatizó que hubo “excesivas agresiones y descalificaciones. Vamos en escalada, Si esto sigue así, la segunda mitad del gobierno va a ser una batalla campal y conseguiremos alejar al sistema político de la sociedad”. De inmediato le respaldó Rafael Michelini quien entendió que la oposición “solo piensa en la campaña electoral: no todo pasa por ahí”.

El Canciller defendió en el Senado los fundamentos de lo actuado por el Gobierno en relación a la suspensión de la República del Paraguay y el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR. Sostuvo que “sin democracia, no hay MERCOSUR” y que el ingreso de Venezuela está en concordancia con el Tratado de Asunción.

Almagro argumentó sobre  la “brevedad” de los plazos políticos que se dieron al depuesto presidente Lugo para su defensa, algo que fue cuestionado por toda la comunidad internacional, reconocido hasta por el presidente Federico Franco. “Fue un procedimiento sumarísimo, violatorio de las garantías constitucionales –aseguró- para el Senador Abreu parece que las garantías para el presidente Lugo no eran aplicables y eso es violación del Estado de derecho y violación del derecho internacional”.

En su presentación de poco menos de una hora, el ministro Almagro citó en primera instancia el Artículo 17 de la Constitución de Paraguay que otorga las garantías procesales a todo ciudadano que sea sometido a cualquier tipo de juicio.

Respecto de la destitución del ex Presidente paraguayo Fernando Lugo dijo: “resulta inaceptable que se sostenga, por el hecho de nominarse juicio político en el ámbito del Parlamento, que puedan estar derogadas todas las normas internas e internacionales que garantizan el debido proceso”.

Sobre el no respeto a las garantías judiciales y en el derecho a la defensa el jerarca dijo que la brevedad del plazo “ha concitado la unanimidad de las críticas y ha sido un factor fundamental en el posicionamiento de todos los países de la región. El propio Presidente Franco admite que el juicio político fue un poco “express”.

En referencia al Artículo 17 de la Constitución paraguaya, el jerarca sostuvo que existen normas de carácter constitucional que garantizan los derechos a la defensa y que toda persona tiene medios y plazos indispensables para su preparación. «Las garantías para el debido proceso fueron negadas -en el caso de Lugo- y se le otorgó un plazo de entre 15 a 17 horas para preparar su defensa».

“Notoriamente estas circunstancias caracterizan a un procedimiento sumarísimo”, afirmó. “Las normas positivas del ordenamiento jurídico interno paraguayo no ofrecen dudas acerca de la obligatoriedad de la Convención Americana de Derechos Humanos para el estado paraguayo y no existe forma de que el mismo pueda eximirse de su cumplimiento sin incurrir en la violación del citado instrumento internacional”.

Agregó que “no existe la democracia sin Estado de derecho y no existe Estado de derecho sin el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos”. Los estados partes del MERCOSUR y sus estados asociados en la declaración del 24 de junio que suspenden a Paraguay de su participación en la reunión del Consejo de Mercado Común (CMC) y la Cumbre de Presidentes de Mendoza expresaron su más enérgica condena a la ruptura del orden democrático acaecido en Paraguay por no haberse respetado el debido proceso.

Protocolo de Ushuaia

“Si yo soy testigo de una ruptura democrática como la que hubo en Paraguay y no tomo cartas en el asunto, si no realizo las gestiones que corresponden hacer conforme al derecho internacional, estaría en omisión por no hacerlo. La existencia de un instrumento como el protocolo de Ushuaia responde a este enfoque que guía actualmente los procesos de integración”, sostuvo el canciller.

También dijo que “ya no es posible hablar de integración sin la preservación de los valores fundamentales compartidos por los estados que integran estos procesos. Todas las formas de integración regional se basan en estos valores esenciales; la democracia es uno de esos valores”.

El protocolo de Usuahia “establece que una ruptura del orden democrático en cualquiera de los estados parte conduce a la aplicación de procedimientos específicos que pueden llevar a la imposición de medidas en relación con el estado afectado”.

“Sin democracia no hay integración ni MERCOSUR”, enfatizó el canciller, agregando que “no se puede señalar que la sanción no se justifica”.

Ingreso de Venezuela

“De tenerse en cuenta la voluntad del Estado sancionado se le estaría otorgando, por la vía de los hechos, un derecho a veto absolutamente incompatible con la naturaleza y el propósito de la sanción”, dijo Almagro respecto a la decisión de aprobar el ingreso de Venezuela.

Este derecho implícito de veto determinaría la paralización del proceso de integración regional ya que la regla del consenso con la presencia de todas las partes es principio general para la toma de decisiones del grupo. “No hay vicio alguno en la declaración de incorporación de Venezuela al MERCOSUR. Se argumenta que la declaración violaría el tratado de Asunción y Ouro Preto; hay una clara confusión entre dos institutos distintos”.

“El Estado-parte suspendido pierde el derecho de voz y voto y las decisiones pasan en pleno derecho al resto de los Estados. Entender que aún suspendido un Estado-parte debe formar parte de las decisiones tendría como efecto práctico la total parálisis del MERCOSUR”. “La declaración de incorporación de Venezuela al MERCOSUR se presenta en absoluta concordancia con el Tratado de Asunción”, concluyó Almagro.