"Varios interesados"

Nueva bandera aérea uruguaya estará volando antes de fin de año y no se llamará Pluna

Aeropuerto de Carrasco

Varios interesados

El presidente Mujica confió al diario La República que «hay varios grupos interesados» en en hacerse con los privilegios de bandera que usufructuaba la extinta Pluna, en especial la parte correspondiente al puente aéreo que une a la capital uruguaya con Buenos Aires, así como las conexiones entre Aeroparque y Punta del Este.

La eventualidad de participación del ya célebre transportista Juan Carlos López Mena en la nueva aerolínea, en caso de formularse,  se plantearía en términos de asociación con un grupo inversor uruguayo, donde el empresario argentino poseería una parte minoritaria del stock accionario, menos del 50%, pero el control total del management de la compañía.

Los ministros de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, y Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, fueron los voceros del Consejo de Ministros realizados este lunes en la Torre Ejecutiva. Pintado comenzó la conferencia realizando un repaso de la situación de la empresa Pluna S.A. y las circunstancias que precipitaron la cancelación definitiva de su operativa.

Factores concurrentes

En tal sentido, explicó que “hechos reales y contingencias hicieron que el directorio de Pluna S.A. decidiera suspender indefinidamente su operativa e iniciar el proceso de concurso”. Agregó que este desenlace se debió a la concurrencia de factores, destacándose dos: la falta de liquidez (ya que la empresa no disponía de dinero para cumplir con la principal obligación señalada por los acreedores, en particular a los que proveían de combustible) y la ausencia de fuentes de financiación que permitieran que la empresa pudiera cubrir las contingencias y los gastos necesarios para continuar volando con créditos y financiación.

El ministro Pintado agregó que el Estado tampoco contaba con una normativa que lo habilitara a extraer fondos de su caja para solventar a una empresa privada de la cual era socio en un 25%.

Esto llevó a que la situación de disolución de la empresa tuviera como agravante una situación de insolvencia, la cual permitía constatar que la empresa no estaba en marcha de acuerdo a lo que establece la Ley de Sociedades Comerciales.

Pintado informó que por estos motivos, en el día de hoy (lunes 9 de julio), el Gobierno resolvió presentar conjuntamente con el Ministerio de Economía un proyecto de ley que permita acelerar los tiempos de recuperación de conectividad del país en materia aérea.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, explicó que el proyecto de ley tiene en cuenta que el Estado es garante de un crédito con el que se adquirieron las siete primeras aeronaves Bombardier. Sobre esas aeronaves y el crédito garantizado por el Estado, éste último es beneficiario de una garantía real y tiene una hipoteca sobre esos aviones.

La normativa vigente indica que recién en un plazo mínimo de 120 días el Estado podría recuperar, a través de la ejecución de esa hipoteca, las siete aeronaves para contribuir al normal establecimiento de su operativa. Es por ello, que la base fundamental de la nueva norma que se presenta al Parlamento establece que los plazos de ejecución de esas hipotecas se abrevien al máximo. Los aviones serán depositados en un fideicomiso, el cual se encargará de llevar a subasta pública —y en bloque— las siete unidades que son garantía del crédito otorgado por el Estado.

Transparencia e igualdad de oportunidades para los oferentes

El proceso de subasta busca recuperar la totalidad de los recursos que el Estado aportó a través de su garantía para la adquisición de las aeronaves (US$ 135 millones). El ministro Lorenzo aseguró que la subasta estará sujeta a las condiciones de transparencia e igualdad de oportunidades para todos los oferentes. A su vez, la ley establece como plazo máximo 60 días para realizarlo.

Además, la ley facultará al Poder Ejecutivo a hacerse cargo de todos los costos de mantenimiento que asegure la calidad y el valor de los activos que forman parte del fideicomiso, para evitar el deterioro de las aeronaves.

Asimismo, independientemente de la subasta y luego de la adquisición del paquete de aviones, el Estado quedará facultado para negociar con el adquirente y disponer de las frecuencias que operaba PLUNA S.A., maximizar la incorporación de los trabajadores de la aerolínea y la recuperación de deudas de entes públicos acreedores de PLUNA.

También quedará facultado para ofrecer garantía al inversor, siempre y cuando estén dadas las condiciones en el sentido de asegurar el trabajo a los empleados directos y la recuperación de deuda con las entidades.

Para atender a los trabajadores, la ley plantea la creación de un fondo de adelanto de créditos laborales para aquellos que van al seguro de desempleo y que en el contexto de la quiebra tendrán el derecho laboral a despido. En ese sentido, se propone un mecanismo mediante el cual, durante el plazo que lleve recuperar la operatividad, los trabajadores reciban los ingresos normales provenientes de la suma del seguro de paro y este mecanismo financiero que adelantará la recuperación de créditos laborales.

 

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