Seguridad ciudadana

Gobierno remite al Parlamento cuatro proyectos de ley del «paquete» de convivencia

La adopción de medidas y procedimientos para preservar la integridad física y psíquica de las personas adictas al consumo de estupefacientes; la creación del Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos; el agravamiento de las penas en delitos de tráfico de pasta base de cocaína y en casos de corrupción policial; y modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia son las primeras iniciativas que el Ejecutivo remite al Parlamento del conjunto anunciado días atrás.

Adopción de medidas para personas adictas

Por iniciativa personal del Presidente de la República, José Mujica, el Poder Ejecutivo remite al Parlamento un proyecto de Ley en el que se adoptan medidas y procedimientos tendientes a preservar la integridad física y psíquica, –así como procurar la recuperación- de las personas adictas al consumo de sustancias estupefacientes.

El procedimiento que se propone es el siguiente: localizar a las personas que en la vía pública o en espacios públicos o privados no habitados, se encuentren consumiendo estupefacientes, o se presuma que acaban de hacerlo, o portando los mismos y que tal situación signifique un riesgo para sí o para terceros.

La conducción sólo podrá llevarse a cabo por funcionarios del SAVCE

Al constatarse tal situación, funcionarios integrantes del Sistema de Atención a las Víctimas del Consumo de Estupefacientes, que formarán parte de las brigadas especiales para realizar estas tareas, conducirán a los consumidores a un Centro de Atención que habilitará el Poder Ejecutivo.

En dicho Centro funcionará un equipo interdisciplinario conformado por médicos, médicos psiquiatras, legistas, psicólogos y asistentes sociales, provenientes de los organismos que integran el Sistema de Atención a las Víctimas del Consumo de Estupefacientes (SAVCE).

Una vez ingresadas y registradas las personas en el Centro Asistencial, se dará cuenta inmediata al Juez Letrado competente a fin de que disponga las medidas que estime pertinentes, previo a las pericias técnicas por él ordenadas. En este Centro no se podrá permanecer por más de 24 horas. El Juez determinará si se mantiene la internación en una institución pública o privada dispuesta especialmente para este tipo de tratamientos.

En la órbita de la Presidencia de la República funcionará el Sistema de Atención a las Víctimas del Consumo de Estupefacientes (SAVCE). El Sistema se integrará con recursos humanos, financieros e infraestructura aportados por los ministerios de Salud Pública; Interior; Defensa Nacional; Desarrollo Social; Junta Nacional de Drogas; Administración de los Servicios de Salud del Estado; el Instituto Nacional del Niño y del Adolescente del Uruguay; y la Universidad de la República.

Sistema de protección y resarcimiento de las víctimas de delitos violentos

El Poder Ejecutivo también remite al Parlamento un proyecto de Ley que apunta a fortalecer la infraestructura del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (CAVVID) que depende el Ministerio del Interior. En tal sentido, crea una pensión reparatoria que permita resarcir económicamente a personas que hayan sido afectadas por la violencia.

De esta forma, se crea el Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos que funcionará en el ámbito del Banco de Previsión Social (BPS). El Fondo estará integrado por los aportes provenientes del uno por ciento de los seguros que se recauden tanto por el Banco de Seguros del Estado (BSE) como por las aseguradoras privadas que operen en el país. Un 25% del Fondo se destinará anualmente al Ministerio del Interior a los efectos de fortalecer el CAVVID y el resto será para la pensión a las víctimas por delitos violentos.

Agravamiento de las penas

Asimismo, el Poder Ejecutivo remite al Parlamento un proyecto de ley con el agravamiento de las penas en caso de delito de tráfico de pasta base de cocaína y aquellos que refieran directamente a los casos de corrupción policial y de quienes cometan delitos prestando funciones en establecimientos de reclusión o de detención.

En tal sentido, se agravarán las penas por los delitos de peculado, peculado con aprovechamiento del error de otro, concusión, cohecho simple, cohecho calificado, tráfico de influencias y fraude. Las penas previstas en los artículos 153, 155, 156, 157, 158, 158 bis y 160 del Código Penal, se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando los delitos fueran cometidos por funcionarios policiales. El igual aumento de las penas también se aplicará a las personas que cumplan funciones en establecimientos de reclusión o detención.

Modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia

El Ejecutivo también propone al Parlamento modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia en sus artículos 72 y 76 con nuevas aplicaciones en el caso de que los menores que cometan delitos graves cometidos por violencia y tengan entre 15 y 18 años, se aplicará privación de libertad no inferior a los 12 meses.

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