Dirigentes de Fucvam y del PIT-CNT fueron liberados ayer "sin perjuicio"

La jueza Penal de Feria, María Julia Rodríguez, y la fiscal María Gabriela Fossati convocaron a su despacho a Víctor Fernández, presidente de Fucvam, Gustavo González, secretario general, y Mario Fígoli, tesorero de la organización de cooperativistas, junto a Juan Silveira, miembro del secretariado de la central de trabajadores que estaba presente el domingo en Portezuelo y fue uno de los 169 detenidos.

Los cuatro fueron liberados el domingo y ayer concurrieron otra vez a Maldonado para responder ante la Justicia que investiga un presunto delito de desacato, cometido supuestamente por los dirigentes de Fucvam cuando el domingo pretendían trasponer el vallado instalado sobre el puente elevado sobre Camino Lussich para impedir que llegaran a Punta del Este.

El delito de desacato no tiene pena de prisión, se califica como una falta leve, aunque los indagado podrían ser procesados si la jueza y la fiscal entienden que incumplieron una orden.

Los cuatro pudieron volver a sus domicilios en Montevideo, pero la investigación judicial continuará. LA REPUBLICA no logró saber si la Justicia actuó de oficio o a solicitud del Ministerio del Interior.

«Logramos el objetivo»

El dirigente de Fucvam Jorge Porley comentó a LA REPUBLICA: «logramos el objetivo, no hubo desmanes, fue todo muy controlado e incluso los problemas de tránsito no los creamos nosotros».

«La prohibición del acto no la creamos nosotros, no es nuestra responsabilidad y es increíble que lo hayan hecho», expresó Porley. «Seguiremos bregando por el Fondo Nacional de Vivienda», añadió el cooperativista, para quien los mayores responsables de esta situación son el Presidente de la República y después el ministro de Vivienda. «Porque nuestra democracia se escribe con c y no con k», destacó Porley.

«Muy preocupante»

El ministro del Interior, Guillermo Stirling, calificó como «muy preocupante» lo que ocurrió el domingo en Punta del Este.

El secretario de Estado contrastó los hechos con la respuesta «responsable» del PIT-CNT el verano pasado.

«No sólo que no acataron la decisión del gobierno, sino que se opusieron e incluso quisieron violarla incitando a llegar a Punta del Este traspasando la línea determinada por el gobierno. Eso es preocupante. Si una organización sindical, deportiva o política, o religiosa, empieza a querer hacer lo que quiere o lo que entiende justo ¿dónde terminamos? Nosotros dimos un paso para restablecer el orden público y ellos dieron otro paso para entorpecerlo, porque ni siquiera cumplieron con un acuerdo establecido con el señor Porley de que iban a dejar un sendero libre y eso provocó el caos automovilístico. Además hubo turistas que perdieron sus vuelos internacionales. Lamentablemente sucedió lo que decíamos (…) Las razones para no permitir el ingreso de la marcha quedaron comprobadas», dijo Stirling.

«Repudio»

Por otra parte, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT repudió ayer la detención y enjuiciamiento de los gremialistas, y condenó que se prohibiera que la marcha llegara a Punta del Este.

A continuación reproducimos el comunicado de la central sindical: «El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, reunido en el día de la fecha, ante los acontecimientos sucedidos en la marcha organizada por los compañeros de Fucvam a Punta del Este, declara:

1. Su total rechazo a la detención y enjuiciamiento de dirigentes de Fucvam y del PIT-CNT por el solo hecho de pensar que la democracia en este país y la libre circulación de los uruguayos en forma pacífica se puede desarrollar en cualquier parte del territorio nacional.

2. Repudiamos la prohibición de que la marcha llegara a Punta del Este, y la discriminación de que son objeto los trabajadores, los cooperativistas y las organizaciones sociales y la inmensa mayoría de los uruguayos, por parte del gobierno (Jorge Batlle y Stirling), que han puesto valla a la democracia y zona de exclusión de un balneario como si fuera propiedad privada, no teniendo fundamentos legales para hacerlo, actuando con órdenes represivas al margen de un sustento jurídico legal.

Las aglomeraciones de desfiles, festivales artísticos, de la San Fernando son válidas; 200 caminantes que tenían el objetivo de depositar una ofrenda floral al pie del prócer en la Plaza Artigas, no.

3. Que es inaceptable que una movilización pacífica sea infiltrada por servicios de inteligencia y rodeada por todo el grupo GEO, que trata de reprimir y apalear a los uruguayos que protestan porque les rapiñaron cien millones de dólares para las viviendas.

Como también rapiñan salario, pasividades, fuentes de trabajo y si esto fuera poco nos liquidan con el aumento de las tarifas públicas.

4. Esto es producto de una política perimida, producto de un gobierno devaluado que ha perdido capacidad de conducción política y credibilidad y en muchos de sus actos ha hecho que los uruguayos sientan vergüenza ajena.

5. Que el Movimiento Sindical reafirma una vez más su concepto de democracia, en lo político, en lo social, en lo económico. Reafirma el carácter pacífico de sus movilizaciones, señalando que quienes han reprimido, han golpeado, han utilizado la violencia ha sido el gobierno, no los trabajadores ni las organizaciones sociales.

6. Que ha quedado instalado, en las dos marchas a Punta del Este, una del 24 de enero/02 y la otra del 19 de enero/03, en la sociedad uruguaya un debate sobre a quién pertenece Punta del Este y naturalmente el Movimiento Sindical va a discutir ya no en función de movilizaciones específicas, sino conceptualmente, la necesidad de liberar Punta del Este de las garras de la discriminación, de la intolerancia, haciendo posible que la democracia en este país no tenga barreras, no tenga vallas y que los uruguayos, tanto el que trabaja para vivir, como el desocupado, el jubilado, el ama de casa, puedan circular y movilizarse pacíficamente en cualquier parte del territorio nacional como marca la Ley y la Constitución de la República». *