Para el nuevo ministro Gutiérrez (SCJ) la prioridad es la defensa "a ultranza" de la independencia del Poder Judicial

–¿Cuáles han sido los grandes cambios al pasar de las tareas como ministro de un Tribunal en lo Civil y como director del Centro de Estudios Judiciales (CEJU) a las que desempeña en la SCJ?

–En la faz jurisdiccional en esencia no hay grandes cambios, aunque aquí se tratan temas que en los tribunales no se conocen, como las acciones de inconstitucionalidad, y he vuelto después de veintidós años a la materia penal, por lo que he tenido que actualizarme. Hay diferencias esenciales en cuanto a administración y gobierno. Afortunadamente en este momento la Corte cuenta con un equipo de colaboradores muy calificado en ese aspecto. En la División General hay gente muy capacitada y se está efectivizando una tendencia a delegar el ejercicio de esas funciones administrativas a gente especializada en la materia, naturalmente con el contralor y las rendiciones de cuenta correspondientes. La Corte mantiene su potestad de fijar los grandes lineamientos, hacia dónde apunta el Poder Judicial, en qué orden se asignan los recursos, que son siempre escasos y más en esta época.

–¿Se ha marcado prioridades en su gestión en la SCJ?

–Yo tengo dos propósitos centrales. En primer lugar, la defensa a ultranza de la independencia de los jueces, no porque la Corte la haya atacado sino para mantenerla no sólo ante la Corte sino ante los otros centros de poder. Todos tratan de incidir de alguna manera: la opinión pública, la prensa como formadora de opinión pública, los centros de gravitación económica. Creo que hay que estar siempre alerta en la defensa de la independencia de los jueces, y como mecanismo complementario para la garantía de esa independencia en la defensa de la carrera de los jueces, amén de otro montón de cosas. Pero ésos son los dos puntos centrales.

–Imagino que su tarea en el CEJU enriquecerá mucho el relacionamiento de la SCJ con los jueces y la realización de nombramientos.

–Ayuda. Uno los conoce y la Corte ha mantenido en materia de defensa de los jueces su tendencia más reciente de designar a los egresados del CEJU para los cargos de ingreso. En una reunión con el Colegio de Abogados ha ratificado su postura de respeto y defensa de la acordada que reglamenta la carrera judicial; asumió el compromiso de que cuando se aparte de las listas de jueces más capacitados para el ascenso elaboradas por la Comisión Asesora fundará la razón por las cuales se aparta, lo cual aporta transparencia, cristalinidad y les da garantías a todos. Creo que es una conquista muy importante.

Yo la postulaba cuando era secretario de la Asociación de Magistrados, (el también ministro de la Corporación, Leslie) Van Rompaey también estaba en esa misma línea y los compañeros de la Corte lo han acompañado al asumir ese compromiso formal ante el Colegio de Abogados.

En cada oportunidad con lo justo

–La independencia presupuestal del Poder Judicial ha sido una de las grandes aspiraciones de la SCJ. Ello no se ha logrado y últimamente las partidas asignadas llegan a destiempo.

–El Poder Judicial no es ajeno a las dificultades generales del país. No conozco los números, pero veo en los acuerdos con la gente de la Dirección General que hay graves dificultades en cuanto a la periodicidad de la asignación de recursos. Es una dificultad seria, sin duda, pero creo que es una cuestión general del país, que el Poder Judicial no es una víctima exclusiva de esa situación.

 

–¿Han establecido contactos con el Poder Ejecutivo para que las asignaciones lleguen a tiempo?

–El presidente de la Corte ha hecho contactos con el ministro Atchugarry y con buen resultado. En algunas oportunidades adelantó partidas, cumplió con otras que estaban atrasadas, haciendo evidentemente un esfuerzo para contemplar la continuidad del servicio, que está en riesgo permamente. Porque, más allá de la buena voluntad de los funcionarios y de los jueces al seguir trabajando, si por ejemplo no hay tóner para las fotocopiadoras no se saca fotocopias, y eso va más allá de la vocación de servicio. Si no hay medios materiales, se hace muy difícil trabajar.

 

–¿Dónde está el límite del funcionamiento del Poder Judicial si cuenta con recursos, como usted señala, tan escasos?

–Estamos en el borde de ese límite, estamos llegando en cada oportunidad con lo justo. Se han hecho gestiones –reitero que la mayoría de ellas con buen resultado– para conseguir partidas extraordinarias, la cobertura de algunos atrasos, pero estamos con las dificultades generales del país. Cuesta pagar a los proveedores. Hay proveedores a los cuales se les debe y no se les paga. Nos han iniciado juicios, como el de desalojo en juzgados de paz. Salió en la prensa el caso de una empresa de remises que fue contratada por el Poder Judicial y tuvo una sentencia parcialmente favorable. Pero no es por voluntad de incumplimiento sino por imposibilidad de cumplimiento.

 

–Justamente en la sentencia de la empresa de remises se establece como causa de fuerza mayor el atraso en los pagos.

–Es así, y es un tema que el tribunal civil va a tener que resolver, si constituye o no causal de fuerza mayor.

–¿Sintió como un aval, como un respaldo, el haber sido designado ministro por el Poder Legislativo?

–Lo sentí como un gran honor; me conmovió. No se me escapa que esa votación de la Asamblea General estaba muy facilitada por mi condición de ministro más antiguo de los tribunales, que si no me hubieran votado igual hubiera ingresado. No tengo esa inmodestia, pero lo sentí como un gran honor…

 

Formación de salas o más ministros

 

–¿Es partidario de la formación de salas en la Corte para agilizar el trabajo jurisdiccional?

–Es posible. Habría que aumentar el número de miembros e incluso se podría hacer sin mayores erogaciones. Por ejemplo, se podría fusionar la Corte con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que son dos órganos de rango similar, integrados por magistrados de cualidades similares porque la Constitución establece los mismos requisitos para ser miembro de la Corte y del Tribunal; son designados de la misma forma. Entonces eso permitiría quizás establecer por ejemplo tres salas –una sala civil, una penal y otra del Contencioso Administrativo– y un plenario para las acciones de inconstitucionalidad. Eso podría permitir también que el presidente de la Corte se dedicara durante el período que le corresponda exclusivamente a las tareas de administración y gobierno, de manera tal de librar a los miembros de las tres salas de la tarea administrativa. Podría ser una vía y había un proyecto en ese sentido, lo cual necesitaría obviamente una reforma constitucional. Aumentar el número de miembros es otra vía. Fíjese que tenemos el mismo número de miembros que cuando se instaló la Corte hace 96 años, cuando el país tenía un millón de habitantes; hoy el país tiene tres millones, la complejidad de las relaciones humanas ha crecido más que la población y entonces la litigiosidad es mucho mayor. Cuando uno va a un congreso de jueces y cuenta que la Corte tiene cinco miembros nadie lo cree, porque en toda América Latina las cortes son mucho más numerosas y en los países europeos también. Yo creo que debería aumentarse el número de miembros y que el trabajo en salas podría agilitar la tarea jurisdiccional.

 

Inmunidad de los ministros y Ley de Caducidad

 

–Antes que usted ingresara, la SCJ falló que los ministros no tiene inmunidad y que son pasibles de procesos judiciales como cualquier ciudadano. ¿Coincide con esa posición?

–Sí. La fundamentación de esa Corte es
exhaustiva y muy convincente; lo puedo decir con tranquilidad porque no la integré yo. Me convenció la sentencia, que es muy sólida. La redactó Alonso de Marco y revocó una sentencia del Tribunal Penal de 2º Turno que salió con una discordia de (Dardo) Prezza.

 

–Uno de los recursos de inconstitucionalidad que marcó el trabajo de la Corte fue la Ley de Caducidad. ¿Usted tiene alguna posición con respecto a esa ley?

–No, realmente no. He leído la sentencia de la Corte redactada por Tommassino que calificó a la Ley de Caducidad como una ley de amnistía; me pareció convincente en su momento. Sé que está replanteado el tema y en algún momento lo voy a tener que estudiar porque va a llegar el cuestiomamiento a la Corte por vía de casación…

 

–Recientemente hubo dos exhortos de la Justicia argentina que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior no dieron curso a la Justicia. ¿Cómo entiende la SCJ cuando pasa eso?

–La Corte se aboca y resuelve sobre los temas que se le somete, si no se le somete no emite opinión.

Si hay una queja porque no pasaron, la Corte lo estudiara y opinará.

 

–¿Cómo será su relacionamiento con los magistrados y los funcionarios judiciales, en este último caso teniendo en cuenta su difícil situación salarial?

–Creo que la Asociación de Funcionarios ha asumido una actiud muy responsable y tiene una visión muy clara de la situación de crisis.

Los salarios de los funcionarios públicos aparentemente no están en peligro y la Asociación de Funcionarios ha asumido una actitud de mucha vocación de servicio, de mantener la continuidad del servicio a pesar de las dificultades materiales, supliendo con esfuerzo personal esas carencias. La Corte reconoce esa actitud, la agradece y la comparte. *