Canet afirma que las restricciones en el Parlamento "afectan la tarea legislativa"

Canet opinó que el Presidente de la República, Jorge Batlle, debería convocar a los líderes políticos de todos los sectores partidarios «a una reunión, con la confidencialidad que corresponda, para analizar la renegociación de la deuda externa, ya que corresponde una apertura en ese sentido por la naturaleza del tema». El siguiente es un resumen de la entrevista.

–¿Cuál es su opinión sobre la propuesta del presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, de revisar el reajuste de los sueldos en el Parlamento?

–El tema excede a los funcionarios del Poder Legislativo. El asunto central es todo lo que tenga que ver con el Poder Legislativo en su conjunto, analizar todos los aspectos y en el marco de lo global establecer criterios para lo particular. Esto es lo que también analizará la bancada de legisladores del Encuentro Progresista-Frente Amplio el próximo lunes.

En el Poder Legislativo hay muchos problemas de tipo material. Es decir, hay una cantidad de restricciones que están afectando la tarea legislativa. No hay materiales de trabajo por las restricciones que este Poder está teniendo de parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Acá se están cubriendo una cantidad de gastos con recursos de los propios legisladores, porque no hay elementos básicos para la tarea.

–¿A qué tipo de materiales de trabajo se refiere?

–Desde hojas para fotocopias o tener en condiciones de funcionamiento las impresoras de las computadoras hasta papel para secarse las manos. Es decir, todo lo que son gastos normales de funcionamiento en cualquier oficina están siendo cubiertos por los propios legisladores.

Todo ello además de la mengua de las retribuciones que los parlamentarios hemos tenido, en la medida en que hubo un alto incremento de los Impuestos a las Retribuciones Personales que es equivalente al único ajuste que recibimos durante el último año, que fue en setiembre y que ha sido destinado al Iname pero el organismo no lo está recibiendo. El próximo aumento sería en marzo. Lo que se reajustó el 1º enero por el Indice de Precios al Consumo son las partidas que reciben los legisladores destinadas a secretaría y las partidas de bancada y sector partidario.

Por ese motivo hay que analizar todo junto. El salario de los funcionarios va mucho más allá de la oportunidad o de la justicia que pueda tener un ajuste: tiene que ver con derechos adquiridos y eventuales costos mayores para el Estado si se toman medidas de dudosa legalidad.

Son interesantes las ideas que se plantearon tres días antes del ajuste, pero podrían haberse propuesto con bastante antelación. Esas cosas hay que plantearlas antes de sancionar la Rendición de Cuentas. En eso la responsabilidad es de todos los legisladores.

Si es necesario estirar el tema hasta la próxima Rendición de Cuentas para hacer las cosas respetando normas legales y derechos adquiridos más allá de la justicia o injusticia de los ajustes, entonces serán cosas a considerar.

Este no es un tema en el cual el Encuentro Progresista-Frente Amplio tenga motivaciones de tipo partidario, porque apostamos al ingreso a la función en los organismos del Estado por concurso o sorteo, y todo el mundo conoce la filiación de origen que tuvieron en la mayoría de los funcionarios del Poder Legislativo que fueron simplemente designados a lo largo de muchos períodos y no por parte de nuestra fuerza política.

El tema a analizar es qué se debe hacer en materia de salarios con el conjunto de los funcionarios del Estado y, concretamente, con los del Poder Legislativo.

–Ha trascendido que el aumento salarial para los funcionarios públicos no superaría el tres por ciento. Además, se adelantó que el reajuste de las pasividades será de 1,12 por ciento.

–Hay un deterioro muy importante de las retribuciones de los funcionarios públicos en la medida que hubo, a lo largo del año 2002, una inflación del 27 por ciento, por lo que se produjo una pérdida del salario real muy grande.

Uno desea que haya un ajuste que mitigue de la mayor forma posible está pérdida de salario real, pero queremos conocer los números y criterios del Ministro de Economía y Finanzas, porque si bien no adelantó cifras porcentuales, durante su comparecencia ante la Comisión Permanente sí solicitó mucha cautela en cuanto al monto del ajuste que debe dictarse con fecha 1º enero, por lo cual hemos quedado con la sensación de un ajuste porcentual muy bajo. Si fuera un incremento de menos de tres por ciento, sería absolutamente pequeño con relación al aumento de precios que experimentó el país. Para analizar esto también se reunirá la bancada de diputados del sector.

–¿Para conocer estos porcentajes el EP-FA podría proponer que se convoque nuevamente al Ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, ante el Parlamento?

–La Comisión Permanente puede convocar al ministro en cualquier momento. Tampoco se puede descartar que cualquiera de las cámaras tome la iniciativa en la medida que la situación es de mucha sensibilidad, es una posibilidad que existe. Desconozco si eso se realizará.

–Por otro lado, tanto el ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, como el presidente del Banco Central del Uruguay, Julio de Brun, aseguraron ante la Comisión Permanente del Parlamento que no habrá renegociación de la deuda externa porque ello «no generará ningún tipo de alivio en el nivel de esfuerzo fiscal».

–Es un tema muy delicado por las consecuencias que podría tener tomar una posición. De todas maneras es un asunto de futuro que el país debe asumir. Más allá de las manifestaciones del Poder Ejecutivo en ese sentido, sería interesante que hubiera un contacto de líderes políticos al máximo nivel y sería bueno que lo promoviera el Presidente de la República, Jorge Batlle, con la confidencialidad que corresponda.

Por la naturaleza del tema, corresponde una reunión de este tipo donde pueda analizarse sin las dificultades de lo que es el manejo del tema en ámbitos numerosos, como las sesiones de Cámara o de la Comisión Permanente.

Si bien es el gobierno el que decide el curso a dar en la materia, de todas maneras corresponde políticamente una apertura secreta al máximo nivel para analizar la reprogramación de la deuda.

En este momento el gobierno manifiesta tener los recursos apropiados para mantener el cumplimiento normal de todas las obligaciones de la deuda externa, si es así se comprende completamente dicha posición. El asunto es saber qué pasa más allá de este período de gobierno.

–¿Cuál es su opinión sobre el proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se establece una reforma tributaria?

–Obviamente, éste no es el proyecto que el EP-FA hubiera puesto sobre la mesa. Por otro lado, acá se cumplió con el compromiso de enviar un proyecto de modificación del régimen tributario dentro del año 2002. También considero que esto es una base de discusión. Pero seguimos pensando que el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas debe ser el eje futuro de un nuevo sistema tributario, ya que es más justo y racional.

En este momento tenemos un sistema tributario que seguimos construyendo sobre la marcha que afecta mucho a quienes menos tienen y no estimula la producción. En definitiva, no grava a quienes más ganan.

Este proyecto apunta a bajar progresivamente la tasa del Impuesto al Valor Agregado, pero extendiéndolo a productos que hoy no están gravados.

–¿Qué interrogantes planteará el EP-FA al subsecretario del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Martín Aguirrezabala, cuando comparezca ante la Comisión Pe
rmanente?

–Aún no está determinada la fecha de su comparecencia. En principio, las interrogantes serán sobre el endeudamiento del sector agropecuario, particularmente del sector lechero.

Aún no se estableció la fecha de la convocatoria, porque cuando se aprobó por unanimidad la comparecencia del subsecretario, el Partido Colorado planteó que consideraba que podría distorsionar los esfuerzos del Ministerio tras la búsqueda de una solución al problema. Por tanto, se resolvió no establecer la fecha para que el propio Ministerio la fijara.

El tema es que ahora se cruzan las cosas, ya que la Federación Rural del Uruguay ha planteado la medida de no enviar ganado a los frigoríficos. Estos son los factores de preocupación para nuestra fuerza política.*