Fuego cruzado por ajuste salarial para funcionarios del Parlamento

Se ha reavivado la polémica en torno al reajuste salarial de legisladores y funcionarios del Palacio Legislativo. Mientras el vicepresidente de la República, Luis Hierro López, aseguró que presentará en la Rendición de Cuentas del Senado una reforma «a este sistema que tendrá vigencia en junio».

Por su parte, la diputada Glenda Rondán del Batllismo, Lista 15, consideró que la propuesta del presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, de revisar el reajuste, es con fines exclusivamente «electoralistas».

La discusión del asunto comenzó el pasado 30 de diciembre cuando en la Cámara de Senadores no prosperó una iniciativa de los partidos tradicionales para impedir el aumento de legisladores y funcionarios del Parlamento.

Como informó oportunamente LA REPUBICA, a través de la iniciativa se establecía que no regiría el régimen de ajuste salarial por el Indice de Precios al Consumo (IPC) para los senadores, funcionarios de la Cámara de Senadores y de la Comisión Administrativa.

También se establecía que los ajustes se realizarían en las mismas condiciones que se establezcan para la Administración Central.

La resolución referida debía ser aprobada por tres quintos de votos del Senado, es decir, 19 voluntades, pero se opuso la bancada de senadores del Encuentro Progresista – Frente Amplio y el senador Rafael Michelini, del Nuevo Espacio.

Por su parte la Cámara de Representantes que debía reunirse el mismo día para tratar también los reajustes salariales de los diputados no sesionó por falta de quórum. El incremento en los salarios se calcula en aproximadamente un 17 por ciento y para el caso de los diputados están incluidas en dicho reajuste tanto las partidas para secretaría como las de bancada o sector partidario.

El pasado martes, en tanto, Lacalle anunció que el Partido Nacional planteará la «reconsideración» de los reajustes salariales en el Parlamento. Por su parte, el vicepresidente de la República, Luis Hierro López, opinó ayer que «la gente tiene razón cuando critica que este aumento que ha sido exagerado en un momento en el cual se le está pidiendo un sacrificio a todo el país, y habrá reajustes muy pequeños para funcionarios públicos y jubilados».

«Lamentablemente para derogar la resolución por la cual rige el ajuste desde el 1º de enero se requiere una mayoría especial que blancos y colorados no pudimos conformar, y se requería el voto del Encuentro Progresista – Frente Amplio que no nos acompañó», señaló.

El vicepresidente y presidente del Senado adelantó que ha mantenido «contactos para presentar en la próxima Rendición de Cuentas del Senado una reforma a este sistema que tendrá vigencia recién en junio».

En cuanto a la propuesta de Lacalle, sostuvo que «no podría derogarse ahora» el aumento, porque seguramente aparecería «una serie de juicios contra la administración que eventualmente hagan aun más gravosa la carga de la situación».

«Estamos ante esta situación que es lamentable, porque los funcionarios del Poder Legislativo tienen buenos sueldos, y los senadores y diputados ya nos habíamos anulado el reajuste anterior, por lo cual se está provocando una disparidad que mucho lamento», añadió.

Igual para todos

Por su parte, el diputado Arturo Heber Füllgraff (Línea Nacional) presentó un proyecto de ley que crea un impuesto en igual valor que el aumento que correspondería a partir del 1º de enero del presente año a los salarios que ajusten por Indice de Precios al Consumo (IPC), correspondientes a cargos electivos, de confianza y particular confianza, contratos de arrendamientos de obras y servicios del Estado y funcionarios del Poder Legislativo.

«Este proyecto debería ser aprobado antes del 31 de enero, he hecho llegar la propuesta a los coordinadores de las bancadas de los demás partidos y plantearé el tema ante la bancada de legisladores del Partido Nacional», aseguró Heber.

Según el parlamentario nacionalista, si existe «voluntad» se puede aprobar su proyecto «sobre tablas» el próximo miércoles cuando se reúna en forma extraordinaria la Cámara de Representantes y remitirlo al Senado «cuanto antes».

Heber resaltó que «en julio pasado se disminuyó la partida de gastos de secretaria de los legisladores de donde salen los sueldos de los secretarios de los parlamentarios. Es decir, los primeros en no percibir los aumentos correspondientes fueron los secretarios de los legisladores». También expresó su desacuerdo con la propuesta de Lacalle de revisar el reajuste aprobado, y agregó: «Si tiene los votos que lo haga».

En ese mismo sentido, la senadora comunista Marina Arismendi manifestó: «No sé qué se va a revisar, porque esto en primer término no es un aumento, sino un ajuste estipulado. Estamos hablando de un presupuesto de la Cámara de Senadores que ya se votó».

Por otro lado, aseguró que la moción que presentaron los partidos tradicionales el pasado 30 de diciembre «era invotable y todos sabían que no se podía votar ya que formalmente no tenía validez. Entonces, el rectificar algo que estuvo votado en el presupuesto del Senado sería torcer las normas de una manera bastante extraña».

Consideró que la situación en Diputados se resolvió «fácilmente», porque no hubo quórum cuando se planteó la derogación y, por tanto, entró en vigencia el pasado 1º de enero como así lo marcaba el presupuesto.

Recordó que en setiembre pasado cuando se presentó una situación similar, los parlamentarios decidieron «inventar un impuesto, porque no había cómo rebajar los sueldos. Ese impuesto se destinó al Iname, sin embargo, dicho organismo hasta hoy no cobró un solo peso».

«Esos 900 mil pesos por mes descontados de ambas cámaras desde setiembre fueron a parar al agujero negro de Rentas Generales. Además, hasta marzo no pudo determinarse qué nuevo invento se va a hacer», agregó la legisladora. Por su parte, la diputada Glenda Rondán (Batllismo, Lista 15) entiende que se trata de un tema que su colectividad política tiene que «estudiar». Aunque, agregó que ello «no quiere decir que esté mal que se le aumente a los funcionarios, pero el tema es la situación difícil que está viviendo el país».

La legisladora oficialista reconoció que frente a una situación difícil del país «hay gente a la que se le aumenta el 17 por ciento y no sólo en el Parlamento», por lo cual propuso que se revise con «criterio». Por otro lado, dijo que se trata de «un logro de los funcionarios del Palacio, porque está acordado por ley, y si no se les otorga ese aumento se los estaría perjudicando».

«No sé si las cosas que proponen son con un espíritu más electoralista que constructivo y no hablo de todo el Partido Nacional, sino de alguna gente del Herrerismo», agregó Rondán.

El diputado Jorge Barrera también del Batllismo definió las declaraciones del senador socialista José Korzeniak como «infelices, en la medida en que está estableciendo que sea a través del aumento de la emisión que se haga frente a este ajuste» y también cuestionó la actitud «diferente» que aplicó, a su criterio, la IMM, al dejar sin efecto un convenio salarial firmado con Adeom.

Korzeniak sostuvo que «la Intendencia no tenía fondos y la única manera de procurarlos era crear impuestos.

Si tuviera la maquinita, lo podría hacer: emitir y pagar. Pero no hay necesidad de emitir para pagar este ajuste, y si la hubiera, habría que emitir. No es ningún demonio la emisión». *