Davrieux y Amaro justificaron cambio de contrato a Uragua

El pasado 30 de diciembre, el directorio de OSE, excepto el representante del Partido Colorado, Hugo Granucci, y Ariel Davrieux comparecieron ante la Comisión de Vivienda y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para explicar las razones del cambio del contrato de concesión a la empresa Uragua SA. El presidente de OSE, Juan Justo Amaro, aseguró  según consta en la versión taquigráfica  que estaba en conocimiento de otras modificaciones a contratos de concesión otorgados por el Estado.

«Ejemplos de ello son Gaseba, Aeropuerto de Laguna del Sauce, Ruta N° 1, Ruta Interbalnearia. Estos últimos han ido a control de legalidad del Tribunal de Cuentas, como ocurrió con la modificación parcial del contrato de concesión con Uragua; por lo tanto, están en el Tribunal de Cuentas», añadió.

Con respecto a la modificación en la forma de pago del canon de la empresa Uragua SA, correspondiente a los años 2003 y 2004, sostuvo que «se acordó que las veinticuatro cuotas mensuales podrán ser abonadas en títulos de deuda pública en dólares, los que se aceptarán por su valor nominal con vencimiento a seis meses de la fecha de pago de la cuota del canon».

Sin embargo, resaltó que el tratamiento a Uragua «no es privilegiado ya que a través de disposiciones del Banco Central a todas las personas físicas y jurídicas con endeudamiento en dólares se les facilitó un sistema que permite la utilización de bonos».

«Uragua ha demostrado que su facturación viene decreciendo fuertemente; en comparación con años anteriores, el volumen de agua facturada en el 2001 totalizó 9.000.000 de metros cúbicos. Esta cifra supera en un 2% el volumen facturado en 1997 y es 6% inferior al promedio del trienio 1998-2000″, añadió el jerarca de OSE.

Las partes se responsabilizan mutuamente

Por otro lado, resaltó que «las negociaciones han venido aconteciendo entre Uragua y el Poder Ejecutivo» y que las autoridades del Poder Ejecutivo que expresaron que el tema se tratara en forma urgente fueron el ex ministro de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Carlos Cat, conjuntamente con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davrieux».

Por su parte, Davrieux resaltó que no corresponde decir que se está teniendo un tratamiento diferente con el resto de los deudores, «porque al cambiar las condiciones económicas se acepta cambiar la forma de pago y nada más, y eso no pasa con los deudores uruguayos».

Aseguró que el papel de la OPP surge del artículo 30 de la Constitución. «La OPP se crea como encargada de asistir, en el sentido de asesorar, al Poder Ejecutivo en todos los planes y programas de desarrollo».

«Si un integrante del Poder Ejecutivo, como es el señor ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, entiende que tiene un problema y pide a la OPP directamente, en este caso acentuado por la presencia del señor Presidente de la República, que se ocupe de un tema, ésta lo hace porque se lo solicita el órgano competente», explicó Davrieux. Agregó que «la toma de las resoluciones correspondía al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente», y agregó que la decisión final la tomó OSE «porque participó con técnicos y con conocimiento de su Directorio en los estudios previos, tuvo conocimiento de la posición del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y luego del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto».

Solvencia

 

Por su parte, el diputado Enrique Pérez Morad (Unión Frenteamplista) interrogó a Davrieux sobre si consideraba que la empresa Uragua «es solvente económicamente».

A lo cual el director de la OPP respondió que «se trata de una sociedad anónima propiedad de tres empresas españolas. La minoría mayor, que tiene alrededor del 49%, es una empresa eléctrica, la más grande de España, llamada Iberdrola Energía SA; es una empresa que debe ser varias veces la UTE, es decir que es muy importante. La otra empresa es Consorcio Aguas de Bilbao Bizkaia y, la otra, es una especie de caja popular del País Vasco».

Ante la respuesta de Davrieux, el legislador encuentrista acotó que le sorprendía que si la empresa «tiene solvencia económica plantee bajar la tasa regulatoria, y pagar en bonos».

Davrieux replicó que con las condiciones económicas del Uruguay y con las obligaciones asumidas, la empresa Uragua SA, no sus propietarios, «tiende a desaparecer, porque tiene obligaciones en dólares muy importantes e ingresos en pesos que han bajado mucho». *