El año en el que Tabaré Vázquez afirmó su conducción y liderazgo

La izquierda cerró el año como lo comenzó, con una victoria en sus propuestas plebiscitarias. Esta vez con las firmas suficientes para habilitar una consulta popular y decidir en ella el destino de la ley de asociación de Ancap. En febrero de 2002 había acontecido lo mismo con la campaña contra los artículos 612 y 613 del presupuesto quinquenal que establecían la venta parcial de Ancel y modificaban la Carta Orgánica de Antel, permitiendo asociaciones, que el EP-FA entendió eran privatizaciones encubiertas, a la vez que eliminaba el monopolio de las llamadas internacionales.

En otro plano, las encuestas de opinión ubican a la coalición de izquierda ganando en la primera vuelta de las próximas elecciones.

Sin embargo, en la acción cotidiana emergieron diferencias importantes. Ellas fueron explícitas en dos de sus principales logros. La unanimidad en la campaña por interponer el referéndum contra la ley de Antel no se repitió con Ancap. En esta última, dos sectores importantes de la coalición de izquierda (Asamblea Uruguay y Vertiente Artiguista) fueron corredactores, junto a los partidos tradicionales, de la ley cuestionada, si bien votaron en contra de la misma por disciplina partidaria. De la recolección de firmas no participó Asamblea y sí lo hizo la Vertiente (salvo su primer senador, Alberto Couriel, que manifestó disposición contraria a votar y dijo desear no tener que concurrir a sufragar).

Esas diferencias de actitud ante dicho plano de la realidad política se expresó en otras circunstancias, especialmente a partir de agosto cuando explotó la crisis bancaria y el aislamiento del gobierno del presidente Jorge Batlle -ahondado con la ruptura de la coalición gobernante, por el alejamiento de los ministros blancos del gabinete- se hizo evidente.

El debate estratégico

El temprano episodio de la ley de Ancap, pero fundamentalmente el posicionamiento ante el agravamiento de todos los indicadores económicos y la crisis financiera, pusieron sobre la mesa las tensiones entre las que se mueve el EP-FA.

La política consensuada de oposición constructiva (propositiva según el lenguaje incorporado por VA), que incluyó distintas propuestas para resolver la emergencia productiva y social del país, comenzó a mostrar fisuras en agosto, cuando se abrió un discusión sobre estrategia en la interna encuentrista, especialmente en la frentista.

En ese entonces, varios sectores de la izquierda comenzaron a pensar una línea de acción que no descartaba la búsqueda de caminos constitucionales para adelantar las elecciones nacionales, el juicio político al presidente o el pedido de renuncia del mismo.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) hizo un planteo en la dirección frenteamplista, subrayando que el país había cambiado a partir del feriado cambiario de agosto y que las propuestas hechas por el EP-FA con anterioridad, no tenían vigencia ante el nuevo escenario.

Este sector de la izquierda y otros como el Partido Socialista (PS), la Corriente Popular (CP), el Partido Comunista del Uruguay (PCU), 26M, Corriente de Izquierda (CI) y Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) pusieron en cuestión la posibilidad de que Jorge Batlle culminara su mandato y exigieron la discusión de una estrategia que tuviera presente esa probabilidad y no la vigente de llegar a 2004, sin mayores sobresaltos. Ello suponía un endurecimiento del papel opositor de la coalición de izquierda, algo que el PCU reflejó en los muros de Montevideo a través de pintadas que decían «Fuera Batlle, Lacalle y el FMI». Asimismo, la definición de la etapa como de «reconstrucción del país», para la cual podría estar o no el actual gobierno.

La expresión más clara de las diferencias estratégicas internas surgieron ante la presentación por parte del gobierno, el primer fin de semana de agosto, de la ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario. En esa oportunidad, los liderados por el senador Danilo Astori argumentaron a favor de la iniciativa gubernamental, aunque acataron la decisión de no votarla. Luego, AU votó a favor de la ley de reactivación económica enviada por el Poder Ejecutivo. Astori argumentó que la crítica realidad del país –más allá de coincidir en muchos aspectos con la ley de reactivación y de señalar que la de Fortalecimiento era una mala, pero la única solución posible- exigía que la izquierda ayudara al gobierno.

En una visión similar, aunque con matices importantes, se ubicaron VA y la Alianza Progresista. El debate quedó saldado el 9 de noviembre en un Plenario Nacional del FA, cuando Tabaré Vázquez hizo un informe en el que planteó la necesidad de ayudar al gobierno -aunque sin cheques en blanco-, porque cuando «al gobierno le va mal, al país le va mal».

La unanimidad recogida por su planteo, mostró, una vez más, que la izquierda son sus sectores, las bases frenteamplistas, y Vázquez. Este inclinó la balanza a favor de las concepciones más moderadas y aseguró un clima de gobernabilidad, más adelante expresado en una votación mayoritaria de la coalición de izquierda a la ley de creación del nuevo banco -en sustitución de tres de los bancos suspendidos-, enviada por el Ejecutivo y la desaparición de toda iniciativa que cuestionara un tránsito, más o menos ordenado, hacia las elecciones de 2004.

El balance interno

El año 2002 fue de elecciones internas en el FA. De las mismas -realizadas en mayo- surgió una nueva correlación de fuerzas en su seno. El MPP emergió como la fuerza mayoritaria con el 28,78% de los más de 200 mil frenteamplistas que concurrieron a votar. Ello significó el desplazamiento del Espacio 90 al segundo lugar, la reducción del 50% de la representación de VA (alcanzó el 8,2 %, pasando de 2 a 1 miembro) en la Mesa Política del FA y la desaparición de la misma de un sector radical como la CI.

Si bien una primera lectura indica una definición a favor de los sectores de oposición más dura al gobierno (incluyendo en esa valoración la definición interna del PS proclive al senador Reinaldo Gargano), la misma no se ha expresado rotundamente en la línea frentista. Una muestra de ello es el documento aprobado en el último Plenario del FA, o en la escasa repercusión en la dirección frentista de la postura de los legisladores emepepistas, que aisladamente se retiraron de sala en momentos de votarse la ley de creación del nuevo banco, a fines de diciembre.

Una de cal y dos de arena

En octubre estalló el conflicto entre la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom). Si bien no fue el primero en los tres períodos de la izquierda al frente de la comuna, alcanzó una magnitud que no tuvieron los anteriores. Además puso de manifiesto una discusión pendiente en la coalición de izquierda: la relación gobierno-fuerza política-sindicato. Aparte de las intervenciones iniciales de Vázquez, subrayando la necesidad de que los compromisos firmados se cumplan, la actitud de la Mesa (al menos la exterior) fue de escasa intromisión en el conflicto. La opinión transmitida por su presidente de que «perdimos todos», parece ser el resumen final de todas las fuerzas integrantes. Aunque del análisis no puede escapar, que la dirección frentista nunca sacó una declaración de apoyo irrestricto al intendente capitalino, a pesar de los esfuerzos de su sector, la sensación transmitida por muchos dirigentes sectoriales es que el balance futuro tendrá derivaciones más conflictivas de las que asoman a primera vista.

En otro plano, la izquierda participó del esfuerzo inicial por la conformación de un frente social de oposición a la línea económica implementada por el gobierno. En e
sa dirección la concurrencia junto a la Concertación para el Crecimiento, el PIT-CNT y otros sectores sociales al acto del Obelisco del 25 de agosto, parece haber consolidado un espacio de encuentro con los sectores de la producción y los trabajadores.

El 19 de diciembre, el EP-FA y el Nuevo Espacio formalizaron un acuerdo político para crear una «nueva mayoría», que suplante a la vieja, según reza la declaración oficial. De esta forma se produce el reencuentro de ambas formaciones de izquierda, separadas en 1989 cuando el sector liderado por Hugo Batalla abandonó el FA.

La intención de los dos sectores es ensanchar este espacio -que por ahora debe definir los aspectos programáticos, para luego resolver la ingeniería electoral- con otros grupos de la vida política nacional. *